La parroquia compostelana de Busto decidió este domingo posponer la votación sobre la solicitud formal de segregarse de Santiago de Compostela y agregarse al municipio de Trazo. En una asamblea extraordinaria, unos cuarenta vecinos otorgaron un «voto de confianza» a la alcaldesa, condicionado a compromisos concretos sobre transporte y mejoras en servicios rurales, y aprobaron por unanimidad solicitar la dimisión del concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, además del cese del gerente de Tussa, José Ramón Mosquera.
Decisión simbólica pero con exigencias claras
La reunión, convocada por la Asociación de Veciños Campo das Escolas, reunió a aproximadamente 40 residentes de la parroquia. El presidente del colectivo, José Antonio Montaos, explicó en la asamblea que la petición de segregación —una medida de carácter simbólico y de escaso recorrido legal— quedó aplazada para dar margen a que la regidora, Goretti Sanmartín, cumpla una serie de demandas históricas.
Entre las exigencias figura la garantía de que las líneas alimentadoras del entorno rural, recogidas en el nuevo contrato de transporte urbano, incluyan parada en Busto. La alcaldesa se comprometió a que, aunque la llegada del autobús no figure de manera explícita en los pliegos, el modelo del contrato —un contrato de servicios y no una concesión— permite adaptar kilómetros y frecuencias a las necesidades detectadas tras la adjudicación.
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Conoce más →La tensión subyace en otra reivindicación frecuente del vecindario: que el asunto se lleve al pleno municipal para que todas las fuerzas políticas se pronuncien y asuman la responsabilidad públicamente. «Queremos que esto quede por escrito y no dependa de promesas puntuales», dijo Montaos en la asamblea, en lo que fue una condición para postergar la iniciativa de segregación.
«Concedemos un voto de confianza á alcaldesa, condicionado ao cumprimento dunha serie de peticións básicas formuladas xa desde hai moito tempo» —dijo José Antonio Montaos—.
Choque entre valoraciones técnicas y experiencia del vecindario
La relación entre la corporación municipal y los vecinos de Busto lleva meses marcada por desencuentros. Desde el equipo de Raxoi se trasladó en repetidas ocasiones la existencia de «dificultades técnicas» para que el autobús urbano acceda a determinados viales de la parroquia; responsables municipales y de Tussa realizaron visitas en las que, según fuentes oficiales, constataron que «los caminos están asfaltados y relativamente en buen estado» y recordaron que el bus escolar realiza diariamente las rutas.
Para los vecinos, sin embargo, esas observaciones no bastan. Montaos sostuvo que las maniobras necesarias para el autobús y la seguridad en paradas y giros no fueron valoradas en los pliegos del contrato, y que la presencia del bus escolar no sustituye un servicio urbano regular. Fuentes del departamento de Duro apuntaron a este diario que las limitaciones de maniobra fueron detectadas y que la llegada de la línea a Busto será «una de las primeras cuestiones» a negociar con la empresa adjudicataria una vez concluido el proceso de contratación.
La discusión técnica no está desvinculada de lo político. El hecho de que el nuevo contrato sea un contrato de servicios —es decir, sin líneas preestablecidas, contratando kilómetros de prestación— abre la puerta a modificaciones posteriores, pero también genera incertidumbre sobre cómo se materializarán los compromisos y en qué calendario.
Antecedentes y el telón de fondo rural
No es la primera vez que Busto reclama igualdad en servicios con respecto al casco urbano. En fechas recientes la parroquia denunció sentirse la única zona rural del municipio sin conexión al bus urbano, una queja que conecta con la agenda del llamado «Pacto polo Rural», que en años anteriores puso como prioridades el saneamiento, el abastecimiento de agua y el transporte público en los concellos gallegos.
La propuesta de segregación y anexión a Trazo apareció como un gesto de presión: un aviso político para visibilizar el malestar y forzar compromisos. Cabe recordar que un proceso de segregación y anexión de este tipo no es automático; exige informes técnicos, la voluntad de ambos ayuntamientos y autorizaciones en el ámbito autonómico, además de previsibles trámites administrativos y económicos. Por eso, para muchos vecinos la propuesta tenía un componente principalmente simbólico.
En el hinterland de Santiago, la cuestión del transporte rural vuelve a ser un barómetro sobre cómo se atiende la Galicia periférica frente a la expansión de servicios en la capital. La combinación de despoblación en áreas rurales y la concentración de recursos en el centro urbano alimenta estas tensiones.
Repercusiones políticas y próximos pasos
La exigencia de dimisiones —la asamblea aprobó reclamar la renuncia de Xan Duro y el cese de José Ramón Mosquera— introduce un factor de inestabilidad política en la gestión local de la movilidad. A falta de confirmación oficial por parte del equipo de gobierno sobre posibles cambios en el área de Mobilidade o en la dirección de Tussa, la petición de los vecinos funciona como una presión pública que podría cobrar relevancia si el asunto trasciende a otros barrios rurales.
En los próximos días, los representantes vecinales insistirán en que el tema entre en el orden del día del pleno municipal para que los grupos políticos se comprometan de forma explícita. Además, la adjudicación del nuevo contrato de transporte será un momento clave: la redacción final del servicio y el diálogo con la empresa adjudicataria determinarán si Busto consigue la conexión prometida o si el conflicto se enquista.
Para la alcaldesa Goretti Sanmartín, el «voto de confianza» condiciona su margen de maniobra: si cumple las mejoras en asfaltado, abastecimiento y, sobre todo, consigue que el bus llegue a la parroquia, habrá ganado tiempo político. Si no lo hace, la protesta podría reactivarse y la llamada a la segregación recuperar protagonismo como herramienta de presión.
Sea como fuere, la asamblea de Busto sirve de termómetro. No solo pone sobre la mesa problemas concretos de movilidad y servicios, sino que también recuerda que el debate sobre la Galicia rural y su conexión con los núcleos urbanos continúa siendo un asunto definitorio de la política local en Compostela y su comarca.
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