El Gobierno gallego ha aprobado este lunes un plan para construir 24 residencias de mayores, que sumarán 1.800 plazas repartidas por concellos de menos de 25.000 habitantes. La hoja de ruta, que pasa por la colaboración público-privada, garantiza que al menos el 60% de las plazas serán públicas. El anuncio cumple el compromiso adquirido por el presidente de la Xunta en el último Debate sobre o Estado da Autonomía.
Una apuesta por la Galicia rural
Nadie discute ya que el envejecimiento poblacional golpea con más fuerza a los municipios pequeños. Por eso llama la atención —y conviene destacar— que el foco del plan se ponga precisamente en los concellos de menos de 25.000 habitantes, donde la oferta de cuidados de larga estancia suele ser más limitada y donde muchas familias se ven obligadas a buscar plazas lejos de casa.
Las grandes cifras del programa son claras: 24 edificios nuevos y 1.800 plazas. La fórmula elegida para sacarlos adelante será la colaboración público-privada, un modelo que el ejecutivo autonómico ha utilizado en otras infraestructuras sociales y que ahora se convierte en eje de la política residencial. La garantía de que, como mínimo, el 60% de las vacantes tenga condición pública es el dato que el propio Gobierno ha querido subrayar. No es menor: marca el equilibrio entre la inversión privada y el acceso en condiciones públicas.
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El plan no surge de la nada. El presidente de la Xunta anunció esta hoja de ruta como compromiso expreso durante el Debate sobre o Estado da Autonomía, y este lunes el Consello la convirtió en acuerdo de Gobierno. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo, el propio mandatario renovó su compromiso de seguir aumentando las plazas de residencia en la comunidad.
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Ver planes de hosting →Difícil resulta, en efecto, encontrar un ámbito de la política social gallega con más margen de crecimiento. La dependencia y la atención a las personas mayores se han instalado en el centro del debate público, y cada anuncio de nuevas plazas se examina con lupa por familias, trabajadores del sector y oposición. La cifra de 1.800 plazas habla por sí sola en un territorio donde las listas de espera para acceder a una plaza pública son un problema crónico.
Un centro junto al parque de San Roque
El plan de la Consellería de Política Social incluye también otra pieza: un nuevo centro en las proximidades del parque de San Roque, con capacidad para un centenar de personas. Su historia previa merece mención, porque explica el retraso acumulado. Los terrenos elegidos en un primer momento acabaron descartados por los cambios en la normativa estatal de zonas inundables, aprobada a raíz de la dana que asoló Valencia. La seguridad hidrológica se convirtió así en un obstáculo administrativo que obligó a replantear la ubicación.
Conviene recordar que el endurecimiento de la regulación de inundables tras la tragedia valenciana ha afectado a proyectos de todo tipo en múltiples puntos del país. El caso del centro junto a San Roque muestra cómo una norma estatal puede paralizar una infraestructura social ya planificada, y cómo las administraciones deben readaptar sus planes sobre la marcha. La nueva ubicación, próxima al parque, desbloquea al menos sobre el papel un proyecto que llevaba tiempo en cartera.
Qué queda por resolver
Lo cierto es que aprobar un plan es solo el primer paso. Quedan por conocer los calendarios de licitación, los plazos de construcción y la distribución exacta de las 24 residencias entre los concellos seleccionados. La colaboración público-privada, además, siempre plantea interrogantes sobre la gestión posterior y sobre cómo se articulará esa reserva del 60% de plazas públicas. Las respuestas llegarán, previsiblemente, a medida que avancen los trámites.
Mientras tanto, las cifras ya fijadas permiten dimensionar la ambición: 24 residencias, 1.800 plazas.
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