La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado de Pontevedra, plaza 1, ha obligado a la Xunta a pagar 10.000 euros en concepto de daño moral a un antiguo jefe del Servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario de Pontevedra por considerar irregular su cese. La sentencia, conocida el 11 de marzo de 2026 y difundida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, estima en parte el recurso del afectado contra la resolución administrativa de 2 de junio de 2023 que rechazó su reclamación. El tribunal concluye que la actuación del Servizo Galego de Saúde incurrió en responsabilidad patrimonial y provocó un perjuicio de orden moral al demandante.

El exresponsable presentó en su recurso la anulación de la decisión que dio lugar a su cese y reclamó una indemnización de 60.000 euros, alegando que su destitución fue arbitraria y motivada por animadversión personal. Según la demanda, la maniobra buscó desbancarle para colocar en su puesto a una persona con menor mérito y capacidad, mediante el amaño del procedimiento selectivo convocado. La Xunta, por su parte, sostuvo ante el tribunal que no existió antijuridicidad en sus actos y que el supuesto daño no era atribuible a su conducta.

Tras examinar la prueba aportada por las partes, el magistrado concluyó que la actuación del Sergas fue irregular y causó un daño moral al demandante, si bien cuantificó la reparación en 10.000 euros. En la resolución se subraya que antecedentes judiciales que anularon el cese pusieron de manifiesto un funcionamiento anormal en el proceso administrativo que llevó a la destitución. El juez también criticó la falta de motivación y razonamiento adecuado en la actuación de la Administración al adoptar la decisión que privó al médico de su plaza.

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El tribunal destaca que la conducta administrativa supuso, además del perjuicio patrimonial eventualmente subsanable, una humillación y frustración profesional que afectó la dignidad del demandante. Señala igualmente que los hechos se produjeron en la etapa final de la carrera del médico, tras décadas de ejercicio profesional en niveles de máxima responsabilidad del servicio, lo que agrava el menoscabo moral sufrido. Ese contexto ha pesado para fijar la cuantía de la indemnización por el daño no patrimonial.

En su escrito, el demandante vinculó el cese a animadversión personal de alguno de sus superiores y a la voluntad de favorecer a otro candidato con menores méritos, alegaciones que el tribunal considera acreditadas en parte por las resoluciones previas que invalidaron la destitución. La sentencia critica implícitamente el diseño y la tramitación del proceso selectivo, que, según el fallo, no respetó los principios de mérito y capacidad que deben regir en la Administración pública en materia de personal.

La resolución tiene alcance ejemplar en cuanto a la exigencia de responsabilidad a la Administración por fallos en la gestión de personal sanitario, aunque su efecto económico es contenido. Para el Sergas, el episodio supone un nuevo foco de debate sobre la transparencia y la corrección en los nombramientos en los hospitales gallegos y plantea preguntas sobre las medidas internas de control y evaluación de los procedimientos de selección.

Fuentes judiciales recuerdan que la sentencia no es firme y que puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que la cuestión podría resolverse en una instancia superior. En la nota difundida por el TSXG no se recogen reacciones de la Xunta ni del propio afectado tras conocerse el fallo, aunque en la fase administrativa la Xunta negó irregularidades en su actuación. El pronunciamiento añade, en cualquier caso, una referencia judicial relevante sobre la protección del derecho al prestigio profesional.

El caso pone de manifiesto, a nivel local, la sensibilidad que generan los ceses de responsables clínicos en áreas especializadas como la psiquiatría, donde la continuidad y la gestión del equipo resultan especialmente críticas. Más allá de la indemnización fijada, la sentencia supone un reconocimiento judicial del perjuicio moral sufrido por un profesional que reclama la reparación de una gestión que el tribunal considera defectuosa.