El dinero que el Estado transfiera a la Xunta por la declaración de A Coruña y Santiago de Compostela como zonas tensionadas del mercado del alquiler se destinará a construir viviendas protegidas en esas dos mismas ciudades. Así lo ha afirmado este lunes el presidente de la Xunta, que ha anunciado este compromiso en plena polémica por la repartición de esos recursos, después de que las alcaldesas de ambas urbes hayan reclamado al Gobierno autonómico que administre dichos fondos.
Un dinero que llega con carga política
La declaración de zonas tensionadas del alquiler no es un trámite menor. Supone el reconocimiento oficial de que en esas ciudades el precio de la vivienda en alquiler se ha disparado hasta niveles que dificultan el acceso a la misma para buena parte de la población, y conlleva la transferencia de recursos estatales destinados a paliar el problema. Lo cierto es que pocos fondos llegan con tanta carga política encima.
El presidente gallego ha querido despejar de entrada la principal duda: que el dinero se quede donde se generó. Los recursos que lleguen por A Coruña se invertirán en vivienda protegida en A Coruña, y los que correspondan a Santiago, en la capital compostelana. Un compromiso que apunta directamente a la ratio de aplicaciones que ha marcado el pulso entre la Administración autonómica y los dos principales ayuntamientos del eje atlántico.
El pulso entre la Xunta y los ayuntamientos
No es casualidad que el anuncio llegue dos días después de que las regidoras de ambas ciudades hicieran pública su exigencia a la Xunta para que administre los fondos estatales vinculados a la declaración de tensión en el mercado del alquiler. Las dos ediles, de formación política distinta a la del Gobierno gallego, reclaman tener capacidad de gestión sobre esos recursos. Desde el titular de la Xunta se les responde con una acusación directa: a su juicio, reclaman el dinero, más que para gestionarlo, para evitar hablar de la caída de la oferta de alquiler en ambas urbes. La frase no deja espacio a la ambigüedad.
A nadie se le escapa que el debate sobre quién debe manejar los fondos de la vivienda tensa las relaciones entre la Administración autonómica y los consistorios de las dos mayores ciudades de Galicia. La competencia en materia de vivienda es compartida, y cada parte reivindica un papel protagonista a la hora de responder a un problema que, en el caso de A Coruña y Santiago, tiene ya dimensiones de urgencia social.
Vivienda protegida como respuesta
La apuesta anunciada por la Xunta pasa por la construcción de viviendas protegidas, una fórmula que amplía el parque de alquiler asequible y que el Gobierno autonómico ha venido defendiendo como su herramienta principal frente a la crisis de acceso a la vivienda. Que el dinero vinculado a las zonas tensionadas refuerce esa política en las propias ciudades donde el problema se concentra es, al menos sobre el papel, una coherencia territorial: lo que aportan los vecinos de A Coruña y Santiago a las arcas estatales por el fenómeno del alquiler tensionado reverde en forma de casas protegidas en sus calles.
Conviene recordar, eso sí, que las declaraciones de este lunes no han venido acompañadas, en la información disponible, de plazos, cifras ni localizaciones concretas. Queda por saber con qué ritmo se transferirán los fondos estatales, cuántas viviendas protegidas podrán promoverse con ellos y en qué solares se levantarán. Demasiadas preguntas abiertas para un anuncio que llega rodeado de confrontación política.
Lo que viene después
El pulso, en cualquier caso, seguirá abierto. Las alcaldesas de A Coruña y Santiago mantienen su reivindicación de capacidad de gestión, y la Xunta ha dibujado su propio camino: inversión directa en vivienda protegida sin pasar por los consistorios. Entre ambas posiciones media una cuestión de fondo que preocupa más allá de los despachos: la oferta de a
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