Poio entrega a la AGASP una oposición a oficial de Policía que se le atragantó

Cuando un ayuntamiento pequeño decide que ya no puede gestionar por sí mismo una plaza de su propia plantilla, algo ha fallado en el camino. Es la conclusión que se extrae del giro dado este miércoles en Poio, donde el Concello ha cerrado por decreto el proceso selectivo de un oficial de Policía Local que arrancó en agosto y que quedó envuelto en la polémica tras la retirada de varios miembros del tribunal calificador.

La resolución, firmada por el alcalde, Ángel Moldes, argumenta una imposibilidad material de continuar con los medios propios del municipio y formaliza la solicitud a la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) para que asuma la convocatoria de las pruebas. En la práctica, el regidor ha aclarado que la oposición queda anulada: el procedimiento regresa a su punto de partida y la nota del primer ejercicio —superado por los dos aspirantes que se habían presentado— no tendrá efecto.

De la tensión en el tribunal al relevo académico

El camino hasta aquí no fue tranquilo. La salida de nueve integrantes del tribunal paralizó el proceso y abrió una crisis interna que el representante sindical de CSIF y el grupo socialista aprovecharon para denunciar lo que consideraban una falta de transparencia. Ambos han valorado de forma positiva la decisión de externalizar las pruebas, aunque han querido dejar constancia de sus críticas sobre cómo se gestionó el proceso hasta ahora.

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La respuesta del alcalde ha sido mantener su versión: insiste en que se produjeron presiones sobre los tribunales calificadores. Es una afirmación que choca frontalmente con la lectura de quienes pedían luz y taquígrafos en un proceso que, en un municipio de estas dimensiones, tiene una dimensión especialmente sensible: afecta a una plantilla policial reducida, donde cada ascenso pesa y donde las relaciones personales y profesionales se superponen.

¿Qué supone acudir a la AGASP?

El recurso a la academia gallega de seguridad pública es una fórmula cada vez más habitual cuando los ayuntamientos pequeños carecen de estructura para garantizar procesos selectivos blindados. Delegar en un organismo externo traslada la organización de las pruebas a un tercer nivel, alejándolas del círculo de intereses locales. Ahora bien, el decreto remitido no aclara por sí solo si la convocatoria partirá desde el principio; será el propio Moldes quien apunte que quienes estén en condiciones de inscribirse podrán presentarse de nuevo cuando la AGASP abra el proceso.

Queda la pregunta de si esta externalización resuelve el problema de fondo o simplemente lo traslada. Las acusaciones de presiones sobre los tribunales no desaparecen por el hecho de cambiar de gestor, y la oposición —con el PSOE a la cabeza— ya ha adelantado que seguirá exigiendo explicaciones sobre la fase anterior.

Una lección sobre transparencia en los procesos locales

El caso de Poio sirve como recordatorio de lo frágil que puede ser un proceso selectivo cuando el tribunal se vacía de improviso y la comunicación institucional brilla por su ausencia. La confianza en las oposiciones internas se construye con claridad desde el primer día; recuperarla cuesta mucho más.

Al final, el balance es agridulce: los aspirantes deberán repetir el camino, el ayuntamiento asume que no pudo culminar lo iniciado y la AGASP recibe un encargo que debería servir para restituir la normalidad. El toque final lo pondrá el tiempo, pero la lección ya está sobre la mesa: la transparencia no es un adorno burocrático, es la condición para que una oposición sea creíble.

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