El mapa de la vivienda en Vigo experimentó el año pasado un cambio notable: los lanzamientos judiciales retrocedieron con fuerza, pero las reclamaciones relacionadas con la ocupación de inmuebles subieron. El último informe del Consejo General del Poder Judicial sitúa en 392 los desalojos ejecutados en la provincia de Pontevedra en 2025, cifra que contrasta con la creciente alarma de propietarios por los 39 procedimientos civiles abiertos por okupación.

Descenso de lanzamientos: cifras y causas

La caída en los desahucios es palpable. Las 392 ejecuciones en 2025 suponen un descenso del 16% respecto a las 470 del año anterior y un retroceso del 42% respecto a los 685 contabilizados hace cinco años. No hay una sola razón que explique ese retroceso; más bien una confluencia de factores estructurales y normativos.

Por un lado, el mercado de alquiler en Vigo ha sufrido una transformación en los últimos cursos: el auge de los pisos turísticos y la reconversión de viviendas a corta estancia han menguado la oferta de arrendamiento tradicional. En barrios donde hace una década sobraban anuncios de alquiler, hoy es habitual ver carteles de viviendas en plataformas turísticas o en manos de gestores profesionales, lo que reduce la circulación de contratos y, por ende, los conflictos derivados del arrendamiento.

Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda introdujo cambios en la tramitación judicial de las demandas por impago. Esa normativa, combinada con una mayor sensibilidad judicial hacia situaciones de especial vulnerabilidad, ha ralentizado parte de los procedimientos. En toda Galicia, solo en el último trimestre de 2025 se presentaron 104 solicitudes de suspensión de lanzamientos por motivos de vulnerabilidad y se acordó la suspensión en 14 casos, muchos de ellos vinculados a familias sin alternativa habitacional.

Además, los lanzamientos en Vigo continúan estando mayoritariamente motivados por el impago de rentas, con las ejecuciones hipotecarias a bastante distancia. No son excepcionales, tampoco, los conflictos familiares que terminan en desalojo. Y, como denuncian despachos que trabajan en la ciudad, la vía judicial puede alargarse: no es la primera vez que propietarios tardan cerca de un año en recuperar una vivienda por la lentitud procesal y la acumulación de causas en los juzgados de lo civil.

Repunte de la okupación y las vías judiciales disponibles

Frente a la reducción de lanzamientos, la ocupación ha mostrado un repunte que los propietarios perciben con inquietud. Los procedimientos civiles por ocupación subieron hasta 39 en 2025, frente a los 26 del año anterior. Esa estadística pone en evidencia una tendencia dual: menos desalojos por impago, más litigios por la usurpación de inmuebles.

Los propietarios cuentan con dos vías: la civil, para la reclamación de la posesión, y la penal, cuando concurren indicios de usurpación. En la práctica, la elección no es neutral. Abogados consultados en Vigo explican que la vía penal puede ser más rápida cuando se demuestra con claridad la ocupación y la inexistencia de contrato, pero exige cumplir umbrales probatorios que no siempre están a mano. La vía civil, en cambio, suele ser más prolongada y técnica, y a menudo se topa con las mismas lagunas de prueba que retrasan los lanzamientos.

El fenómeno no es ajeno a ciertos puntos concretos de la ciudad. Barrios como Teis han sido escenario de casos que llegaron a juicio y a peritajes para cuantificar daños, mientras que en otras zonas, especialmente en el casco histórico o en polígonos con locales vacíos, la ocupación de locales comerciales también suscita preocupación. Los daños materiales, la pérdida de renta y la complejidad de probar la ocupación habitual conforman un problema que, para muchos, exige respuestas más ágiles por parte de las administraciones y los tribunales.

Impacto local y próximas respuestas políticas

El doble movimiento —menos desahucios, más okupaciones— tiene consecuencias prácticas para la ciudad. En primer término, agrava la sensación de inseguridad entre propietarios modestos que dependen de la renta para su subsistencia. En segundo lugar, alimenta el debate político sobre la necesidad de medidas que amplíen el parque de vivienda asequible y que regulen con mayor eficacia el fenómeno turístico que empuja la oferta a la corta estancia.

En Vigo, como en otras capitales de la Eurorrexión, las administraciones locales y autonómicas se enfrentarán a decisiones complicadas en los próximos meses. El Ayuntamiento puede optar por incentivar la reconversión de pisos turísticos a alquiler de larga duración, aumentar la inspección de viviendas y locales vacíos y promover alternativas de realojo para sujetos en situación de exclusión. La Xunta de Galicia, por su parte, tiene competencias en vivienda social y en políticas destinadas a reducir los desalojos sin alternativa habitacional.

El sector inmobiliario y los colectivos de inquilinos mantienen posiciones encontradas. Mientras unos piden mayor protección de la propiedad y celeridad judicial, otros insisten en que sin un incremento sostenido de vivienda social y control de los usos turísticos el problema de fondo no se resuelve. Según fuentes cercanas a despachos profesionales de Vigo, la solución pasa por una batería de medidas que combinen prevención, mediación y, en su caso, sanciones administrativas a usos irregulares del parque residencial.

Mirando hacia adelante, la pregunta es si la tendencia se confirmará o si responde a una coyuntura puntual. La reducción de lanzamientos puede interpretarse como un alivio para familias y arrendatarios tras años de tensiones, pero el aumento de procedimientos por ocupación advierte de tensiones nuevas: el mercado no se está reajustando de manera homogénea. A falta de confirmación oficial sobre cambios normativos que aceleren los procesos, la ciudad necesita políticas que actúen sobre la oferta, la protección social y la capacidad de respuesta judicial.

Para quienes siguen de cerca la realidad del parque de viviendas viguesas, la lección es clara: las cifras no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. El descenso de desahucios es una buena noticia en términos absolutos; sin embargo, el repunte de la okupación subraya que la crisis de acceso y de convivencia en la vivienda sigue viva y exige, como tantas veces en nuestra historia reciente, soluciones con visión de ciudad y pacto entre instituciones, jueces y sociedad civil.