Instalaciones del centro penitenciario de Teixeiro. / Carlos Pardellas

Un conductor sin antecedentes que provoca un atropello mortal o invade el carril contrario y deja en el asfalto un fallecido no entra en prisión si la condena no supera los dos años.

En cambio, quien acumula varios delitos por conducir bajo los efectos del alcohol o sin carné pese a no causar víctimas sí acaba entre rejas. Ese desequilibrio penal explica la radiografía de las cárceles gallegas: la mayoría de internos por delitos de tráfico son reincidentes; los homicidas al volante son minoría.

Perfil de los reclusos por delitos de tráfico

Casi el 5% de la población reclusa en Galicia cumple condena por un delito contra la seguridad vial como delito principal: eran 167 a cierre de 2025 de los más de 3.600 presos entonces en los penales de la comunidad, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Pero si se suman los penados que arrastran algún delito de tráfico en su historial, el porcentaje se eleva al 12% (430). En ambos casos, Galicia supera la media nacional: casi duplica la tasa de internos con un delito vial como principal (2,5%) y está cuatro puntos por encima en el grupo con antecedentes viales (8%).

Se trata, explican desde la prisión de Teixeiro (A Coruña), de conductores reincidentes por alcoholemia o sin carné, bien porque nunca lo tuvieron o porque siguen al volante pese a haber agotado todos sus puntos. La práctica totalidad —añaden— son varones que superan los 50 años.

Evolución y reincidencia

En el caso de los presos en Galicia por infracciones penales al volante como delito principal, la cifra se redujo ligeramente: un 2%, al pasar de 171 en 2024 a 167 el año pasado.

Pero son casi un 20% más que en 2023 (142) y un 70% más que una década, cuando se movían en el centenar. Y entre los que arrastran algún delito de tráfico, se produjo un incremento del 6%, lo que pone de manifiesto el nivel de reincidencia entre los que se saltan las normas en carretera.

Comparativa nacional y preocupación de la fiscalía

El peso de los conductores entre rejas en Galicia sobre el conjunto de los penados en España —sin contar con Cataluña y País Vasco que tienen las competencias en materia de prisión transferidas— no es anecdótico.

Suman un 13% de los condenados por delitos de tráfico como principal (1.307) y más del 10% de los presos con alguna infracción penal en carretera (4.182), pese a que la comunidad gallega tiene el 6% del censo total de conductores.

La fiscal de Seguridad Vial en Galicia, Paula Grau, califica de «preocupante» este balance y apunta que los condenados por homicidios al volante son una minoría.

La práctica totalidad, tal y como confirman desde la prisión de Teixeiro, son reincidentes que ya agotaron todas las sanciones previas: multas, trabajos en beneficio de la comunidad y, finalmente, llega la prisión. «Es preocupante que no se frenen esos números», advierte la fiscal delegada de Seguridad Vial.

Reflexión sobre la seguridad vial y medidas propuestas

Esa preocupación empieza ya en los juzgados. Cuatro de cada diez delitos que llegan a los tribunales gallegos son infracciones penales al volante.

Y esas cifras se reflejan en las sentencias. En el 98% de los delitos contra la seguridad vial que pasan por los juzgados —expone Grau— no se dicta prisión como primera pena, ya que el sistema es «progresivo»: la cárcel se reserva para los casos graves —homicidios— o para quienes ya han agotado multas y trabajos comunitarios. Por eso, inquietan las cifras.

Ese casi 5% de penados por delitos de tráfico como principal y el 12% con alguna infracción penal por saltarse las normas de tráfico es un perfil «irreductible», detalla Grau.

«Las sanciones progresivas para los multirreincidentes no funcionan. Con una persona cabal y razonable, una primera pena surte efecto, pero para este perfil, no», sostiene.

Su conclusión es desalentadora: «La seguridad vial sigue sin percibirse como un problema social. Si no te toca como víctima, no se es consciente del riesgo».

Y lanza una reflexión: «Se tolera que alguien salga de un bar bebido y coja el coche. Si se llama a la policía cuando alguien ve un arma, ¿por qué no cuando alguien conduce bajo los efectos del alcohol?».

Con las penas actuales, añade la fiscal, «se pone sobre aviso al resto de la población, a la que se alerta de qué podría ocurrirle si incumple la norma de Tráfico».

Al mismo tiempo, defiende mecanismos para frenar ese avance irrefrenable de los internos por delitos viales: el decomiso del vehículo, el arma del delito, como medida para impedir que sigan desplazándose por carretera.