La Xunta admite contactos con el turoperador de Lavacolla pero se lava las manos de su proyecto aéreo

El Gobierno gallego ha reconocido que mantuvo reuniones con los impulsores del proyecto que promete conectar el aeropuerto de Santiago de Compostela con ocho destinos nacionales e internacionales desde diciembre. Pero al mismo tiempo se ha desvinculado por completo de la iniciativa, en una maniobra de distanciamiento que deja más preguntas que respuestas sobre quién respalda realmente la operación.

Contactos oficiales, pero con matiz

Sí, hubo reuniones. La Xunta lo admite sin rodeos. Ahora bien, matiza de inmediato que esos encuentros con los responsables del turoperador, una sociedad registrada como Aviation Mobility Services Group que comercializa sus conexiones bajo la marca Fly2Galicia, se enmarcaron en una ronda de contactos más amplia mantenida con varias instituciones. Nada exclusivo, viene a decir el Ejecutivo autonómico.

La explicación oficial añade un detalle relevante: las conversaciones respondieron al modelo propuesto por AENA, el gestor aeroportuario estatal, y a su petición de colaboración institucional para captar nuevas rutas aéreas. Es decir, la Xunta se presenta como un actor secundario que simplemente atendió una solicitud del operador de aeropuertos. A nadie se le escapa que, con esa formulación, el Gobierno gallego traslada la responsabilidad última del asunto hacia otra instancia.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Un proyecto anunciado con bombo y pocas garantías

El origen del revuelo se remonta al domingo anterior, cuando el turoperador anunció públicamente un acuerdo con una compañía aérea para operar desde Lavacolla hacia ocho destinos, nacionales e internacionales, con arranque previsto para el próximo diciembre. La noticia generó expectativa en la comarca de Compostela y en todo el noroeste, donde la conectividad aérea es una asignatura pendiente histórica.

Quien encabeza la iniciativa es un promotor de nacionalidad búlgara con experiencia en el sector. Sobre la solidez económica y operativa del proyecto, sin embargo, constan pocas certezas públicas. Y ahí está la clave de la cautela institucional: anunciar rutas es gratis, operarlas exige flota, licencias y dinero. La desvinculación de la Xunta, producida apenas un día después del anuncio, sugiere que desde el Gobierno gallego prefirieron no quemarse con una operación cuyo recorrido real está por demostrar.

Lavacolla y la eterna lucha por las conexiones

Conviene recordar el contexto. El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha protagonizado en los últimos años una batalla constante por recuperar tráfico y rutas, con especial insistencia en la conectividad internacional, que quedó tocada tras la pandemia. Cualquier promesa de ocho destinos nuevos suena a maná para un aeródromo que depende en exceso del tráfico nacional y del peregrinaje jacobeo.

Esa necesidad explica que las instituciones gallegas escuchen a cualquier operador que llame a la puerta con una oferta de rutas bajo el brazo. También explica la prudencia una vez comprobado que el respaldo del proyecto no es todo lo firme que su presentación pública hacía suponer. La cifra de ocho destinos habla por sí sola; la distancia que hoy marca la Xunta respecto al promotor, también.

Difícil saber cómo evoluciona esto. Si las rutas acaban materializándose en diciembre, la desvinculación institucional de estos días quedará como una anécdota. Si el proyecto se diluye, como tantas promesas aéreas en Galicia, la pregunta será inevitable: ¿alguien verificó a tiempo con quién estaba sentado a la mesa?