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Comienza en Oviedo el juicio por la llamada «casa de los horrores» donde unos padres tuvieron encerrados a sus hijos casi cuatro años

Comienza en Oviedo el juicio por la llamada "casa de los horrores" donde unos padres tuvieron encerrados a sus hijos cas

La Audiencia de Oviedo ha comenzado este martes, 10 de marzo de 2026, el juicio contra la pareja acusada de mantener retenidos a sus tres hijos menores en la vivienda familiar en las afueras de la capital asturiana desde diciembre de 2021 hasta abril de 2025. El tribunal ha decidido celebrar la vista a puerta cerrada por la gravedad de los hechos y para proteger a las víctimas, todos ellos menores. La Fiscalía sostiene que los padres actuaron por un miedo irracional a un hipotético contagio que los llevó a aislar por completo a los niños del mundo exterior.

La pareja, que permanece en prisión provisional desde poco después de su detención, se enfrenta a penas que suman 25 años y cuatro meses de cárcel por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. El sumario agrupa los distintos cargos que pesan sobre cada progenitor y recoge la petición de la Fiscalía en función de las supuestas privaciones y el tiempo de duración de los hechos. El tribunal ha subrayado el riesgo de re-victimización que supondría la publicidad del proceso, razón por la cual las sesiones serán reservadas.

Según la acusación, los hechos salieron a la luz tras una denuncia vecinal y la intervención policial culminó con la detención de los padres el 28 de abril de 2025. Dos días después ambos ingresaron en prisión provisional. La investigación describe a los progenitores como un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y una mujer de 48 años con doble nacionalidad alemana y estadounidense, y sitúa el aislamiento de los menores en un periodo que se extiende casi cuatro años.

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Los informes policiales y forenses recogen un cuadro de extrema privación: la vivienda en la que vivían estaba en avanzado estado de abandono, con basura acumulada incluso bajo las camas y ventanas cerradas de manera que se impedía la visibilidad desde el exterior. En el interior, los agentes hallaron a dos gemelos de ocho años y a un hermano de diez con signos de carencias básicas: vestían pijama, llevaban mascarillas superpuestas y usaban pañales pese a su edad. Los gemelos dormían en cunas sin patas apoyadas directamente en el suelo, y el hermano mayor en una especie de camastro igualmente inadecuado para su desarrollo.

La Fiscalía sostiene que los padres negaron a los menores cualquier contacto físico o por medios de comunicación con otras personas, lo que les privó de seguimiento sanitario, escolarización y de relaciones sociales y emocionales fundamentales. Los niños no habían sido escolarizados en España y, según consta en la acusación, los gemelos no sabían leer ni escribir. Los informes recogen además la presencia de un animal en malas condiciones higiénicas en una de las estancias, lo que completó la imagen de abandono del inmueble.

Los menores se comunicaban mayoritariamente en inglés y, siempre según la documentación del caso, fueron sometidos a rutinas y limitaciones que los focalizaron en un entorno doméstico clausurado. La instrucción subraya el carácter continuado del trato y la decisión deliberada de aislarlos, aspectos que configuran la acusación de violencia psíquica habitual. La Fiscalía ha expuesto estos elementos durante la apertura del juicio para fundamentar su petición de penas.

El inicio de la vista oral reaviva preguntas sobre los mecanismos de detección y protección de menores que, por distintas circunstancias, no siguen los cauces habituales de escolarización o atención médica. Aunque la causa se ciñe a determinar responsabilidades penales, el caso ha generado ya debate público sobre la coordinación entre servicios sociales, educativos y sanitarios para identificar situaciones de riesgo prolongadas en el tiempo.

La audiencia continuará con la exposición de pruebas y las declaraciones previstas en días sucesivos, en una vista que se celebra con todas las medidas de protección dirigidas a evitar daños adicionales a las víctimas. El proceso judicial tendrá que determinar responsabilidades y, al mismo tiempo, abrirá la vía para evaluar si se pudieron evitar estas circunstancias y cómo reforzar la vigilancia para que casos como éste no vuelvan a producirse.

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Redacción

Periodista de Galicia Universal.