El fantasma de la desinversión amenaza la futura planta de biocombustibles de Vigo

Una sanción económica millonaria amenaza con descarrilar uno de los proyectos industriales más relevantes para el futuro energético de Galicia. La construcción de una planta de biocombustibles en Vigo, planificada por el operador Hatta Energy, pendía ayer de un hilo después de que la compañía no lograse que la Audiencia Nacional suspendiera una multa de cuatro millones de euros impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica, según adelantó La Voz de Galicia.

Un choque frontal con la administración estatal

Pocas veces un expediente sancionador pone sobre la mesa tantas incógnitas de calado industrial como el que ahora enfrenta la refinadora en los juzgados. La compañía, que ocupa el quinto puesto en el ranking nacional de operadores al por mayor de productos petrolíferos, había trasladado su profunda preocupación a la sala judicial. El mensaje transmitido era claro y directo. Si no se paralizaba la sanción, los planes estratégicos de crecimiento corrían un grave riesgo de desinversión.

A nadie se le escapa que cuatro millones de euros no son una cantidad baladí. Hablar de ese desembolso obligatorio, sin garantía de recuperación a corto plazo, obliga a cualquier junta directiva a pisar el freno y reevaluar el balance de riesgos. La negativa del tribunal a suspender la multa deja ahora a la empresa en una encrucijada financieramente muy delicada.

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El peso industrial de Oleiros y Vigo

Conviene recordar el calado de este proyecto para entender la magnitud de lo que está en juego. El plan de expansión de esta empresa no se limita a una única instalación. La inversión global prevé levantar dos grandes fábricas en tierras gallegas. Una de ellas es la citada planta de biocombustibles en la ciudad olívica, un proyecto que sería perfectamente complementario con la otra instalación proyectada para la comunidad.

Difícilmente se puede obviar la importancia estratégica de este entramado empresarial de capital privado. Desde septiembre del pasado año, la compañía fijó su domicilio fiscal en el concello coruñés de Oleiros, un movimiento que reforzaba su arraigo y su apuesta por el marco económico gallego. El ciclón sancionador amenaza ahora con resquebrajar toda esta estructura de crecimiento a corto y medio plazo.

La cuenta atrás para el sector energético

No es menor el dato del posicionamiento de esta empresa en el mapa estatal. Ostentar el título del quinto operador mayorista de combustibles de España otorga a la firma una enorme responsabilidad en el abastecimiento y en la transición hacia energías más limpias. La transición ecológica, paradójicamente impulsada desde el mismo ministerio que impuso la multa, requiere de actores privados potentes que apuesten por los biocombustibles. Ahí radica, precisamente, la encrucijada política y regulatoria del asunto.

Quien analice la situación fríamente comprobará que el sector del biocombustible vive momentos de alta volatilidad. Los costes de producción, los marcos normativos cambiantes y las exigencias medioambientales definen un sector donde el margen de error financiero es escaso. Una sanción de esta cuantía actúa como un jarro de agua fría para unos planes que requerían estabilidad, una vía rápida administrativa y seguridad jurídica para poder ejecutarse.

El tiempo apremia en las oficinas financieras de la compañía. La directiva ha comparecido públicamente para defender la viabilidad de su modelo de negocio, pero la negativa de la Audiencia Nacional a congelar la multa obliga a trazar de urgencia nuevos escenarios contables. Tocará rehacer números, evaluar la liquidez disponible y, sobre todo, decidir si las arcas corporativas pueden asumir un castigo de cuatro millones sin descapitalizar la construcción de las dos fábricas.