La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red que, presuntamente, remitió de manera irregular 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife hacia varios países africanos. La operación, difundida el 17 de marzo de 2026, se centra en la utilización de documentación falsa para ocultar la verdadera naturaleza de las cargas y eludir los controles aduaneros y ambientales. En la causa están siendo investigadas 32 personas y cuatro empresas con sede en Canarias y Baleares. El objetivo declarado de los sospechosos era facilitar la exportación de mercancías que no cumplían los requisitos de descontaminación y tratamiento exigidos.

La investigación arrancó tras detectar un movimiento continuado de contenedores que salían del puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a distintos puertos africanos. Agentes del Seprona y funcionarios de Vigilancia Aduanera siguieron el rastro de esos envíos y corroboraron un flujo constante de mercancías cuya documentación mercantil, según las pesquisas, servía para encubrir el contenido real. Las inspecciones sobre el terreno y el análisis documental permitieron a las autoridades acreditar irregularidades en la clasificación y declaración de las partidas.

Según las diligencias, la organización utilizaba facturas y datos comerciales presuntamente falsos para evitar controles y que la mercancía fuera detenida u obligada a someterse a los procedimientos de descontaminación. La estrategia permitió que materiales potencialmente peligrosos salieran del territorio español sin las garantías ambientales necesarias, lo que, de confirmarse, constituye un riesgo para el medio ambiente y la salud pública en los países receptores.

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Modo de operación y materiales enviados

Entre los residuos detectados figuran aparatos eléctricos y electrónicos desmantelados, con motores y compresores extraídos de unidades frigoríficas que, según la investigación, no pasaron por los procesos de descontaminación obligatorios. Esos componentes pueden contener gases y sustancias nocivas que, si se liberan, tienen impacto ambiental significativo. Además, la red exportó piezas y repuestos de automoción sin el tratamiento adecuado y un importante volumen de extintores.

En concreto, las fuerzas de seguridad han identificado el envío de aproximadamente 38 toneladas de extintores junto con vehículos —turismos, camionetas y camiones— que eran declarados como mercancía de segunda mano mediante documentación que, presuntamente, falseaba su estado y origen. Ese mecanismo habría facilitado su salida por vía marítima al presentarlos como bienes aptos para la reexportación sin controles exhaustivos.

Riesgos ambientales y delictivos

Los especialistas apuntan que la exportación de residuos sin la descontaminación y el control adecuados puede provocar la liberación de sustancias tóxicas y contribuir a la contaminación del suelo y del agua en los receptores. El traslado transfronterizo de residuos está regulado para evitar precisamente estos daños, y su incumplimiento puede suponer responsabilidades penales y administrativas para los implicados.

En la causa, además de las personas investigadas, figuran cuatro sociedades domiciliadas en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca. Están imputados, a la espera de diligencias, por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por posibles fraudes relacionados con la documentación aduanera y comercial que permitieron las exportaciones.

Fuentes próximas al caso señalan que la operación incluyó tareas de seguimiento logístico y revisión documental para trazar el circuito completo de las mercancías desde su origen hasta su embarque. La cooperación entre Seprona y Vigilancia Aduanera ha sido clave para identificar patrones repetitivos en la forma en que se declaraban las cargas y en la selección de destinos en África.

Por el momento no se han hecho públicas todas las medidas cautelares adoptadas ni el detalle de posibles intervenciones de material en puerto o en empresas implicadas. Las autoridades continuarán con las pesquisas para determinar la responsabilidad penal y administrativa de cada uno de los investigados, así como el volumen exacto de residuos realmente exportados bajo el presunto entramado.

El caso subraya la persistencia de redes que buscan externalizar la gestión de residuos problemáticos mediante prácticas fraudulentas y la necesidad de vigilancia constante en los puertos españoles. Los organismos ambientales y aduaneros recuerdan la importancia de las obligaciones de descontaminación y trazabilidad para prevenir daños que, una vez producidos, resultan difíciles de reparar.