Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) / PHILIPPE STIRNWEISS

El Parlamento Europeo cifra en diez millones de viviendas el déficit estructural de oferta en todo el Viejo Continente, es decir, el número de casas que habría que poner en marcha para solventar la crisis de accesibilidad existente en buena parte de los países miembros.

Esta es una de las principales conclusiones del informe final que ha elaborado el organismo sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea, con el objetivo de proponer soluciones para una vivienda digna, sostenible y asequible.

Propuestas para mejorar el acceso a la vivienda

El documento, presentado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid este viernes por los eurodiputados Borja Giménez Larraz, del Partido Popular Europeo, autor del borrador inicial, y Alicia Homs, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, reclama la simplificación de los trámites administrativos que permita aumentar los permisos de construcción.

Además, propone la introducción de «sistemas fiscales basados en incentivos para apoyar a los hogares de renta baja y media, eliminar las barreras fiscales para los compradores de primera vivienda y hacer más asequibles los alquileres de larga duración».

Inversión y coordinación de fondos europeos

Este informe final, actualización del borrador presentado el pasado mes de septiembre, será votado en el pleno de Estrasburgo la semana del 9 de marzo, exige también más inversión de la Unión Europea en vivienda.

¿Cómo? «Mediante una mejor coordinación de los fondos existentes y la reasignación de recursos no utilizados del Plan de Recuperación y Resiliencia para apoyar la construcción y renovación de vivienda sociales, públicas, cooperativas y asequibles», apuntan en el documento.

En este sentido, Giménez Larraz, del PPE, ha añadido que «el Banco Europeo de Inversiones puede jugar papel fundamental» y destaca la necesidad de «un fondo propio para impulsar la construcción».

Protección de inquilinos y medidas fiscales

Homs, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que ha señalado que el informe «está lejos de ser perfecto», asegura que tiene «aspectos positivos».

«Hay que construir más, es evidente, pero más vivienda pública y asequible, que es la que hace falta. Hay gente de clase media con buenos sueldos que no llega a final de mes porque no puede pagar el alquiler y menos plantearse comprar una casa. ¿Construir? Sí, pero también devolver pisos al mercado, no solo los turísticos, sino también aquellos que están vacíos», ha desarrollado.

En este sentido, Giménez Larraz, del PPE, considera que el aumento de la oferta es «primordial y fundamental»: «Si no hay vivienda, los precios van a estar disparados.

Proponemos un paquete de simplificación normativa, que incluya que el proceso de concesión de licencias de obra sea de un máximo de 60 días, la implementación sel principio de silencio administrativo positivo, fomentar la formación de jóvenes para incorporarlos a la construcción y bajar impuestos.

El 30% del valor de una casa son impuestos y queremos dejar la puerta abierta para que la Comisión Europea reforma la directiva europea del IVA para que haya un tipo superreducido para la construcción vivienda social, alquiler residencial y rehabilitación».

Datos y cohesión social

La portavoz de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas ha defendido la inclusión en la versión final del informe —no lo estaba en el borrador— de la «protección de los inquilinos».

Alicia Homs ha defendido que alrededor del 40% de los ciudadanos de la Unión Europea vive en alquiler y que esto está generando «desigualdad social».

«No es justo que un niño dependiendo la familia en la que nazca tenga o no una casa digna. Debemos seguir protegiendo el ascensor social», ha añadido tras asegurar que «el derecho a la propiedad tiene que existir, pero hay que reforzar el papel de los inquilinos porque si queremos defender a la gente joven estos no son propietarios».

Ambas corrientes políticas están de acuerdo —y así lo refleja el informe— la necesidad de ampliar el abanico de datos para «analizar el impacto de la vivienda en la cohesión social, la productividad y la competitividad y subrayan la necesidad de garantizar una financiación adecuada y sostenida».

Borja Jiménez Larraz, del PPE, ha apuntado que «sin datos estamos ciegos» y propuso el uso de Eurostat para «analizar y compartir datos viviendas con una nueva plataforma digital», aunque reconoció que no existente un calendario para su puesta en marcha.