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El Concello de Culleredo impulsa una limpieza simbólica del espacio público que combina revocaciones de honores concedidos durante la dictadura con cambios en el callejero local. La propuesta, respaldada por un informe del departamento de Cultura y por los trabajos del historiador municipal jubilado Carlos Pereira, se elevará al pleno el próximo 31 de marzo para debatir la retirada de distinciones y el renombrado de dos vías.
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Conoce más →La decisión municipal y la propuesta al pleno
El gobierno local, encabezado por José Ramón Rioboo, presentará una moción que propone quitar la condición de hijos adoptivos a dos figuras vinculadas al franquismo: Ricardo Catoira Garaboa, nombrado en 1955, y Diego Salas Pombo, distinguido en 1945. El expediente municipal sostiene que ambos mantuvieron responsabilidades y vínculos con el aparato del régimen que justifican la revocación de honores en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
En paralelo, el Concello planteará cambiar el nombre de dos calles con conexiones directas a episodios represivos: la actual calle Sanjurjo de Carricarte —en O Burgo— pasaría a llamarse calle Párroco José Ferreiro, en respuesta a una solicitud vecinal para reconocer la labor social del sacerdote; y la vía dedicada a Narciso Pardo, en Liñares, se propondrá rebautizar como calle Tolerancia, en un gesto explícito hacia valores democráticos.
«Debemos deixar de honrar aos que representaron a represión e dar paso a referentes que de verdade nos representen a todos e todas», expresó Rioboo.
La iniciativa municipal no es meramente retrospectiva: los promotores la definen como un acto de reparación y dignidad dirigido a vecinos y familias que sufrieron la represión, y como una manera de ajustar la simbología pública a los principios de convivencia actuales.
Raíces históricas y memoria local
Los cambios proyectados descansan en hechos concretos consignados por Cultura: el expediente recoge, por ejemplo, la actuación de Eduardo Sanjurjo de Carricarte como vocal ponente en tribunales militares que procesaron a vecinos de Culleredo en consejos de guerra sumarísimos. En el caso de Narciso Pardo, su perfil como dirigente falangista y su papel en sesiones municipales que celebraron homenajes al régimen aparecen como motivos para el renombrado.
La figura de Ricardo Catoira adquiere especial relevancia por su cercanía personal a Francisco Franco; según la documentación municipal, acompañó al dictador desde la Guerra Civil, fue testigo del testamento de Franco y una pieza clave en la gestión del Pazo de Meirás. La sentencia que devolvió el pazo al patrimonio público situó de nuevo a Catoira en el centro del debate sobre quiénes administraron y lucraron con bienes vinculados a la familia Franco.
Por su parte, la trayectoria de Diego Salas Pombo incluye cargos como gobernador civil y procurador en Cortes, y en el expediente se subraya que votó en contra de la Ley para la Reforma Política en 1976, el texto que abrió el proceso de transición. Ese dato, recuerdan responsables municipales, ilustra que la homologación simplista de figuras franquistas bajo la etiqueta de “la transición” no siempre refleja la realidad de sus actuaciones.
La sensibilidad local está alimentada además por episodios recientes: el pasado verano Culleredo celebró la recepción de los restos de dos guerrilleros antifranquistas —José Galán «Dereito» y Manuel Ramiro Souto— en un emotivo acto en el salón de plenos antes de su traslado a Almeiras. Aquella ceremonia, aún en la memoria de muchos vecinos, reforzó las reclamaciones de familias y colectivos de memoria para que el municipio acometiese estas reparaciones simbólicas.
Repercusiones y próximos pasos
Ante la proximidad del pleno, la moción llega con un respaldo técnico notable pero también con previsibles fricciones políticas. Las fuentes consultadas por el Concello esperan debates intensos: hay colectivos que reclamarán un enfoque más amplio de la memoria, y algún sector conservador podría cuestionar la pertinencia de intervenir sobre honores con varias décadas de historia.
Si la corporación aprueba las propuestas, el Ayuntamiento afrontará un trámite operativo: actualizar señalética, notificar cambios a registros oficiales y ajustar documentación municipal. Además, la sustitución de nombres en el callejero exigirá un plan de comunicación para explicar a los vecinos el alcance y la finalidad de las medidas, y para evitar confusiones administrativas que suelen acompañar este tipo de cambios.
Más allá de la logística, la actuación de Culleredo aporta una pieza más al mapa de las memorias en Galicia, donde la presencia del Pazo de Meirás y las heridas abiertas por la dictadura hacen que la revisión de honores y calles adquiera una resonancia especial. El pleno del 31 de marzo servirá, en cualquier caso, como termómetro de cómo se interpreta hoy la memoria en un municipio que ha visto de cerca algunos de los episodios más sensibles de la historia reciente gallega.
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