Josep Maria Bartomeu se presentó este viernes en la Ciutat de la Justícia de Barcelona para declarar como investigado en el caso conocido como Barçagate, en una comparecencia solicitada por él mismo y que llega siete días después de otra declaración y apenas dos días antes de las elecciones del FC Barcelona. El expresidente ha negado ante la jueza haber dado instrucciones para la creación de perfiles falsos o para lanzar ataques en redes sociales contra rivales o jugadores, y ha pedido volver a declarar tras la aparición de un nuevo informe policial. La sesión se enmarca en una investigación que se abrió hace más de cinco años por presunta administración desleal en la gestión de la reputación del club.

A la salida del juzgado Bartomeu insistió en que el club no ordenó publicar mensajes en contra de nadie y replicó la versión que ha mantenido públicamente: la contratación de una empresa externa respondió a la necesidad de monitorizar informaciones en un momento de gran exposición mediática. El expresidente compareció ante la instructora del caso después de que los Mossos d’Esquadra entregaran un informe ampliatorio que, según fuentes judiciales, recoge datos localizados en su teléfono móvil relacionados con los trabajos encargados por el club. Por este motivo, pidió tiempo para que su defensa pudiera estudiar esos nuevos elementos antes de proseguir con su declaración.

En el nuevo atestado policial, al que han tenido acceso distintos medios, aparecen referencias a documentos elaborados por la sociedad Nicestream que habrían estado almacenados en el terminal de Bartomeu. Un informe anterior de la policía atribuyó a la contratación de esa empresa tareas destinadas, presuntamente, a erosionar a personas vinculadas al club y a adversarios deportivos y mediáticos. Bartomeu fue detenido en marzo de 2021 en el marco de esta investigación, aunque desde entonces mantiene su versión de que no ordenó actuaciones irregulares.

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El expresidente explicó ante la instructora que la decisión de contratar a Nicestream obedeció a dos circunstancias concretas: la salida del jugador Neymar y el volumen de comentarios en redes sociales ligado al proceso independentista de 2017, que, aseguró, desbordó los canales de control tradicionales del club. Según Bartomeu, el objetivo era organizar y gestionar información sobre el Barça en internet, puesto que el club tenía mecanismos para influir en medios convencionales pero carecía de herramientas análogas en plataformas digitales.

Los abogados de la acusación, así como la policía judicial, han sustentado la investigación en la existencia de contratos y trabajos facturados por empresas externas que recibieron partidas del club por servicios de gestión de reputación. En su instrucción, la causa investiga si esos encargos supusieron una administración desleal de los recursos del FC Barcelona y si hubo un propósito deliberado de atacar a terceros en redes sociales. El proceso acumula peritajes, declaraciones y pruebas documentales desde su inicio, hace más de medio lustro.

La defensa de Bartomeu, encabezada por José María Fuster Fabra, solicitó formalmente a la jueza la posibilidad de que su cliente vuelva a declarar una vez que los letrados hayan podido analizar el informe ampliatorio remitido por los Mossos. Fuentes jurídicas consultadas indican que la petición se basa en que la nueva documentación no fue objeto de examen durante la comparecencia anterior, lo que, a juicio de la defensa, impide una respuesta completa y contextualizada a las imputaciones.

La declaración de hoy se produce en un momento sensible para el club, con la convocatoria electoral en el horizonte inmediato, y añade un componente judicial a una campaña ya de por sí polarizada. Fuentes próximas al proceso recuerdan que la instrucción sigue abierta y que la jueza está acumulando pruebas y diligencias antes de decidir sobre posibles elevaciones a juicio o sobre la práctica de nuevas pruebas.

El caso Barçagate permanece como una de las investigaciones más destacadas sobre la gestión de la etapa de Bartomeu al frente del Barcelona, por su mezcla de cuestiones penales, económicas y reputacionales. La causa continuará su curso en los próximos meses con la revisión de los informes policiales, nuevas declaraciones y, previsiblemente, más solicitudes de las partes para concretar el alcance de las responsabilidades que se investigan.