Galicia acumula cerca de mil fincas rústicas de titularidad estatal que permanecen sin explotar, con una superficie media que ni siquiera alcanza la media hectárea. El dato, adelantado por La Voz de Galicia, choca con el compromiso adquirido por el Gobierno de poner estos terrenos en marcha para favorecer el relevo generacional en el medio rural. Demasiado tiempo quietas.
Una promesa de enero que avanza despacio
A mediados del pasado enero, el presidente del Gobierno anunció la movilización de 17.000 fincas rústicas en toda España con un objetivo claro: dinamizar la actividad agraria. El público al que iba dirigida la medida eran los jóvenes y los emprendedores del sector, esos que tantas veces se quejan de que el mayor obstáculo para instalarse no es la falta de ganas sino la falta de tierra.
Pues bien, la cifra gallega de ese inventario estatal ronda el millar de fincas. No es menor el dato. Hablamos de parcelas dispersas por las cuatro provincias, de pequeño tamaño en su mayoría, que pertenecen a la Administración y que, de movilizarse, podrían aliviar al menos en parte la escasez de suelo agrario que frena proyectos nuevos.
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Que el Estado tenga tierra en Galicia no es una anomalía. Patrimonio, antiguas instalaciones públicas, terrenos heredados de usos militares o científicos… el mapa de la propiedad pública rural es amplio y heterogéneo. Un ejemplo visual: el antiguo Observatorio de Monteventoso, en Doniños, donde los terrenos públicos conviven con fincas rústicas circundantes. Ahí está la clave del problema: la tierra existe, pero falta el mecanismo para que cambie de manos.
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Ver planes de email →En una comunidad con un envejecimiento agrario acentuado, cada hectárea que no se cultiva es una hectárea que se pierde para el relevo. Y a nadie se le escapa que el acceso a la tierra es, junto a la financiación, el gran escollo de quien quiere empezar un proyecto agropecuario en Galicia.
Del anuncio al banco de tierras
Conviene recordar que los anuncios de movilización de fincas públicas suelen topar con el mismo pared: la dispersión administrativa, la falta de catastro actualizado en muchos casos y la lentitud de los trámites para ceder o arrendar. Una finca de media hectárea, por sí sola, apenas da para una explotación; agrupada con otras colindantes, puede ser el germen de algo viable. Pero agrupar exige trabajo, coordinación y voluntad política sostenida en el tiempo.
La pregunta que flota es si el compromiso de enero se convertirá en un banco de tierras operativo y con usuarios reales, o en otra lista de inventario guardada en un cajón. Lo cierto es que la materia prima ya está identificada.
Mil fincas gallegas esperando una mano. Si el Estado quiere que el campo gallego tenga futuro, no le faltan parcelas para empezar; le falta, como tantas veces, velocidad. Que alguien se atreva a ponerles fecha.
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