Adif ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Montoro la autorización para ejecutar nueve actuaciones de mantenimiento en los próximos días en el entorno del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba. La petición, registrada el 10 de marzo de 2026, responde al expediente de renovación del tramo de la línea de alta velocidad Sevilla–Madrid remitido por la entidad y pretende permitir trabajos a pocos cientos de metros del siniestro para asegurar y reparar la infraestructura. El requerimiento judicial se produce después de que el tribunal exigiera que cualquier intervención en el perímetro del accidente sea notificada con, al menos, quince días de antelación y quede supeditada a la autorización del juez.

En el documento aportado por Adif se especifican nueve intervenciones concretas: dos actuaciones en la plataforma, cuatro en la vía, una sobre la línea de suministro de energía y dos en los subsistemas de control, mando y señalización. El conjunto técnico se articula en cinco obras principales, dos suministros y dos asistencias técnicas, según el propio expediente de renovación del tramo. La compañía argumenta que las labores responden tanto a la necesidad de asegurar la circulación como a la reparación de daños y a la normalización de la infraestructura tras la tragedia.

Uno de los trabajos que motivó la polémica previa fue una solicitud de Adif para intervenir en el punto kilométrico 317,264, en la vía 2, situado a algo más de un kilómetro del lugar donde se produjo el accidente del tren de alta velocidad. Aquella petición, planteada con apenas dos días de margen, motivó el requerimiento del tribunal para que las notificaciones futuras respeten el plazo mínimo de quince días. Ahora será el juzgado el que estudie y, en su caso, autorice el paquete de actuaciones presentado por la infraestructura ferroviaria.

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La comunicación entre la empresa pública y el tribunal está enmarcada en la tramitación de la investigación judicial sobre la intervención del tren y las labores de rescate y retirada de material. En las últimas jornadas se ha visto cómo grúas pesadas trabajan en la retirada de la máquina y de los vagones accidentados, una fase que precisa de coordinación estrecha para no interferir en las pesquisas. El juzgado mantiene el control sobre cualquier actuación que pueda afectar al perímetro de investigación o a la preservación de pruebas.

Fuentes del sector técnico consultadas por este periódico recuerdan que la reparación de una línea de alta velocidad obliga a actuaciones urgentes para garantizar la seguridad y la reanudación del servicio, pero subrayan que esas tareas deben compatibilizarse con las garantías procesales que exige un accidente de gran impacto. La existencia de daños en la plataforma, la vía y en los sistemas de señalización y energía hace necesaria una intervención multidisciplinar y, en ocasiones, la sustitución de tramos completos para restaurar la operatividad.

El expediente remitido por Adif incorpora detalles técnicos y planificación de los trabajos que la empresa considera imprescindibles, así como la calendarización estimada y los medios necesarios para su ejecución. Aun así, la hoja de ruta final dependerá de la autorización judicial, que puede imponer condiciones o limitar el alcance y el calendario de las intervenciones. La compañía, además, está obligada a notificar con antelación y a coordinar sus tareas con las autoridades competentes y con los servicios de investigación.

El accidente de Adamuz provocó la movilización de equipos de emergencias y la paralización de parte del tráfico en el corredor de alta velocidad entre Sevilla y Madrid; desde entonces, las labores en el lugar se han sucedido entre la retirada de restos, las periciales y las reparaciones provisionales. Adif ha venido realizando trabajos de restauración de la vía dañada y, según las actas técnicas, parte de las intervenciones que ahora solicita persiguen consolidar esos avances y preparar una renovación más amplia del tramo afectado.

La decisión del juzgado sobre estas solicitudes marcará el ritmo de las obras y la posibilidad de reanudar con normalidad determinados servicios ferroviarios en la zona, así como el calendario de actuaciones de mayor calado en la infraestructura. Hasta que se conozca la resolución judicial, la empresa pública deberá ajustar sus planes a las condiciones impuestas por la instrucción penal y mantener informadas a las administraciones y a los operadores implicados en el corredor.