Lo que está pasando estos días en Valencia, con el gobierno municipal lanzando una ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, no es una noticia lejana. Es, más bien, un espejo donde Galicia debería mirarse con atención. Y es que la tensión entre el turismo y el derecho a la vivienda ya no es cosa del Mediterráneo: en Compostela, en A Coruña y en buena parte de la costa gallega, el fenómeno de los pisos turísticos sin control crece mientras los vecinos ven cómo su barrio cambia de rostro a una velocidad inquietante.
El precedente valenciano
La ciudad del Turia se ha convertido en el laboratorio de una crisis que atraviesa media España. El consistorio ha multiplicado las inspecciones y las sanciones contra viviendas de uso turístico que operan sin la preceptiva licencia, en un contexto donde el precio del alquiler ha escalado hasta niveles que expulsan a los residentes de los barrios históricos. La Generalitat, además, ha impulsado una normativa pionera que limita los nuevos alojamientos en las zonas más saturadas. Ahora bien, lo cierto es que Valencia no inventó el problema: simplemente lo dejó pasar demasiado tiempo sin tratarlo, y esa es la lección.
En Galicia, las cifras disponibles apuntan en la misma dirección, aunque a menor escala. Los registros de turismo de la Xunta contabilizan ya varios miles de viviendas de uso turístico activas en la comunidad, con especial concentración en Santiago, A Coruña, Vigo y los ayuntamientos costeros de las Rías Baixas. De hecho, en el caso compostelano, el número de pisos turísticos declarados en el casco histórico se ha multiplicado en los últimos años, en paralelo a una subida sostenida de los alquileres que complica enormemente el acceso a la vivienda para jóvenes y familias.
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Conoce más →«No nos oponemos al turismo, que es motor económico de esta ciudad. Lo que pedimos es que haya control, que no se vacíe el centro de vecinos para llenarlo de maletas», señala una portavoz de una asociación vecinal del casco histórico compostelano.
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Normativas desiguales, vacíos legales
La comparativa normativa revela un mapa a parches. Mientras el País Valenciano cuenta con un decreto que permite limitar la concesión de nuevas licencias en zonas tensionadas, en Galicia la orden de viviendas turísticas de la Consellería de Turismo establece requisitos básicos pero deja buena parte del control en manos municipales. El problema es evidente: los concellos, muchos de ellos pequeños y con recursos limitados, apenas tienen capacidad inspectora. Y quienes operan fuera del registro, sencillamente, no aparecen en ningún radar.
Santiago de Compostela fue pionera hace años en intentar poner coto con su plan especial, limitando los pisos turísticos en el centro histórico. A Coruña, por su parte, ha avanzado en la revisión de su normativa con debates encendidos en el pleno. En la costa, ayuntamientos como Sanxenxo, O Grove o Baiona viven cada verano una presión demográfica y urbanística que desborda cualquier herramienta de planificación disponible. Cabe recordar que Sanxenxo concentra en verano un volumen de visitantes que multiplica por varios enteros su población censada, una realidad que la retranca local resume con humor y con resignación a partes iguales.
La morriña de los barrios que se vacían
Más allá de las cifras y los decretos, está el efecto humano. El casco histórico de Compostela pierde vecinos año tras año, y con ellos se van la panadería del barrio, el bar de siempre, la vida cotidiana que hacía de la terra un lugar habitado y no solo visitado. Es una forma de morriña al revés: no se marcha quien se va, sino quien se queda y ve transformarse su entorno en un escenario turístico con horario de temporada.
El Gobierno central, con la reforma de la Ley de Alquileres, permite ahora a las comunidades autónomas declarar zonas tensionadas y dar voz a las comunidades de propietarios para limitar estos alojamientos. Galicia todavía no ha activado esa vía de manera generalizada, algo que desde los colectivos vecinales y también desde parte del sector hostelero se reclama con creciente insistencia. La experiencia valenciana sugiere que esperar no sale gratis: cuanto más tarda la regulación, más dolorosa resulta la corrección.
El debate, en el fondo, es de modelo. Galicia ha construido buena parte de su prosperidad reciente sobre el turismo, del Camino a las rías, y nadie sensato propone tirar por la borda ese activo. Pero entre el turismo sin límites y el equilibrio entre visitantes y residentes hay un terreno intermedio que exige normas claras, inspección real y coraje político. Valencia encendió la alarma. Que en Galicia sirva, al menos, para no quedarse esperando a que el incendio llegue a casa.
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