La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó el 13 de marzo de 2026 en el Congreso de los Diputados un informe que denuncia retrasos prolongados y deficiencias en el sistema de dependencia español. Según ese dictamen, fallece una persona cada 16 minutos mientras espera una resolución que le permita acceder a prestaciones o servicios. El documento subraya que el tiempo medio de tramitación durante 2025 se situó en 341 días, muy por encima del plazo máximo legal de 180 días. La asociación atribuye esta situación a la insuficiente financiación y a una estructura administrativa compleja que impide garantizar el derecho con celeridad.

Aunque en 2025 el sistema registró un récord de inversión, alcanzando los 13.506 millones de euros, el gasto en prestaciones para mayores y personas dependientes continúa siendo reducido en términos macroeconómicos. Las partidas destinadas a este fin supusieron apenas el 0,8% del PIB, la mitad de la media comunitaria, lo que, según los autores del informe, consolida un modelo de «bajo coste» con prestaciones de escasa cuantía e intensidad. Ese bajo peso presupuestario, sostienen, es la base de las desigualdades territoriales y de la insuficiente cobertura de necesidades básicas.

El aumento del tiempo de tramitación es palpable: en 2025 la media ascendió siete días respecto a 2024 y diecisiete respecto a 2023. La ley establece un máximo de 180 días para resolver los expedientes, pero solo cinco comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla cumplen ese mandato. Castilla y León figura como la más eficiente con 113 días, seguida del País Vasco (129), Aragón (141), Castilla-La Mancha (165) y La Rioja (174), mientras la mayoría de las demás regiones superan la barrera legal.

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En el extremo contrario se sitúan varias comunidades con demoras que superan con creces el año. Murcia alcanza los 559 días de espera, Andalucía 496 y Canarias 430, cifras que, según el informe, reflejan graves bolsas de desatención y diferencias territoriales inaceptables. Cataluña se sitúa en una posición intermedia con 276 días, por debajo de la media nacional pero todavía lejos de la agilidad que la ley exige. La asociación advierte del coste humano y asistencial de estas dilaciones para personas frágiles y sus familias.

Los responsables del estudio señalan varias causas estructurales: recortes sucesivos en fases claves de despliegue del sistema, insuficiente dotación de personal y un entramado burocrático que multiplica trámites. En muchos territorios, explican, se han encadenado procedimientos administrativos —primero la valoración del grado de dependencia y luego la resolución sobre la prestación concreta— que incrementan los plazos y frustran el acceso efectivo a la ayuda. Esa concatenación, sumada a la falta de recursos, convierte el derecho en un objetivo difícil de alcanzar para quienes más lo necesitan.

El impacto no es solo temporal sino cualitativo: la oferta de servicios tiende a ser de baja intensidad y cuantía, con prestaciones que no siempre responden a la gravedad de las situaciones. El informe alerta de que, frente a las necesidades reales, se impone un sistema que prioriza soluciones mínimas y de alcance limitado, lo que obliga a muchas familias a recurrir a recursos propios o a desatender cuidados esenciales. La asociación reclama una revisión que ponga énfasis en prestaciones más completas y sostenidas en el tiempo.

La presentación del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia busca también señalar responsabilidades políticas y proponer medidas. Entre las recomendaciones se plantean la mejora de la financiación, la simplificación de los procedimientos administrativos y la articulación de mecanismos de garantía que eviten demoras injustificadas. Los autores recuerdan que sin una apuesta presupuestaria clara y procedimientos más ágiles será difícil cerrar las brechas territoriales y garantizar una atención digna.

El informe abre un nuevo frente de debate en el Congreso y en las comunidades autónomas, donde la gestión y el ritmo de aplicación de la ley de dependencia varían notablemente. La necesidad de armonizar criterios, reforzar plantillas y acompañar la inversión con reformas administrativas aparece como imprescindible para reducir esperas y evitar que, como alerta el dictamen, la demora suponga pérdidas humanas evitables. La cuestión plantea ahora un reto político y presupuestario que exigirá decisiones concretas si se pretende transformar el diagnóstico en mejoras reales para las personas dependientes.