El debate migratorio ha vuelto a encenderse en el Congreso, y esta vez con Alberto Núñez Feijóo como protagonista. El líder del PP ha cargado con dureza contra la política de realojo de migrantes en Ceuta y Melilla, acusando al Gobierno de Sánchez de improvisar y de dejar solas a las ciudades autónomas. Sus palabras, dichas desde Madrid, resuenan con especial fuerza en la terra que lo vio dar sus primeros pasos políticos.
Lo cierto es que el discurso del líder popular no es un simple ejercicio de oposición. Tiene una lectura directa en Galicia, donde su partido gobierna la Xunta con mayoría absoluta y donde la gestión de la acogida migratoria es, desde hace años, un asunto espinoso. De hecho, varios concellos gallegos —de A Coruña a Ourense— han reclamado más recursos y coordinación ante la llegada de personas migrantes, mientras la Administración autonómica insiste en que las competencias y las cifras no siempre cuadran con lo que promete el Ejecutivo central.
De las plazas de soberanía a las Rías Baixas
Ceuta y Melilla han recibido en los últimos meses un flujo constante de llegadas, y el reparto por el territorio español se ha convertido en una carrera de obstáculos. Feijóo sostiene que el realojo se está haciendo sin criterios claros y sin escuchar a los gobiernos autonómicos. Ahora bien, sus críticos señalan una cierta contradicción: el PP gallego aceptó en su día el traslado de menores migrantes a la comunidad, aunque luego tensions aparecieron cuando el número creció.
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Conoce más →Cabe recordar que Galicia ha sido históricamente tierra de emigrantes, no de inmigrantes. Millones de gallegos cruzaron el Atlántico buscando una vida mejor, y esa memoria colectiva pesa —y mucho— a la hora de valorar estas polémicas. La retranca gallega también juega su papel: se critica al Gobierno, sí, pero con cuidado de no romper del todo los puentes con los ayuntamientos que deben gestionar el día a día.
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Los datos ayudan a poner las cosas en contexto. Galicia acoge actualmente a varios miles de personas en el sistema de acogida, una cifra moderada si se compara con comunidades como Madrid o Cataluña, pero significativa para una población que envejece y que pierde habitantes año tras año. De hecho, hay economistas y empresarios que ven en la llegada de población joven una oportunidad casi única para revertir el declive demográfico del rural gallego.
«El realojo no puede ser un envío por paquetería: las comunidades necesitan recursos, plazos y coordinación real», reclamaba recientemente un responsable de la administración autonómica en sede parlamentaria.
Ahora bien, el discurso duro de Feijóo también tiene costes. Organizaciones sociales gallegas que trabajan en la acogida advierten de que los mensajes intransigentes pueden alimentar percepciones equivocadas sobre las personas migrantes, cuando la experiencia en muchos concellos pequeños ha sido, en general, tranquila y hasta beneficiosa. En pueblos donde la escuela cerraba por falta de alumnos, la llegada de familias ha permitido mantener aulas abiertas.
El morriña política también existe: Feijóo conoce Galicia mejor que nadie y sabe exactamente hasta dónde puede llegar en este terreno sin desgastarse. Su apuesta es clara: posicionar al PP como garante del orden y de la gestión competente, dejando que sea el Gobierno central quien cargue con el desgaste de cada crisis migratoria. Por el camino, el debate sobre cómo Galicia se convierte en tierra de acogida sigue pendiente, más allá de los titulares de la semana.
Lo que está claro es que la pregunta no es solo qué pasa en Ceuta o Melilla, sino qué modelo quiere Galicia para sí misma. Y esa respuesta, de momento, sigue escribiéndose entre Santiago de Compostela y Madrid.
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