Foto de familia en la escalinata de la Casa Consistorial. / RAFA VÁZQUEZ

La firma del protocolo entre la Xunta y el Concello de Pontevedra escenificó ayer viernes una nueva fase de colaboración institucional entre ambas administraciones. El convenio, que fija una inversión autonómica de tres millones de euros para dos actuaciones concretas en la ciudad, fue rubricado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente gallego, Alfonso Rueda. De esa cantidad, dos millones se destinarán a la ejecución del nuevo pabellón de Monte Porreiro y el millón restante a mejoras en la red de saneamiento.

El compromiso da continuidad al anuncio realizado por la Xunta en mayo de 2025, cuando ya había avanzado esa misma cuantía para proyectos deportivos y de saneamiento en la capital pontevedresa. La firma de este viernes permitió así formalizar aquella previsión económica.

En el acto estuvieron también la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, además de una amplia representación de la corporación local. La imagen política de la firma reforzó la voluntad de entendimiento entre ambas instituciones.

Tanto Lores como Rueda insistieron en presentar esta colaboración como una vía útil para desbloquear asuntos pendientes y dar salida a proyectos importantes para la ciudad. Más allá del contenido estricto del convenio, ambos quisieron subrayar el valor político del acuerdo.

Aunque la firma se centraba en Monte Porreiro y el saneamiento, buena parte de la comparecencia estuvo marcada por A Xunqueira da Gándara. El gobierno local considera prioritario este ámbito dentro de su estrategia de recuperación ambiental.

El Concello lleva años reclamando el desmantelamiento progresivo de las instalaciones administrativas y de servicios que todavía ocupan ese espacio por concesión de Costas. Su objetivo es culminar la renaturalización de un área de 67 hectáreas incluida en el Enil y devolverla plenamente al uso ciudadano.

Esa posición municipal ya había quedado fijada formalmente en 2023, cuando el Concello pidió a las distintas administraciones que cesasen su actividad en la zona. Lores volvió a defender ayer la necesidad de liberar ese borde de marisma y continuar una transformación ya iniciada en el entorno.

En esa línea, el traslado del parque de maquinaria de la Diputación al polígono de Barro fue presentado por el Concello como el primer paso visible de esa renaturalización. El siguiente objetivo pasa ahora por reubicar también las dependencias de titularidad autonómica y estatal que siguen allí.

Rueda aseguró que comparte ese planteamiento y admitió que, como pontevedrés, ve «absolutamente lógico» recuperar una zona que hoy continúa parcialmente ocupada. Según explicó, la Xunta mantiene allí dos equipamientos y ya trabaja en el traslado de uno de ellos, el parque de maquinaria de la Axencia Galega de Infraestruturas.

Ese movimiento ya había sido abordado meses atrás entre ambas administraciones, cuando la Consellería de Infraestruturas quedó en estudiar el coste de la operación y buscar alternativas con colaboración municipal. La reubicación aparece, por tanto, como el frente más encarrilado dentro de esa negociación.

Más compleja resulta la segunda operación, la del taller vinculado al servicio de bomberos forestales. Se trata de una nave con apoyo logístico y operativo, especialmente relevante durante la campaña de incendios, lo que complica su traslado.

El presidente gallego explicó que las parcelas ofrecidas inicialmente en el polígono de O Vao no se ajustaban del todo a las necesidades técnicas planteadas por la Consellería. Por ello, ahora se analizan otros suelos, entre ellos la opción de O Campiño.

La Xunta asumirá el coste total del traslado de una de las instalaciones, mientras que en el caso de la segunda nave aún están por concretar tanto la parcela definitiva como el reparto de los costes de construcción del nuevo edificio. Aun así, tanto Rueda como Lores situaron la operación en una recta final negociadora y dejaron entrever que el desbloqueo podría estar más cerca que nunca.

La reunión sirvió además para repasar otros ámbitos de cooperación, como la vivienda pública, las inversiones previstas para el Centro de Alto Rendimiento, el Pazo de Lourizán, el dragado del Lérez y la final de las Series Mundiales de Triatlón. El balance final deja dos ideas principales: el convenio de tres millones queda ya concretado para Monte Porreiro y el saneamiento, y la negociación para liberar A Xunqueira da Gándara gana impulso en un momento clave.

Lores puso especial énfasis en la gran final de las Series Mundiales de Triatlón que acogerá Pontevedra, una de las citas estratégicas por su capacidad de atracción y visibilidad internacional. El regidor destacó el volumen de deportistas, equipos y acompañantes que movilizará, mientras que el presidente gallego abrió la puerta a que el evento pueda integrarse en la programación de patrocinios vinculada al Xacobeo si finalmente se desbloquean los beneficios fiscales pendientes del Gobierno central.

Sobre el Gran Montecelo, Alfonso Rueda insistió en que el proyecto entra ya en su «recta final» y expresar su confianza en que los primeros servicios puedan empezar a prestarse antes de que termine 2026. En su intervención, el presidente de la Xunta enmarcó esa ampliación hospitalaria entre los grandes proyectos estratégicos en marcha en la ciudad y volvió a situarla como una de las actuaciones más relevantes del ejecutivo autonómico en la capital. El Sergas apunta ahora a que la obra civil podría ser entregada por las empresas constructoras en mayo.

El contexto es el de una obra de gran envergadura, concebida como la gran ampliación del hospital pontevedrés y del área sanitaria. La Xunta ha venido definiendo el nuevo Montecelo como una infraestructura de 92.000 metros cuadrados de nueva superficie construida, destinada a concentrar servicios clave como urgencias, UCI y distintas especialidades, y en 2024 situaba la ejecución de la primera fase en torno al 75 %. En paralelo, la Consellería de Sanidade venía manejando ya el horizonte de finales de 2025 o comienzos del siguiente para empezar a atender pacientes, un calendario que ahora Rueda actualiza al cierre de este año como referencia para la puesta en marcha inicial.

La situación actual, por tanto, es la de un proyecto que acumula años de tramitación y ejecución, pero que se acerca a su fase operativa mientras la Xunta sigue desarrollando piezas complementarias, como el futuro aparcamiento del recinto hospitalario, cuya tramitación administrativa continuaba activa en 2024 y 2025. Rueda trasladó la idea de que 2026 debe ser el año en que el nuevo complejo deje de ser solo una gran obra para empezar a traducirse en actividad asistencial real, algo especialmente sensible en Pontevedra por el largo recorrido y la dimensión de una infraestructura llamada a redefinir la atención sanitaria del área.