El Concello de Vigo ha activado este jueves, sin aviso previo, sus cuatro zonas de bajas emisiones: el centro urbano, la plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Los conductores se encontraron la medida ya en vigor al toparse con la nueva señalización, instalada durante la madrugada. La plataforma digital para solicitar los permisos de acceso —destinada a vecinos, repartidores, autónomos y empresas— aún no está operativa, aunque la ordenanza contempla un régimen sancionador con multas de hasta 200 euros que entrará en aplicación el 10 de septiembre de 2027.
Señalización nocturna y sin manual de instrucciones
Nadie avisó. La señalización apareció pintada en el suelo y en los carteles de la plaza de Portugal mientras la ciudad dormía, y muchos conductores se enteraron de la nueva norma cuando ya circulaban dentro del perímetro restringido. No es la forma más transparente de estrenar una de las medidas de movilidad más polémicas de los últimos años en la ciudad.
Lo cierto es que la situación deja a los conductores en un callejón sin salida aparente: la restricción está activa, pero el canal oficial para pedir autorizaciones de acceso todavía no existe. Quien necesite entrar a trabajar, repartir mercancía o simplemente moverse por el centro no puede, de momento, tramitar ningún permiso.
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Conoce más →Un año de moratoria antes de las multas
Conviene recordar que la entrada en vigor va acompañada de una moratoria de doce meses sin sanciones. La administración local ha preferido arrancar con un periodo de adaptación en el que nadie recibirá multas, por mucho que la norma ya esté técnicamente en pie. El régimen sancionador, con penalizaciones que llegan a los 200 euros, figura recogido en la ordenanza y solo empezará a aplicarse a partir del 10 de septiembre de 2027.
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Ver planes de email →A nadie se le escapa que ese margen temporal esconde más que una simple cortesía administrativa. Desde el PP se denunció la falta de información: según la oposición, no interesa que los vecinos sepan que dentro de un año las multas serán una realidad. La cifra habla por sí sola: cuatro zonas activadas, cero permisos tramitables y doce meses de silencio sancionador por delante.
El lío de los permisos: un sistema que llega tarde
El problema de fondo está en la aplicación digital que debería gestionar todo el sistema. Sin ella, vecinos, autónomos y empresas no tienen forma de acreditar su derecho a acceder a las zonas restringidas. Los repartidores, cuyo trabajo diario depende de entrar y salir del casco urbano, son quizá quienes peor encajan esta puesta en marcha a medias. Demasiado tiempo esperando una herramienta que debía estar lista el día uno.
Porque una ZBE no es solo un cartel y una línea pintada en el asfalto. Es un ecosistema de autorizaciones, exenciones y registros que necesita funcionar con precisión desde el primer momento. Activar el perímetro sin el aparato burocrático que lo sostiene deja a ciudadanos y negocios en tierra de nadie: obligados a cumplir una norma para la que aún no existe el mecanismo de excepción.
Cuatro años para acostumbrarse a las multas
La moratoria de un año ofrece un margen, sí. Pero también plantea preguntas incómodas: ¿estará la plataforma digital lista cuando llegue septiembre de 2027? ¿Sabrá entonces cada vecino y cada empresa qué permiso necesita y cómo solicitarlo? La oposición ya ha puesto el foco ahí, y difícilmente dejará de hacerlo a medida que se acerque la fecha en que las cámaras empiecen a traducirse en sanciones.
El caso vigués expone una tensión que muchas ciudades gallegas y españolas están a punto de vivir con la obligación legal de implantar sus propias zonas de bajas emisiones. La norma europea manda y los ayuntamientos no pueden dar más largas, pero la diferencia entre cumplir la ley y hacerlo bien está en los detalles: la señalización clara, el trámite sencillo, la información anticipada. Vigo eligió la madrugada y el sigilo. Qu
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