El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha anulado la adjudicación del servicio de transporte público urbano de Ourense. La decisión afecta directamente a la unión temporal de empresas que iba a hacerse cargo de los autobuses y obliga al gobierno local a rehacer el expediente desde cero. Todo apunta a un reinicio total del concurso.
Difícil encontrar un varapalo más contundente. El órgano administrativo ha tirado por tierra la adjudicación a la unión temporal de empresas liderada por dos firmas del sector del transporte. La capital ourensana amanecía ayer con su servicio de autobuses en el aire, pendiente de un expediente que retrocede a su casilla de salida. Un comunicado oficial intentaba bajar el humo a la decisión judicial. Nada de derrota. Simplemente una revisión. El ejecutivo local anunció que la mesa de contratación volverá a examinar las causas de exclusión que motivaron el recurso, retrotrayendo el expediente para analizar en profundidad las cuatro causas que el tribunal ha señalado.
El laberinto procesal de la mesa de contratación
Nadie en el pazo municipal esperaba un escenario tan complejo. A nadie se le escapa que retrotraer un expediente de estas características supone congelar toda la planificación del transporte en la ciudad. El gobierno local confirma que rehará las evaluaciones técnicas correspondientes. Conviene recordar que este trámite no es un simple trámite burocrático. Reabrir el concurso significa revisar minuciosamente todas las carencias detectadas en la adjudicación original, desde la documentación presentada hasta los criterios de valoración aplicados.
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Ver en Hotels.com → PublicidadLa maquinaria administrativa se pone de nuevo en marcha. Fuentes de la administración local defienden que se trata de analizar a fondo el origen de las exclusiones, las mismas que provocaron que las empresas descartadas recurrieran ante el tribunal gallego. La estrategia institucional pasa por presentar este giro procesal como una rutina legal. No lo es. La anulación del contrato es un mazazo para la concejalía responsable, que ahora debe reconstruir un proceso plagado de dudas.
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Cuatro fueron los motivos de exclusión que quedan ahora bajo la lupa. El tribunal gallego ha encontrado deficiencias suficientes en el procedimiento para obligar al consistorio a dar marcha atrás. Pocas veces un órgano de contratación pública se pronuncia con tanta rotundidad sobre un servicio público esencial como el transporte de viajeros. La resolución judicial obliga a revisar milimétricamente cómo se evaluaron las propuestas de las empresas participantes y por qué se dejó fuera a candidatos que ahora podrían regresar a la puja por el contrato.
La cifra habla por sí sola. Hablamos de un servicio que sostiene la movilidad diaria de miles de personas en Ourense, desde barrios periféricos hasta el centro neurálgico de la ciudad. El contrato del autobús urbano no es un expediente más. Es la arteria principal de la movilidad ourensana. Demasiado tiempo de incertidumbre para los usuarios que dependen de estas líneas cada mañana.
Un servicio esencial bajo parálisis administrativa
Quien utilice a diario el transporte público en Ourense conoce bien la realidad. Los autobuses coincidiendo en puntos neurálgicos como el barrio de A Ponte. Las frecuencias. Las rutas. Todo el engranaje del transporte permanece en un compás de espera absoluto mientras los técnicos municipales desmontan lo construido y vuelven a empezar. La intendencia del gobierno local tiene por delante semanas de trabajo intenso para recomponer un rompecabezas que el tribunal ha esparcido por el suelo.
No es menor el dato de la comarca. Ourense no puede permitirse un transporte urbano a merced de recursos administrativos que encadenan años de retrasos. La ciudadanía asiste a un desfile de instituciones que se señalan con el dedo mientras el autobús sigue haciendo el mism
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