Cada septiembre, el arranque del curso judicial deja sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto puede tardar la justicia sin que deje de serlo? En la Audiencia Provincial de Ourense, la respuesta está escrita en la propia agenda del nuevo periodo, que se abre con expedientes que retornan a sala de vistas por circunstancias nada ordinarias.
El caso más ilustrativo es el de un acusado que, tras seis años fuera del radar de la justicia, se enfrentará en solitario a dos causas graves. Durante ese medio millar de días permaneció ilocalizable en Holanda, al margen de una orden de detención vigente. Que un imputado pueda desaparecer del mapa europeo durante tanto tiempo plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de cooperación judicial internacional, incluso dentro de la Unión, donde las órdenes europeas de búsqueda y captura deberían agilizar precisamente lo que aquí se eternizó.
La segunda oportunidad como lastre
No será el único proceso que repite cartelera. Un juicio por estafa volverá a celebrarse por imposición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el órgano que supervisa la administración de justicia en la comunidad. Que un pleito deba tramitarse dos veces consume recursos, dilata el desgaste de las partes y erosiona la confianza ciudadana en un sistema que se presenta como garantista pero que, a ojos del justiciable, se percibe lento y caprichoso.
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Ver en Hotels.com → PublicidadLa provincia ourensana no es ajena a este fenómeno. La dispersión de juzgados, la carga de trabajo de las salas y las sucesivas reformas procesales han convertido la reiteración de vistas en algo demasiado familiar para quienes dependen de la resolución judicial, empezando por las víctimas.
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Hosting WordPress →Del atraco en el propio hogar al crimen organizado
La agenda del nuevo curso también refleja la diversidad del delito en el territorio. En un extremo, el miedo dentro de las cuatro paredes: abusos sexuales en el ámbito familiar, causas donde la víctima debe sentarse frente a quien debía protegerla. En el otro, el peso del narcotráfico organizado, con un procedimiento ligado a una red desarticulada en la comarca de Verín, zona fronteriza históricamente sensible a los flujos de contrabando y estupefacientes.
Entre ambos extremos, un asalto a un matrimonio en su propia vivienda de Boborás, un caso que ya pasó por sala en 2021 con otros tres inculpados que reconocieron los hechos, y que ahora tendrá su episodio final con el fugado de regreso.
Lo que está en juego
Más allá de los expedientes concretos, la reanudación de la actividad en la Audiencia ourensana dibuja un mapa del delito que va de la violencia doméstica al crimen organizado transfronterizo. Dos realidades que exigen respuestas muy distintas de la administración de justicia, pero que comparten un mismo enemigo: el tiempo.
Porque si algo demuestra este arranque de curso es que la demora judicial no es una abstracción estadística, sino que tiene nombre y apellido en cada causa que vuelve a la sala por una fuga de seis años o por un juicio repetido. Saldar esas deudas del pasado debería ser la prioridad; la agenda, al menos, parece apuntar en esa dirección.
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