Casi 34.000 gallegos siguen bajo vigilancia por tomar fármacos de “alto riesgo”

Desde Santiago, la Consellería de Sanidade mantiene bajo seguimiento a casi 34.000 pacientes en Galicia por la prescripción de medicamentos considerados de alto riesgo: opioides como el fentanilo, tratamientos que aumentan la probabilidad de caídas, fármacos que pueden derivar en insuficiencia renal aguda o en hemorragias. El plan, implantado hace años en el sistema público, exige receta especial y un control multidisciplinar para minimizar daños y detectar desde efectos adversos hasta usos inadecuados o escaladas peligrosas de dosis.

Cómo funciona el programa y quiénes entran en la lista

El listado de pacientes forma parte del programa «Prácticas seguras con medicamentos de uso crónico», pensado para quienes padecen enfermedades crónicas y están polimedicados. No se incorpora a todo paciente con múltiples fármacos, sino a quienes tienen prescritos tratamientos que, por su perfil farmacológico, presentan mayor probabilidad de causar daño. La Consellería distribuye una guía entre médicos de Atención Primaria, enfermería y farmacéuticos para homogeneizar criterios y detectar riesgos como la deterioro renal, las hemorragias o el riesgo de adicción derivado de opioides.

El procedimiento de vigilancia combina varias medidas: receta especial para retirar el medicamento, revisiones periódicas de la eficacia y del balance riesgo-beneficio, evaluación de toda la medicación concomitante y, en muchos casos, interconsulta con farmacia hospitalaria. Son los equipos de Atención Primaria quienes, en la práctica diaria, llevan la responsabilidad de vigilar signos de alarma y coordinar la intervención si surgen problemas.

Más allá del papeleo, la apuesta es práctica: reevaluar si el fármaco sigue siendo necesario, reducir dosis cuando procede y promover la retirada progresiva o la sustitución por alternativas más seguras. Los farmacéuticos comunitarios también juegan un papel activo al identificar duplicidades o interacciones en la medicación dispensada.

Descenso notable desde 2018, pero con matices

Al inicio del programa, en 2018, figuraban 62.511 pacientes en la lista. A finales de 2025 la cifra se situó en 33.934, lo que supone una reducción del 46%. Esa disminución es una de las principales banderas que exhibe el Sergas y la Consellería de Sanidade a la hora de evaluar la eficacia de las prácticas implantadas.

No obstante, la propia administración advierte que los criterios de inclusión no han sido estáticos: “

algunos dejan de tenerse en cuenta porque se consideran alcanzados los objetivos y se incluyen otros nuevos

”, dicen fuentes oficiales. Es decir, una parte de la caída responde a que se han modificado las reglas del juego, además de a la propia desprescripción o a la sustitución de fármacos de mayor riesgo.

En el capítulo de opioides, Galicia atribuye una reducción acumulada del 12% en siete años del número de pacientes en riesgo por consumo de estos fármacos. El descenso más acusado se registra entre pacientes oncológicos que estaban con fentanilo de liberación rápida para el dolor disruptivo: desde 2018 han disminuido un 79% y solo en el último año hubo una caída adicional del 32%. Es una señal de que los protocolos clínicos han cambiado la práctica con analgesia de rescate en ciertos perfiles de pacientes.

Riesgos, tensiones y próximas decisiones

Las cifras esconden debates clínicos y éticos. Por un lado está la necesidad imperiosa de evitar adicciones y efectos adversos severos; por otro, el deber de no dejar desatendido al paciente que sufre dolor intenso o tiene tratamiento oncológico. La experiencia de Galicia —con una población envejecida y prevalencia elevada de comorbilidades crónicas— obliga a afinar las decisiones: retirar un medicamento sin ofrecer alternativas adecuadas puede empeorar la calidad de vida.

En la red de primaria se percibe un aumento de la carga de trabajo. Revisar tratamientos crónicos, coordinar con farmacia hospitalaria y ofrecer seguimiento requiere tiempo y recursos. Profesionales consultados en distintas áreas sanitarias de Galicia advierten de la necesidad de mayor formación continuada en deprescripción, acceso más ágil a consultas de farmacia clínica y sistemas informáticos que detecten interacciones y duplicidades de manera automática.

Asimismo, especialistas en dolor reclaman protocolos claros para el manejo del paciente que necesita analgesia potente: estrategias combinadas no farmacológicas, uso de neuromodulación cuando procede, y pautas para la transición a alternativas menos problemáticas. La prevención del abuso implica también educación al paciente y seguimiento cercano, algo que las consultas de Atención Primaria deben consolidar.

Otro asunto emergente es la vigilancia posprescripción: no basta con limitar la emisión de recetas especiales si luego no hay controles de adherencia, evaluación de efectos o cribado de signos de dependencia. La coordinación entre niveles asistenciales y una mejor integración de datos son asignaturas pendientes que, en la práctica, marcan la diferencia entre una política correcta y una eficaz.

Mirando hacia adelante, la administración sanitaria anuncia ajustes continuos en los criterios de inclusión, seguimiento y evaluación. Para que la reducción de cifras no sea solo un dato administrativo sino una mejora real en seguridad, será necesario reforzar la atención primaria, dotar de recursos a la farmacia clínica y mantener la formación de los profesionales. La receta, en este caso, es tan clínica como organizativa: sin estructuras que sostengan el control, la vigilancia queda en buenas intenciones.