Un zorro cruza la calzada, un vehículo no puede esquivarlo, y el parabrisas y la carrocería acaban pagando los platos rotos. La pregunta que surge después es de las que dan más guerra en los juzgados gallegos: ¿responde la empresa que gestiona la vía? La respuesta, al menos en un caso reciente de la AP-53, ha sido negativa.
La Audiencia Provincial de Pontevedra, a través de su Sección 1ª, ha resuelto desestimar el recurso presentado por MGS Seguros contra ACEGA, la concesionaria de la autopista que une Ourense y Santiago. En juego estaban 3.756 euros que la aseguradora reclamaba como indemnización por los daños de un turismo tras colisionar con un zorro en el tramo Bandeira-Dozón, en dirección a la capital ourensana.
El argumento que cierra la puerta al reclamo
El criterio del tribunal gira sobre una idea sencilla pero con consecuencias prácticas enormes: que un animal irrumpa en la carretera no demuestra, por sí solo, que la valla perimetral estuviera en mal estado. Fauna salvaje es, por definición, impredecible, y su presencia puntual sobre el asfalto no puede convertirse automáticamente en prueba de un defecto de mantenimiento.
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Conoce más →La decisión tiene una lectura de fondo que conviene no pasar por alto. Si cualquier colisión con un animal bastara para atribuir responsabilidad a la concesionaria, estaríamos ante una suerte de responsabilidad casi objetiva: bastaría un accidente para presumir negligencia. Los magistrados han preferido exigir algo más, y ese «algo más» recae sobre quien reclama.
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Puede parecer una disputa menor por menos de cuatro mil euros, pero el contexto ourensano le da una dimensión bien distinta. Las colisiones con animales —jabalíes, corzos, zorros— representaron nada menos que el 54% de los 3.290 siniestros registrados el pasado año en la red viaria de la provincia, una cifra récord que convierte el choque con fauna en el principal riesgo para quienes circulan por sus carreteras.
Ese volumen de accidentes traslada de forma casi automática un volumen equivalente de litigios. Y la sentencia de Pontevedra ofrece a las concesionarias y administraciones un precedente útil: el mero hecho del arrollamiento no genera por sí solo derecho a indemnización. Para el conductor particular, en cambio, el mensaje es menos alentador: sin constancia de una vía defectuosa, la factura se queda en casa o en la propia póliza.
El debate de fondo sigue abierto
Queda, eso sí, una incógnita: ¿cómo demuestra un conductor que una valla estaba rota en el momento del accidente? Son pocos los que fotografían el vallado mientras atienden a los daños, y los animales no dejan constancia del punto exacto por el que saltaron. La prueba de la negligencia ajena es, en la práctica, una carga difícil de desplazar.
La conclusión de este caso apunta a un equilibrio que los tribunales parecen haber fijado: la gestión de una autopista exige un mantenimiento diligente, pero no una garantía absoluta frente a la naturaleza. Mientras la fauna siga cruzando calzadas al margen de vallados y señalización, los choques continuarán siendo una estadística en ascenso en Ourense, y los juzgados, el lugar donde se decide quién asume su coste. Por ahora, el criterio favorece a quien gestiona la vía —y deja al volante la lección de que la precaución, y una buena cobertura de seguro, siguen siendo la mejor defensa.
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