Presentación del libro «Així hem salvat el Barça» de Joan Laporta en el Ataneu Barcelonès de Barcelona. / Victòria Rovira / EPC

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha remitido un informe al juez Santiago Pedraz en el que se muestra a favor de que la denuncia contra el expresidente del Barça y candidato a revalidar el cargo, Joan Laporta, y contra miembros de la junta directiva saliente del club, se investigue en un juzgado de Barcelona, según han asegurado a El Periódico de Catalunya fuentes jurídicas.

Según el ministerio público, la Audiencia Nacional —ante la que un socio del FC Barcelona interpuso el pasado viernes la denuncia— no es competente para instruir el caso, ya que los delitos que se atribuyen a los denunciados no se han cometido todos en el extranjero, tal y como marca la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Aunque el delito de blanqueo de capitales y falsedad presuntamente se hubieran cometido fuera de España, otros, como la administración desleal, organización criminal o fraude a Hacienda, tienen una «evidente vinculación territorial con Barcelona«, pues la sede del club está en la capital catalana.

Competencia judicial y argumentos de las partes

El juez Santiago Pedraz quien decida el lunes si acepta el criterio de la Fiscalía, como es lo más previsible.

El exsocio del Barça que interpuso la denuncia lo hizo ante la Audiencia Nacional porque, a su entender, es el órgano competente para investigar los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles.

Según el denunciante, “la estructura del circuito de pagos de las comisiones indebidas y la reintroducción de fondos en España radica en países extranjeros y, en la mayoría de los casos, con fiscalidad opaca o no colaborativa”.

Operaciones bajo sospecha

En esta presunta trama, la acusación incluye cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest), “en condiciones perjudiciales para la entidad”; la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo campo; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike.

Además de blanqueo de capitales, añade los delitos de fraude a Hacienda y organización criminal. Laporta y el FC Barcelona han negado las acusaciones.

Detalles de la denuncia y entramado societario

En el escrito presentado en el juzgado, el socio, representado por un abogado y un procurador, detalla un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, que define como una “estructura” de “cobro de comisiones indebidas”, pagadas en “jurisdicciones opacas”.

Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”. Según el denunciante, en la operativa se aprecia “ánimo de ocultación”, con la utilización de “sociedades pantalla” y el “secreto en la identidad de los inversores”.

Esta situación, reseña, habría originado un supuesto “perjuicio potencial para el club” en beneficio de los gestores “implicados” en esa presunta red, formada por empresas españolas y otras radicadas en el extranjero.

Delitos atribuidos y consecuencias para el club

La denuncia atribuye a los denunciados el delito de blanqueo de capitales, ya que las operaciones puestas en conocimiento del juzgado “sugieren”, relata el escrito, una operativa de “lavado de dinero”.

Es decir, añade, “fondos obtenidos de manera opaca (posiblemente constitutivos de delitos previos, como cohecho privado o administración desleal) se habrían introducido en el circuito económico legal mediante sociedades interpuestas”.

El Código Penal castiga, precisamente, a quien “adquiere, convierte o transmite bienes” a sabiendas de que provienen de una actividad delictiva, o realiza cualquier acto para “ocultar su origen ilícito”.

Asimismo, se añaden los delitos de administración desleal y los societarios. En este sentido, la denuncia expone que Laporta es administrador del FC Barcelona, si bien jurídicamente es una asociación deportiva.

El Código Penal, recalca, penaliza a los administradores que, en perjuicio de su representada —en este caso, el club—, dispongan “fraudulentamente” de sus bienes.

Así, relata el escrito, las operaciones cuya investigación se solicita podrían haber comprometido activos futuros del club (30 años de palcos VIP valorados en 100 millones de euros) “a cambio de dinero inmediato para sus fines”, lo cual podría ser lesivo para el Barça.

En este apartado, la denuncia también engloba la venta de participaciones de Barça Vision a entidades presuntamente “opacas” vinculadas, lo que “dañó su patrimonio”. “Esta desviación de poder a espaldas de los intereses sociales es prototípica de la administración desleal”, apunta el texto.