El PSOE ha planteado una reforma del Código Penal que busca rebajar los umbrales de velocidad a partir de los cuales un exceso dejaría de ser una infracción administrativa y pasaría a ser considerado delito, informó Faro de Vigo el 11 de marzo de 2026. La propuesta afectaría a conductas habituales en entornos urbanos como Vigo y Pontevedra —donde circular a 80 km/h es posible en determinados viales— y en autovías y autopistas como la AP-9 o la A-6, con velocidades que hoy se sancionan económicamente. El objetivo declarado por el partido es endurecer las consecuencias penales de quienes pongan en riesgo la seguridad vial al superar de forma notable los límites establecidos.

En la práctica, muchos comportamientos que ahora se resuelven mediante una sanción administrativa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carné quedarían sujetos a la vía penal. Esto implicaría la apertura de procedimientos judiciales que podrían culminar en multas judiciales, trabajos en beneficio de la comunidad y, en los casos más graves, penas de prisión. La iniciativa pretende, según sus promotores, dar una respuesta más contundente a la conducción temeraria y reducir así la siniestralidad en las carreteras y en los cascos urbanos.

Fuentes del PSOE sostienen que la modificación es necesaria porque la vía administrativa no siempre refleja la gravedad de ciertos hechos ni su potencial lesividad para terceras personas. En su diagnóstico, la penalización reforzada actúa como disuasión y facilita la actuación contra conductas que actualmente resultan difíciles de perseguir con la contundencia que exige la sociedad. No obstante, el detalle técnico de los nuevos umbrales y las penas concretas está aún por concretar en el texto que debe tramitarse en las Cortes.

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La medida, en caso de avanzar, cambiaría la práctica habitual en controles de tráfico como los que la Guardia Civil realiza en la N-550 en Pontevedra, donde se detectan excessos intermitentes de velocidad. Actualmente, la detección suele desembocar en sanciones administrativas y puntos, pero con la reforma muchos de los casos significativos darían paso a actuaciones judiciales. Esto implica también una mayor carga para los juzgados de instrucción y para la fiscalía, que tendrían que tramitar un volumen mayor de causas relacionadas con el tráfico.

Para los conductores implicados, las consecuencias serían muy distintas a las actuales. Más allá de la pérdida de puntos o del pago de una multa, enfrentarse a un proceso penal conlleva la posibilidad de condena y antecedentes que pueden afectar a empleos relacionados con la conducción, contratos de seguro y la situación personal de las personas implicadas. Abogados penalistas han apuntado en otras ocasiones que la criminalización de determinadas conductas debe acompañarse de criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar proporcionalidad en las penas.

Representantes del sector del transporte y asociaciones de automovilistas han mostrado ya su preocupación ante la mera posibilidad de que infracciones de velocidad que hasta ahora se sancionan administrativamente se transformen en delitos. Alegan que haría falta definir con precisión los límites y establecer garantías procesales para los conductores, además de medidas de formación y prevención que vayan acompañadas de la respuesta punitiva. Desde la Administración, en cambio, se incide en la necesidad de priorizar la seguridad vial y proteger a peatones y usuarios vulnerables.

La tramitación de una reforma del Código Penal requiere el paso por el Congreso y, en su caso, por el Senado, así como la negociación con otros grupos políticos para fijar los términos finales. No hay aún un calendario cerrado para su debate, por lo que la entrada en vigor de cualquier cambio puede demorarse. En el tramo intermedio, las autoridades de tráfico mantienen las campañas de control y concienciación para reducir la velocidad en puntos conflictivos de la comunidad gallega.

En el ámbito local, la propuesta reabre el debate sobre las políticas de movilidad en ciudades como Vigo y Pontevedra, donde la convivencia entre tráfico motorizado, bicicletas y peatones reclama soluciones integradas. Convertir determinados excesos de velocidad en delitos supone una apuesta por la sanción penal como herramienta complementaria, pero también obliga a abordar medidas de prevención, planificación urbana y educación vial para lograr el objetivo declarado: calles y carreteras más seguras para todos.