Una carta firmada por los magistrados alerta de que la especialización prometida por la ley de 2018 aún no se ha aplicado en los juzgados

Alicante alza la voz contra la violencia de género en el 25-N. / Pilar Cortés

Siete años en punto muerto: la especialización en violencia de género que la ley prometió… y nunca llegó. Han pasado más de siete años desde que una ley naciera con un objetivo inequívoco: blindar la capacitación y la formación especializada de quienes trabajan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, con ello, priorizar la experiencia en los destinos judiciales más sensibles.

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Era diciembre de 2018 cuando se publicó la Ley Orgánica 5/2018, presentada como ejecución directa del Pacto de Estado contra la violencia de género: la idea era clara, según el propio planteamiento normativo: crear un itinerario de especialización real y convertir esa especialización en un criterio determinante para ocupar plazas en órganos especializados, singularmente en las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.

Pero a día de hoy, casi siete años después, en la práctica, la realidad es contundente: las pruebas selectivas que debían convertir a jueces y juezas en “especialistas” no se han desarrollado, y los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que debían consolidar esa preferencia siguen sin modificarse. Resultado: quienes llevamos años en primera línea en esta materia tenemos “absolutamente vedada” la posibilidad de acceder a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, precisamente las que resuelven recursos y enjuician delitos más graves.

El punto de inflexión llegó con una resolución del Tribunal Supremo de 2020 que provocó un efecto dominó: al pasar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a ser considerados juzgados mixtos, los titulares destinados en estos órganos, que hasta entonces se habían incardinado desde su creación en 2005 en el orden penal, perdimos dicha consideración, con consecuencias directas nefastas en antigüedad, méritos y promoción profesional.

En términos sencillos: nulas opciones de ascenso y menos puertas abiertas, incluso para quienes acumulan experiencia específica desde hace décadas en Juzgados de Violencia sobre la Mujer . Mientras tanto, los concursos para cubrir plazas en Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales siguen convocándose con normalidad, aun sabiendo que pueden terminar ocupadas, como frecuentemente acaba ocurriendo, por magistrados y magistradas sin experiencia previa en violencia sobre la mujer, porque el criterio clave acaba siendo la antigüedad en el orden penal reconocida; antigüedad que, como se ha indicado, no se computa a los y las titulares de estos órganos especializados.

Y todo ello con un contraste difícil de explicar: la especialidad en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, incorporada en la Ley Orgánica 1/2025, se ha implementado dentro del plazo previsto (cuatro meses), mientras que en Violencia sobre la Mujer la especialización sigue siendo una promesa que no se materializa pese al aumento constante de competencias desde la creación de estos juzgados en 2005.

Todos los actores institucionales – Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales, Ministerios de Justicia y de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Defensor del Pueblo, GREVIO y grupos parlamentarios- conocen el problema desde hace años y, más allá de vanas promesas, no lo solucionan.

El problema, por tanto, no es desconocido, sino postergado: ni especialidad ni reforma legal. En el fondo, lo que late es una pregunta incómoda, dirigida a la ciudadanía y, sobre todo, a las víctimas: ¿puede hablarse de “consenso” en la lucha contra la violencia de género si la especialización real se queda en el papel? 

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