El gobierno municipal de Ourense cerró el pasado ejercicio con un desfase contable de aproximadamente cincuenta millones de euros, gastando muy por encima de lo que ingresó. Una situación de gravísima inestabilidad financiera que, según adelantó La Voz de Galicia, obligará ahora a las administraciones superiores a intervenir de oficio para evitar la quiebra de la ciudad. Tanto el Estado como la Xunta de Galicia se disponen a ejercer una tutela directa sobre un plan de corrección de gestión que el ejecutivo local presentó por la vía de urgencia.
El batacazo contable y el salto al vacío
Cincuenta millones de euros. La cifra habla por sí sola y dibuja un escenario de una gravedad institucional inusual en la galería de los ayuntamientos gallegos. Este agujero patrimonial vino a la luz durante el transcurso del último pleno ordinario celebrado por la corporación municipal antes del receso estival. Lo cierto es que la presentación de este expediente no formaba parte del orden del día inicial, un detalle procesal que revela las prisas y la tremenda preocupación en el seno del equipo de gobierno por capear el temporal antes de que las puertas del consistorio se cierren por las vacaciones.
A nadie se le escapa que un déficit de esta envergadura no se genera de la noche a la mañana. Hablamos de un desequilibrio estructural profundo, fruto de una planificación económico-financiera errática o, directamente, inexistente. Cuando un ente local supera los límites de gasto legalmente permitidos sin el correspondiente respaldo de los ingresos tributarios, transferencias o subvenciones, la intervención de los órganos superiores de control se vuelve inexcusable.
La sombra de la tutela estatal y autonómica
Ante la magnitud del desaguisado, el Consistorio de la ciudad de As Burgas se encuentra abocado a someterse a un estricto plan de saneamiento. No es un trámite administrativo cualquiera. La implicación directa de la Administración General del Estado y de la Xunta de Galicia implica, de facto, una pérdida sustancial de la autonomía de gobierno municipal. Las cuentas de Ourense ya no se deciden exclusivamente en el salón de plenos del edificio consistorial, sino que quedarán bajo la lupa y la firma de delegados gubernamentales y conselleiros.
Difícilmente puede entenderse un escenario peor para cualquier alcalde o concejal de Hacienda que tener que admitir en la máxima tribuna municipal que las cuentas no cuadran. El equipamiento de la ciudad, los servicios sociales, el mantenimiento del mobiliario urbano y las políticas de inversión quedan ahora congelados bajo un manto de incertidumbre. Conviene recordar que la ley obliga a los entes locales a presentar presupuestos equilibrados. Romper esa regla de oro conlleva un severo intervenciónismo por parte de los organismos supramunicipales, una medida extrema que se adopta cuando la viabilidad del propio ayuntamiento corre serio riesgo.
Un pleno veraniego marcado por la urgencia
La solución dada a este asombroso desfase económico nació envuelta en la polémica de los procedimientos de última hora. La presentación urgentísima de este plan corrector en el último pleno antes del descanso estival demuestra que el ritmo de la gestión municipal estaba desbocado por una crisis silenciosa. Quien detenga su mirada en las actas de aquel último encuentro veraniego, en lugar de encontrar los habituales debates sobre ordenanzas de terrazas o arreglos en el casco histórico, topará de bruces con la cruda realidad de los números rojos.
Tiempo al tiempo. La magnitud del error de cálculo, o de la inacción, pasará ahora factura a los ourensanos de a pie. El plan que el gobierno local tuvo que sacar a relucir en la urgencia será el corsé que determine la vida
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