ARVI advierte de riesgo de paralización del sector pesquero por el encarecimiento del combustible y pide ayudas al Gobierno como en la guerra de Ucrania

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) advirtió este martes, 10 de marzo de 2026, de que la escalada del precio del combustible amenaza con provocar la «paralización» de parte de la flota si no se adoptan medidas urgentes. La organización mantiene contactos con la Secretaría General de Pesca para gestionar ayudas, similares a las aprobadas tras la invasión de Ucrania, ante el alza de los costes por el conflicto en Irán y Oriente Próximo. El incremento, que la cooperativa cuantifica en más del 72% en apenas una semana, sitúa a muchos buques ante costes insostenibles. La petición llega en plena campaña de algunas pesquerías de altura y con dificultades de suministro en puertos clave.

ARVI explica que el precio del gasóleo ha subido de forma abrupta y cita tomas de combustible en las que se han registrado precios de hasta 1,10 euros por litro en estaciones vinculadas a puertos irlandeses, mientras en Vigo la cotización ya alcanza los 0,991 euros por litro. La media del pasado ejercicio, según la cooperativa, rondó los 0,555 euros por litro, lo que evidencia la magnitud del encarecimiento y su impacto sobre la rentabilidad de las campañas. Estos movimientos coinciden con avisos de escasez y repostajes parciales en determinados muelles, lo que obliga a planificar operaciones con mayor incertidumbre. La combinación de subida de carburantes, electricidad y gas amplifica el efecto sobre costes logísticos y de conservación a bordo o en puerto.

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Los más perjudicados, señala ARVI, son los pesqueros de altura y gran altura que operan en caladeros lejanos o desde bases extranjeras, donde el precio y la disponibilidad del combustible marcan la viabilidad de las largas campañas. En esos segmentos se incluyen los 16 grandes arrastreros que están participando en la campaña del calamar en las Malvinas, así como unidades que faenan en aguas de NAFO o en aguas internacionales del Atlántico Norte. Para estas embarcaciones, un aumento de costes de la magnitud que denuncia la cooperativa puede convertir jornadas rentables en pérdidas operativas, con efectos en la cadena de suministro y en la estiba. ARVI advierte además de la repercusión sobre el transporte marítimo y el almacenamiento frigorífico en puerto, servicios esenciales para mantener producto y cadena de ventas.

Fuentes de la cooperativa han trasladado a la Secretaría General de Pesca la petición de activar «medidas extraordinarias de apoyo», tanto en el ámbito nacional como en el europeo, reclamando fórmulas ya empleadas en la crisis derivada de la guerra de Ucrania. El objetivo es desplegar ayudas directas o mecanismos de compensación que permitan sostener la actividad mientras se normaliza el mercado energético. En paralelo, ARVI demanda que las autoridades supervisen la disponibilidad de suministro y actúen para evitar prácticas que agraven el desabastecimiento regional. Para los armadores, la rapidez en la respuesta es clave para evitar decisiones traumáticas como frenazos de campañas o balsas de desempleo temporal.

El ministro responsable del ramo, Luis Planas, aseguró ayer que el Gobierno está preparado para adoptar medidas si la situación lo requiere, si bien no concretó instrumentos ni calendario. El anuncio público del titular deja margen para que se analicen alternativas —bonificaciones, ayudas directas, modificación de cuotas o líneas de crédito específicas—, aunque las comunidades pesqueras reclaman rapidez y certezas. Desde el sector viguesa subrayan que es imprescindible coordinar cualquier respuesta con la Unión Europea, dada la dimensión transnacional de muchas campañas y los puertos de suministro utilizados por la flota. La experiencia de 2022 sirve de referencia, pero también de advertencia sobre la complejidad de aplicar soluciones que equilibren ayudas y competencia.

El repunte de costes no solo afecta al queroseno de los motores; ARVI alerta de la repercusión en servicios auxiliares como contenedores refrigerados, energía para cámaras y el transporte terrestre del producto hacia los mercados. Un incremento generalizado de estos costes puede encarecer el producto en origen y reducir márgenes comerciales, con impacto final en la cadena de valor y en los consumidores. Los armadores insisten en que la pesca, además de una actividad económica, constituye un pilar social y rural en zonas costeras que requieren estabilidad para evitar cierres de empresas y pérdida de empleo. Por eso la cooperativa entiende que las medidas deben contemplar tanto la viabilidad empresarial como la sostenibilidad social del sector.

En los últimos días se denunciaron dificultades de suministro en Irlanda, lo que obligó a efectuar repostajes parciales y a planificar rutas con más escalas, incrementando tiempos y costes. Estas circunstancias reabren el debate sobre la dependencia logística de determinados puertos para campañas de Gran Sol y otras pesquerías de distancia. La flota viguesa, que opera globalmente, se ve así expuesta a variaciones en mercados internacionales que escapan a la gestión local, lo que complica la previsión de costes a medio plazo. Representantes del sector apuntan a la necesidad de establecer reservas estratégicas o acuerdos de suministro preferente como parte de la solución.

ARVI mantiene la presión institucional y anuncia que seguirá mediando con la Secretaría General de Pesca para concretar medidas que contengan el impacto inmediato y sus efectos a medio plazo. Los armadores han fijado un calendario de contactos con administraciones y organizaciones europeas para trasladar datos y propuestas concretas. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Próximo y su traducción en los mercados energéticos mantiene al sector en alerta máxima. El desenlace dependerá en buena medida de la capacidad administrativa para activar respuestas rápidas y acordadas que eviten la paralización de actividades esenciales para la economía gallega.