Editorial: el fuego de Monforte y la deuda de Galicia con sus mayores

Nueve afectados, miedo y humo en plena madrugada. El incendio en la residencia DomusVi de Monforte de Lemos habría podido ser una tragedia irreparable, y el hecho de que hablemos de sustos y no de muertos no debe servir para archivar el expediente, sino para abrirlo de par en par. Porque detrás de ese fuego hay una pregunta incómoda que Galicia lleva años sin responder con hechos: ¿de qué calidad y con qué garantías atendemos a quienes nos dieron todo?

Galicia es una de las comunidades más envejecidas de España y de Europa. Ese dato, repetido hasta el desgaste en cada informe, tiene una traducción muy concreta: miles de familias viven con la angustia diaria de la lista de espera de una plaza, del precio de la privada, del turnismo de las cuidadoras y de la sensación —fundada o no— de que sus mayores están en manos de un sistema que funciona al límite. Cuando el límite se rompe, aparece el humo. El de Monforte es el último; no fue el primero.

Lo primero que exige un suceso así es rigor y no alarmismo. Habrá que esperar a la investigación para saber qué falló exactamente: si un protocolo, una instalación, una plantilla insuficiente o una suma de todo ello. Pero hay cosas que no dependen del informe final y que ya sabemos. Sabemos que los ratios de personal en muchas residencias son ajustados, que la formación en evacuación y primeros auxilios es desigual, que la inspección llega con menos frecuencia de la que cualquiera de nosotros querría para su madre o su padre, y que el modelo de concertación premia a menudo el precio antes que la intensidad del cuidado. Todo eso no se averigua con un fuego: se sabe desde hace años. Lo que falta no es diagnóstico; es decisión.

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La propuesta editorial de hoy es sencilla y medible. Uno: protocolos de seguridad verificados periódicamente y con publicidad de resultados, porque lo que no se publica no existe. Dos: ratios de personal mínimos y exigibles, no orientativos. Tres: una inspección con dientes y calendario, que visite todas las residencias —públicas, concertadas y privadas— sin avisar y con consecuencias. Y cuatro: un plan de plazas públicas y de apoyo a los cuidados en casa, porque la mejor residencia, para quien la desea y puede, es la propia, y hoy sostenerla es un acto de heroísmo familiar que recae, una vez más, sobre las mujeres.

Habrá quien diga que esto cuesta dinero, y es verdad. Pero también cuesta dinero —y cuesta algo peor— envejecer con miedo. Galicia presume con razón de ser un sitio bueno para vivir; la pregunta pendiente es si lo es también para envejecer y para morir con dignidad. Cada familia gallega conoce la respuesta real, la que no sale en los discursos: la del pasillo estrecho, la sala común con la tele demasiado alta y la trabajadora que atiende a treinta personas con una sonrisa que se le cae de puro cansancio. Esa trabajadora, por cierto, también merece este editorial: sin ella, el sistema no aguanta ni un turno.

El fuego de Monforte se apagó. La alarma no debería apagarse con él. Si de este susto no nace una revisión seria y presupuestada del modelo de atención a nuestros mayores, habremos perdido la única oportunidad buena que dan los milagros: la de aprender antes de que haya que llorarlos.