Un nuevo informe elaborado por la Universidade de Santiago para la Federación Galega de Municipios e Provincias revela que Galicia presenta «infraatención» en su sistema de dependencia. A pesar de ser una de las regiones con mayor índice de envejecimiento, solo atiende al 16,1% de las personas potencialmente dependientes.

Colas interminables y recursos insuficientes

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Según datos oficiales del Gobierno central, Galicia registraba a 31 de diciembre de 2023 una media de 324 días desde la solicitud hasta la resolución de la prestación. Esta cifra la situaba como la sexta comunidad con mayor espera en todo el país.

La Xunta implementó un plan de choque que redujo este tiempo en 62 días respecto al año anterior. Con ello logró situarse por debajo de la media nacional, que se mantuvo en 341 días. No obstante, el retraso sigue siendo significativo para miles de familias.

El problema no solo radica en la lentitud administrativa. El informe destaca que el gasto por habitante y por persona dependiente se encuentra por debajo de la media estatal. Igual ocurre con la inversión destinada a quienes presentan alta probabilidad de necesitar apoyo para sus actividades diarias.

Brecha entre demanda y respuesta real

La denominada «infraatención» evidencia una desconexión entre la elevada demanda potencial y la respuesta efectiva del sistema. Galicia posee una población especialmente envejecida, pero su sistema de atención a la dependencia no refleja esta realidad con la suficiente intensidad.

Entre los factores que explican esta situación se encuentra la baja tasa de solicitudes. Esto contribuye a mantener bajos niveles de cobertura, a pesar de la creciente necesidad social. Solo Canarias presenta peores cifras en cuanto al porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente.

Impacto económico y laboral positivo

El estudio también destaca el impacto económico positivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Galicia. En 2024 generó 21.592 puestos de trabajo directos e indirectos.

Además, aportó 188 millones de euros en concepto de impuestos como el IRPF, IVA y cotizaciones sociales. Estos datos contradicen visiones que consideran el sistema como un mero gasto, al demostrar su capacidad dinamizadora del tejido productivo.

Los autores del informe reclaman reforzar los mecanismos de acceso, financiación e información. Consideran fundamental garantizar una mayor equidad territorial y social, especialmente en un contexto donde la población gallega envejece de forma acelerada.