Santiago registra niveles inéditos de presencia de cocaína en las aguas residuales y, detrás de esa cifras, hay un mercado que ha mutado: más oferta internacional, droga con mayor concentración y una logística urbana que prioriza la rapidez y la discreción. En apenas unos años la cadena que va desde el campo andino hasta las calles compostelanas ha variado de ritmo y de forma, con consecuencias visibles en controles policiales y en los dispositivos municipales contra el menudeo.

Más oferta, mayor pureza y precios al por mayor muy bajos

Las unidades especializadas en estupefacientes señalan que el punto de partida de este cambio es una producción récord en los países andinos, con Colombia a la cabeza y superficies cultivadas que se cuentan por centenas de miles de hectáreas. Fuentes policiales sitúan esa expansión en niveles que superan las cifras conocidas hasta hace poco: hablamos de crecimientos que han obligado a los cárteles a encontrar nuevos mercados para colocar un excedente masivo.

El efecto económico se ha traducido en una caída pronunciada del precio al por mayor en España. Donde a mediados de la década pasada el kilo de cocaína se pagaba por encima de los 40.000 euros, hoy es habitual encontrar partidas por debajo de los 20.000 euros e, incluso, operaciones en torno a los 15.000 euros. Ese abaratamiento al origen no se ha trasladado de forma proporcional al consumidor final en Santiago.

La lógica comercial que explican las fuentes es clara: el mayor volumen reduce la necesidad de «cortar» la sustancia para maximizar beneficios. Como resultado, la cocaína que llega a las calles compostelanas presenta niveles de pureza superiores a los de años anteriores. Esa menor adulteración implica dosis con más principio activo por cada gramo, lo que encarece también los indicadores de consumo medidos indirectamente, como los análisis de aguas.

«No es solo que haya más droga; lo que cambia es la potencia de lo que se consume», aseguran agentes especializados.

Los estudios de residuos y los informes europeos confirmaron recientemente un ascenso en la señalización de cocaína en Santiago, algo que en la Policía interpretan como la suma de mayor consumo y mayor concentración de principio activo en cada dosis.

El reparto exprés: motos, patinetes y menos rastro público

En la ciudad, el patrón de distribución ha dado un giro sensible. Atrás quedaron en muchos casos los puntos fijos y los narcopisos con actividad visible; en su lugar se ha impuesto un modelo de encargos previos y entregas «exprés» que reduce la huella del menudeo. Motocicletas, ciclomotores y hasta patinetes eléctricos se utilizan como plataformas de reparto que permiten una movilidad ágil por calles estrechas y plazas llenas de gente.

La rapidez es la ventaja principal para las redes: pedidos por mensajería instantánea, rutas de entrega que mimetizan la logística legal y la rotación constante de repartidores convierten a la ciudad en un mercado difícil de neutralizar mediante los métodos tradicionales. El barrio de Fontiñas, conocido desde hace años por los problemas asociados al trapicheo, sigue siendo un foco de actuación policial, pero los controles estacionarios se complementan ahora con operativos móviles y vigilancia sobre los puntos de encuentro virtuales.

Además, la fragmentación del circuito —entregas a domicilio, uso de intermediarios ocasionales, operaciones en horario nocturno— complica la trazabilidad y obliga a las fuerzas de seguridad a adaptar sus estrategias: más investigación digital, más trabajo de calle y una coordinación constante con las Fiscalía y los Juzgados para desarticular los eslabones de la cadena.

Impacto local, respuesta pública y riesgos para la salud

La presencia de cocaína más «limpia» plantea un doble desafío: por un lado, eleva el riesgo de consumos más intensos y, por otro, hace más visible el problema en indicadores epidemiológicos y ambientales. Servicios de Urgencias y asociaciones de reducción de riesgos advierten que un aumento en la potencia de la droga puede derivar en picos de crisis tóxicas, aunque por ahora no se han difundido cifras públicas que señalen un incremento masivo de ingresados por sobredosis en Santiago.

En el plano institucional, la respuesta se mueve entre la represión y la prevención. Ayuntamiento y fuerzas de seguridad refuerzan controles en zonas sensibles de la ciudad —centros universitarios, la zona vieja y barrios periféricos con más vulnerabilidad—, mientras que organizaciones sociales demandan más recursos para programas de reducción de daños, atención a adicciones y campañas de información dirigidas a jóvenes y a quienes ejercen la prostitución, colectivos con mayor exposición al mercado de menudeo.

La presión sobre la cadena de suministro internacional no parece suficiente para frenar el flujo: el endurecimiento de controles en otros mercados, sobre todo en Estados Unidos por la crisis del fentanilo, ha redirigido parte de la mercancía hacia Europa, según interpretan los investigadores. Esa circunstancia ha situado al continente en una posición atractiva para las organizaciones que buscan canalizar excedentes.

Para Santiago, ciudad con un turismo que se ha recuperado tras la pandemia y una vida nocturna intensa, esa combinación de mayor oferta y mayores niveles de pureza exige una política pública integrada. No bastan los registros y las actuaciones puntuales; hacen falta dispositivos de atención, vigilancia sanitaria y un trabajo preventivo continuado en aulas, locales y espacios de ocio.

Mirando al futuro inmediato, los expertos insisten en que la situación puede consolidarse o virar según la evolución de los mercados internacionales y la eficacia de las estrategias locales. Si la abundancia persiste, los precios al por mayor podrían seguir bajando, pero la estabilidad del menudeo y la demanda en la ciudad —anclada en torno a los 60 euros por gramo y ofertas puntuales de 2 gramos por 100 euros en determinados circuitos— apuntan a que el fenómeno no será de fácil resolución.

Conviene recordar que la experiencia en Galicia ha mostrado que las respuestas meramente represivas no son suficientes: la disrupción de un punto de venta suele trasladar la actividad a otro enclave. Por eso, según fuentes locales, la combinación de investigación policial, programas de reducción de daños y políticas sociales orientadas a la recuperación de los barrios es, a día de hoy, la hoja de ruta más realista para contener los riesgos asociados a esta nueva fase del mercado de la cocaína en Santiago.