Un exconcejal de Lugo condenado por la Pokemon sale de prisión su primer permiso a los 76 años

El que fuera concejal en el Concello de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, condenado en una de las piezas separadas de la operación Pokemon, ha disfrutado en las últimas semanas de su primer permiso penitenciario. Lo hace con 76 años recién cumplidos —los alcanzó el pasado 1 de julio— y tras dos años y medio interno en la prisión de Monterroso, donde ingresó a principios de 2024.

Un permiso con discrepancias entre Fiscalía y juez

No fue una decisión unánime. La Fiscalía se opuso a conceder el beneficio penitenciario, pero la sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Lugo terminó dándole el visto bueno. Esa discrepancia entre acusación pública y órgano de vigilancia no es infrecuente en los permisos de reos condenados por corrupción, aunque a nadie se le escapa que el perfil del interno —un alto cargo que estuvo en el centro de la macrocausa contra la corrupción en la provincia— añade sensibilidad al asunto.

El permiso, además, transcurrió sin estridencias. Según la información publicada, el exedil pasó los días discretamente en su entorno vecinal y, si descansó en su domicilio, los vecinos ni siquiera se percataron de su presencia. Nada de imágenes públicas, ni gestos de retorno a la vida civil que trascendieran más allá del barrio.

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De la Confitería Mercedes al banquillo: la estela de la Pokemon

Conviene recordar de qué caso hablamos. La operación Pokemon fue la macrocausa contra la corrupción instruida durante años en Lugo por la entonces magistrada titular del juzgado de instrucción número 1, un proceso que salpicó a decenas de cargos públicos, empresarios y funcionarios de la ciudad y que marcó la política local durante más de una década. El interno de Monterroso fue una de las piezas visibles de aquel sumario: mano derecha del entonces alcalde, concejal en el gobierno municipal y, después, presidente del organismo de cuenca del Miño-Sil, un puesto de fuerte peso territorial en Galicia.

Su condena llegó por una de las piezas separadas de aquella causa, no por la pieza principal. Ese detalle no es menor. La Pokemon se dividió en múltiples procedimientos, y mientras algunos siguen su curso —de hecho, los acusados de la pieza principal se declararon culpables en el juicio celebrado en 2024—, otros ya cuentan con sentencias firmes y condenados cumpliendo pena. Cada pieza avanza a su ritmo. Demasiado despacio, dirán algunos.

La rutina penitenciaria de un preso de perfil político

Dos años y medio en Monterroso. Es el tiempo que lleva interno este exalto cargo, que el pasado verano superó los 75 años, edad a la que la legislación penitenciaria facilita determinados beneficios por razón de edad y circunstancias personales. El primer permiso suele considerarse un hito en el tratamiento penitenciario: es la puerta de entrada a un régimen de semilibertad que, con el tiempo, puede desembocar en salidas extraordinarias o en un grado de vida normalizada.

Que lo haya obtenido pese al informe desfavorable del Ministerio Fiscal indica que los órganos de Vigilancia Penitenciaria valoraron positivamente su evolución. Que haya pasado inadvertido entre sus vecinos indica otra cosa: la naturaleza, casi doméstica, de estos permisos, muy alejada del ruido judicial que acompañó al caso durante años en los juzgados de Lugo, con comparecencias constantes y fotografías en las puertas de la Audiencia.

Lo que queda por delante

El caso Pokemon sigue siendo, muchos años después de su inicio, una referencia obligada de la corrupción política en Galicia. Y mientras las piezas tardías aún se juzgan, los condenados de las primeras van recorriendo, con mayores o menores fricciones, el camino de vuelta: permisos, grados, eventualmente libertad condicional. Es la mecánica del sistema. A veces encaja mal con el relato público de los grandes escándalos, que tiende a congelarse en el momento del arresto.