El Consello de la Xunta aprobó este lunes, 23 de marzo de 2026, la aplicación del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, el Pladiga para 2026. El paquete incluye un refuerzo de medios humanos y tecnológicos —drones, videovigilancia y unidades especializadas— y será debatido este viernes en el Consello Forestal para desgranar su ejecución operativa y de recursos.
Qué recoge el Pladiga: más brigadas, nuevas unidades y vigilancia aérea
La Xunta ha diseñado un Pladiga que apuesta por la combinación de medidas clásicas de prevención y extinción con tecnología para la detección temprana. Entre las novedades figura el despliegue de drones y sistemas de videovigilancia en puntos estratégicos de la comunidad, que según el Ejecutivo autonómico permitirán una respuesta más rápida ante focos incipientes y una mejor coordinación de los medios aéreos y terrestres.
En el capítulo de personal, el plan contempla la incorporación de 42 nuevas brigadas durante los periodos de alto riesgo, una medida que el Gobierno gallego presenta como respuesta directa a los incendios de intensidades extremas que han marcado los últimos veranos. También se ha anunciado la ampliación del periodo de trabajo del personal fijo discontinuo; una demanda histórica de los profesionales del sector que busca estabilizar plantillas y reducir la rotación estacional.
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Conoce más →Otra de las medidas relevantes es la creación y ampliación de la UDEX (Unidade de Directores de Extinción), que pasará de 6 a 15 expertos. La intención declarada es contar con equipos técnicos multidisciplinares capaces de planificar operaciones complejas y dirigir actuaciones en fuegos de gran violencia y superficie, donde la coordinación aérea y terrestre resulta clave.
«adaptarse a los nuevos tipos de incendios de enorme intensidad en los últimos veranos»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió el Pladiga con la idea de que Galicia debe “adaptarse a los nuevos tipos de incendios de enorme intensidad en los últimos veranos”, y subrayó la necesidad de modernizar los sistemas de vigilancia y reacción. A falta de la presentación detallada ante el Consello Forestal, la conselleira responsable destacará el carácter preventivo y la apuesta por capacidades permanentes frente al tradicional modelo estacional.
Antecedentes: por qué Galicia necesita reforzar su estrategia
Los fuegos forestales han sido una asignatura pendiente en Galicia desde que el verano de 2017 colocó la cuestión en la primera línea política y social. Más allá de episodios puntuales, la combinación de sequía, acumulación de combustible vegetal por abandono rural y olas de calor recurrentes ha convertido a amplias zonas del interior —especialmente en la provincia de Ourense— en paisajes más vulnerables.
En localidades como O Barco de Valdeorras y otras comarcas del interior, los vecinos han vivido de primera mano la imposibilidad de contener con rapidez incendios que se extienden con violencia. La imagen de comunidades movilizándose para proteger cortafuegos o despejar accesos no es nueva en Galicia y explica parte del consenso social en torno a la necesidad de mejorar medios.
Sin embargo, la respuesta no es solo un despliegue de recursos. Las políticas de prevención forestal han topado en ocasiones con problemas de coordinación entre administraciones, limitaciones presupuestarias y la dificultad de conciliar intereses de propietarios, ayuntamientos y consellerías. En los últimos años también se ha abierto el debate sobre el papel de la gestión activa del territorio —motosierras, pastoreo controlado, quemas prescritas— frente a las medidas estrictamente represivas.
Repercusiones y próximos pasos: debates pendientes y control del despliegue
El Pladiga aprobado hoy emprende ahora su trámite interno: la discusión en el Consello Forestal, la asignación presupuestaria para 2026 y la concreción de la calendarización de las plantillas y los equipos tecnológicos. Sindicatos y asociaciones de vecinales vigilarán tanto los plazos de contratación para el personal fijo discontinuo como la dotación de medios en los ayuntamientos rurales, donde la presencia física de brigadas marca la diferencia.
El uso de drones y videovigilancia, por otra parte, plantea cuestiones operativas y jurídicas. El control del espacio aéreo, la privacidad de las capturas y la integración de datos en tiempo real con los centros de emergencias son aspectos que deberán reglamentarse y coordinarse con la administración del Estado y, en su caso, con el Ministerio de Defensa en episodios de gran magnitud.
Los 15 directores de extinción de la UDEX tendrán la responsabilidad de elaborar protocolos ante incendios de alta intensidad; su eficacia dependerá tanto de la experiencia acumulada como de la capacidad de disponer de recursos aéreos y de apoyo logístico. A falta de cifras precisas sobre el dispositivo total, la apuesta de la Xunta es visible: más brigadas, más expertos y más tecnología para anticipar y contener.
Queda por ver si las medidas logran romper la temporada de improvisación que muchos actores denuncian cada verano. La transición a una estrategia que combine prevención, vigilancia tecnológica y gestión del territorio exigirá no solo recursos, sino también tiempo y consenso entre administraciones y sociedad rural. Galicia se juega parte de su futuro forestal en ese equilibrio.
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