Miembros de la Asociación Gallega de Covid Persistente presentaron este viernes ante la Valedora del Pueblo una queja para exigir a la Xunta la elaboración de un protocolo que reconozca la afección como enfermedad y no como meras secuelas. La protesta, registrada en Lugo el 14 de marzo de 2026, busca forzar una respuesta administrativa que garantice una atención integral y coordinada para quienes arrastran síntomas prolongados tras la infección. Los representantes del colectivo sostienen que la actual clasificación y la ausencia de medidas específicas impiden un abordaje clínico adecuado. Reclaman además programas de rehabilitación y seguimiento que hoy no existen de forma sistemática en el sistema público gallego.

La asociación defiende que lo que ahora se etiqueta como secuelas responde, en muchos casos, a un cuadro clínico crónico que se desarrolla tras la fase aguda de la covid y que continúa afectando al organismo de forma persistente. Sus portavoces insisten en que la denominación importa: tratarlo como secuelas, dicen, minimiza la gravedad y dificulta la implantación de protocolos claros en atención primaria y en las consultas de especialidades. Recalcan que la enfermedad produce alteraciones de varios órganos y sistemas, por lo que exige un enfoque multidisciplinar. Sin ese reconocimiento oficial, añaden, resultará complejo articular recursos sanitarios y sociales adecuados.

Según los afectados, la covid persistente puede tener una evolución muy desigual: mientras hay pacientes que alcanzan una estabilización, otros sufren un empeoramiento progresivo de su estado. En el comunicado remitido al órgano defensor de los derechos de los ciudadanos relatan casos de personas que han quedado postradas en la cama, pacientes que han perdido autonomía para las actividades diarias y, en situaciones extremas, fallecimientos vinculados a complicaciones de la afección. Estas descripciones se utilizan para ilustrar la carga de enfermedad y el impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. El colectivo subraya que la incertidumbre pronóstica exige un control y monitorización continuos.

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La organización critica además la ausencia de un protocolo consensuado en atención primaria y en las especialidades médicas que permita derivaciones, diagnósticos y tratamientos coordinados. Denuncian que no existe una conexión efectiva entre la atención primaria y la especializada ni programas específicos de rehabilitación funcional adaptados a estos pacientes. Como consecuencia, muchos enfermos, explican, quedan “perdidos” dentro del sistema sanitario, sin recibir un diagnóstico claro ni un seguimiento estructurado. Esa fragmentación incrementa la desesperación de las familias y obstaculiza la recopilación de datos clínicos necesarios para diseñar respuestas sanitarias.

El colectivo afirma haber solicitado reuniones con el Servicio Gallego de Salud (Sergas) durante más de dos años sin obtener respuesta satisfactoria, motivo por el cual ha llevado el asunto ante la Valedora del Pueblo para que medie y abra una vía de diálogo con la administración. En su escrito piden que la institución interponga las actuaciones precisas para que la Xunta trate el problema con la prioridad que, a su juicio, merece. La presentación formal ante la Valedora tiene, además, la intención de visibilizar la demanda y de forzar que se concreten medidas operativas y plazos. El colectivo quiere, en última instancia, protocolos escritos y recursos asignados.

Profesionales sanitarios consultados por el colectivo insisten en la necesidad de instrumentos que permitan evaluar la discapacidad y ofrecer prestaciones sociales y laborales cuando sea necesario, aunque desde la asociación señalan que todavía faltan criterios homogéneos para ello. La falta de un marco clínico común complica la valoración de la incapacidad y la planificación de recursos rehabilitadores. Por eso reivindican protocolos que incluyan diagnóstico diferencial, circuitos asistenciales y programas de rehabilitación física y cognitiva. También demandan formación específica para profesionales en atención primaria, puerta de entrada principal para muchos de estos pacientes.

En su argumentación, la Asociación Gallega de Covid Persistente advierte de que la confusión terminológica sobre si se trata de secuelas o de una enfermedad crónica conduce a respuestas heterogéneas en hospitales y centros de salud. Esa diversidad de criterios provoca desigualdades en el acceso a pruebas, tratamientos y rehabilitación en distintas áreas sanitarias de Galicia. El colectivo reclama, por tanto, una directriz autonómica que homogeneice criterios y garantice el acceso equitativo a recursos. La petición busca también dar mayor visibilidad a una realidad que, sostienen, afecta a miles de personas en la comunidad.

Además de exigir el protocolo, los afectados instan a la Xunta a establecer registros clínicos que permitan conocer la magnitud real del problema y a promover estudios sobre la evolución a largo plazo de los pacientes. La intervención de la Valedora del Pueblo podría facilitar la mediación con el Sergas y acelerar la apertura de mesas de trabajo técnicas. El colectivo advierte de que, sin respuestas concretas, el deterioro de algunos pacientes seguiría agravando la demanda sanitaria y social. Por ahora, esperan que la queja formal sirva para iniciar un proceso de negociación que culmine en medidas concretas y en una política sanitaria adaptada a la covid persistente.