Monte Neme, Touro y los depósitos de Rubiais en Pedrafita do Cebreiro figuran entre las cuatro instalaciones mineras de Galicia catalogadas como “peligrosas” por el Ministerio para la Transición Ecológica en su inventario oficial. El listado, creado en 2012 y revisado por última vez en 2022, incorpora presas y escombreras que provocaron derrumbes y levantaron la alarma de colectivos ecologistas; dos de esos derrumbes ocurrieron en 2014 y en enero de este año, respectivamente.
Estado de las instalaciones y riesgos inmediatos
La catalogación como ‘peligrosa’ no es una mera etiqueta administrativa: se refiere a elementos con capacidad de generar un impacto significativo sobre el medio físico y las personas en caso de fallo estructural. En Monte Neme, entre los ayuntamientos de Carballo y Malpica, conviven balsas y escombreras asociadas a una antigua explotación de áridos cuya inestabilidad se hizo palpable con dos episodios de desprendimiento, uno en 2014 y otro en enero de 2026. Fuentes municipales y técnicos de la zona describen movimientos de masa que volvieron a reabrir el debate sobre la vigilancia y el mantenimiento de estos depósitos.
En el caso de Touro, el inventario incluye residuos derivados de antiguas labores mineras que llevan años en el punto de mira por su potencial de contaminación hidrogeológica. A falta de confirmación oficial sobre actuaciones concretas para su sellado, organizaciones ambientalistas llevan tiempo reclamando inspecciones sistemáticas y planes de remediación financiados por los titulares de las concesiones o por la administración cuando estos no existen o están en manos de empresas disueltas.
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Conoce más →La nota sobre Rubiais, en el municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro, añade otra dimensión: se trata de una mina cerrada en los años ochenta que, según la documentación que figura en el inventario, mantiene residuos capaces de afectar cuencas y vías fluviales en un territorio marcado por fuertes pendientes y redes de pequeños regatos que desembocan en valles más poblados. En paralelo, la relación ministerial menciona una presa adicional cuya localización no siempre aparece delimitada con precisión en los registros accesibles públicamente, lo que complica la priorización de medidas.
Antecedentes: minería, paisajes y polémicas en Galicia
La presencia minera en Galicia tiene profundas raíces históricas y económicas. No es la primera vez que la reapertura o el abandono de explotaciones provoca tensiones entre intereses económicos y protección ambiental. Proyectos recientes —y en algunos casos frustrados— han mostrado la sensibilidad social alrededor de cualquier iniciativa que pueda alterar el paisaje o poner en riesgo acuíferos. Cabe recordar episodios de movilización vecinal y de denuncia por parte de colectivos ecologistas en comarcas donde la memoria colectiva aún conserva imágenes de trincheras, canteras y balsas que han marcado laderas y riberas.
El propio inventario del Ministerio, nacido en 2012 y actualizado en 2022, fue una respuesta administrativa a la necesidad de mapear y priorizar instalaciones que requieren vigilancia o intervención. Sin embargo, técnicos y ONGs señalan que una lista es el primer paso: hace falta presupuesto, coordinación interadministrativa y, sobre todo, claridad sobre quién asume la responsabilidad técnica y financiera de cada actuación. En la práctica, la tipificación como riesgo ambiental no siempre se traduce en actuaciones inmediatas.
Repercusiones locales y próximos pasos
En los municipios afectados, la reacción oficial ha sido diversa: desde promesas de intensificar inspecciones hasta recordatorios sobre la competencia de la Xunta en materia de minería y medio ambiente. Según fuentes cercanas a los equipos técnicos de algunas corporaciones locales, se están recabando expedientes para cotejar titulares, antigüedad de las concesiones y estados de vigilancia. Los vecinos, por su parte, reclaman transparencia y participación en las decisiones. No faltan demandas de medidas preventivas: revisión de drenajes, recalces de taludes y, en los casos más urgentes, el vaciado controlado de balsas para minimizar la carga de material inestable.
En el plano regional, la inclusión en el inventario alimenta un debate más amplio sobre el modelo de gestión de residuos mineros: ¿pagan siempre los operadores? ¿Existe capacidad administrativa para asumir contingencias si la empresa responsable ya no existe? Las fiscalías ambientales y la normativa europea sobre gestión de residuos peligrosos ofrecen marcos legales, pero su aplicación práctica choca a menudo con plazos largos y con la dificultad de localizar a los responsables económicos tras décadas de cierres y transmisiones de derechos mineros.
La dimensión económica tampoco es desdeñable. La remediación de una escombrera o la recontrucción de una presa pueden suponer inversiones millonarias; los ayuntamientos de las zonas afectadas temen convertirse en receptores de una factura que no les corresponde. Al mismo tiempo, existen iniciativas públicas y fondos estatales y europeos concebidos precisamente para abordar pasivos ambientales, pero su tramitación exige proyectos técnicos sólidos y voluntad política para priorizar intervenciones en territorios periféricos como los de Galicia interior y la Costa da Morte.
Mirando hacia adelante, la presión ciudadana y la atención que suscita la inclusión en el inventario pueden acelerar pasos: controles más frecuentes, exigencia de planes de seguridad a los titulares y, en último término, convenios para ejecutar las obras necesarias. No se trata solo de limpiar un paisaje o asegurar una presa; es una cuestión de prevención para evitar que episodios puntuales —como los desprendimientos de 2014 y de enero de 2026— deriven en daños mayores a cauces, infraestructuras o personas.
Para Galicia, con su orografía compleja y sus valles densamente poblados en muchas comarcas, la gestión de estos pasivos es ya una asignatura pendiente. A falta de confirmación oficial sobre calendarios y responsabilidades, el desafío inmediato es convertir la lista del Ministerio en un plan operativo que combine técnica, financiación y participación local. Si algo ha enseñado la historia reciente, es que posponer decisiones en materia de residuos mineros puede convertir un riesgo conocido en un problema mucho más caro y difícil de resolver.
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