El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció el 12 de marzo de 2026 ante la comisión del Senado conocida públicamente como «Koldo» para dar cuenta de su trabajo como consultor en operaciones vinculadas a la aerolínea Plus Ultra. La sesión, celebrada en la Cámara Alta de Madrid, buscó aclarar por qué una asesoría en la que figuraban él y la empresa de sus hijas estuvo implicada en contratos y dictámenes relacionados con ayudas públicas. La investigación pone el foco en la naturaleza real de esos servicios, el contenido de los informes presentados y el papel concreto que tuvo el exmandatario en la trama. La comparecencia ha reabierto el debate sobre la transparencia en las contrataciones y el control parlamentario de los apoyos estatales a empresas en apuros.

Durante el interrogatorio, el senador Martínez-Maíllo apretó sobre la coincidencia entre proveedores y clientes, y expuso indicios que, según su criterio, señalaban una estructura prácticamente cerrada: dos suministradores —Zapatero y la sociedad familiar— y un único beneficiario. Los diputados que impulsan la comisión cuestionaron además la falta de inventario o trabajos materiales que justificasen la facturación. Entre las pruebas aportadas por la oposición figuró la cuantía de la intervención pública sobre la aerolínea, citada en la sesión como 53 millones de euros, una cifra que volvió a poner en el centro la idoneidad de la ayuda para una compañía con una flota reducida.

Los interrogantes se centraron asimismo en la naturaleza de los informes que acreditaban la actividad consultiva. Los parlamentarios presentaron una batería de documentos que, según su explicación, tenían trazas de elaboración automatizada y partes repetidas que encajaban con un uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial. Frente a estas pruebas, Zapatero sostuvo que su labor incluía conversaciones y orientaciones verbales, y que no siempre quedaban registradas en informes escritos con destinatarios identificables. Esa ambigüedad en la forma y en los soportes de la consultoría fue aprovechada por la oposición para poner en cuestión la consistencia del trabajo alegado.

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La comisión también recuperó el historial internacional y las relaciones personales que acompañaron la actividad del consultor: estancias en países como Venezuela y la República Dominicana, contactos con los hermanos Rodríguez y encuentros con otras figuras citadas en las actas. Esos episodios fueron presentados por los comparecientes de la oposición como elementos del contexto que rodeó la contratación y la orientación política de algunas de las gestiones. Las intervenciones se desarrollaron en público, con taquígrafos y en sesión abierta, lo que amplificó la repercusión mediática de los interrogatorios.

Los apoyos que conservaba el ex jefe del Ejecutivo dentro del círculo sanchista —al que el texto original aludía como padrino político de ciertas figuras— no evitaron que la comparecencia derivara en una tensión evidente en el hemiciclo. Desde Ferraz se esperaba que la presencia del exmandatario pudiese neutralizar parte de las críticas; sin embargo, la exposición de documentos y la insistencia de los grupos contrarios parecieron elevar las dudas sobre la veracidad y la formalidad de los servicios facturados. En clave política, la sesión alimenta la percepción de una gestión opaca que puede afectar a la imagen del partido gobernante.

Más allá del enfrentamiento parlamentario, los letrados y los grupos instructores señalaron la necesidad de que se concreten responsabilidades si se demuestra que hubo irregularidades en la justificación de los trabajos y en la percepción de fondos. La comisión buscará ahora contrastar los testimonios con expedientes administrativos y contratos para determinar si se produjo algún tipo de aprovechamiento indebido del acceso a las decisiones públicas. El proceso, adelantaron varios portavoces, será gradual y se apoyará en peritajes y análisis forenses de la documentación.

En el debate público que dejó la comparecencia, muchos observadores han recurrido a comparaciones que ponen en primer plano la apariencia y el comportamiento de los implicados frente a las evidencias aportadas. Para sectores de la oposición la suma de indicios —coincidencias societarias, informes repetidos y viajes relacionados— constituye una pauta coherente que requiere una aclaración más profunda. Para el entorno del ex presidente, en cambio, se trata de una interpretación sesgada que no prueba hechos delictivos y que responde a un interés político concreto.

Las palabras y reproducciones que circularon tras la sesión reflejan una cámara que quiso probar hasta qué punto las explicaciones del compareciente se sostienen ante el escrutinio público. Sea cual sea el desenlace, los partidos implicados coinciden en que el episodio ha dejado una factura política y reputacional que tendrá efectos en los próximos debates parlamentarios. El tiempo y la documentación complementaria decidirán si las dudas desaparecen o si, por el contrario, la investigación se encamina hacia responsabilidades más concretas.

Al término de la jornada, la sensación imperante entre numerosos diputados fue que el visitante no calzó los zapatos que se espera de quien ha ocupado la más alta responsabilidad institucional: rigor, claridad y defensa escrupulosa de la dignidad del cargo. Esa apreciación política, más allá de la valoración jurídica, marca el tono de una polémica que aún está lejos de cerrarse.