Tras años de intentos por localizar a sus propietarios, Agader asumirá la titularidad de 797 fincas procedentes de procesos de concentración parcelaria en Galicia. La toma de posesión se hace efectiva después de un procedimiento que incluye hasta diez años de rastreo y cesión en alquiler de los terrenos no reclamados, una medida que Reactiva el debate sobre la gestión del suelo rústico en una comunidad marcada por la despoblación y la fragmentación agraria.
Cómo se llega a esta transferencia de titularidad
La operación parte de las reglas fijadas por la Ley de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, redactada en 2020 y en vigor desde mayo de 2021, que introdujo mecanismos para movilizar suelos agrícolas y forestales abandonados o sin dueño identificable. Según fuentes administrativas consultadas, las parcelas objeto de la medida proceden de antiguas concentraciones parcelarias —proyectos técnicos que agrupan y ordenan fincas para hacerlas más operativas— donde, aun tras años de advertencias y avisos registrales, no apareció el titular.
El proceso que culmina ahora contempla un periodo prolongado de localización del propietario: notificaciones, búsquedas en registros y, cuando procede, el alquiler temporal de la parcela para que no quede en total abandono. Si, transcurrido ese tiempo —hasta una década en algunos casos— nadie reclama la titularidad, la fincas pasan a formar parte del patrimonio del banco de tierras gestionado por Agader. Es esta batería de medidas la que hace posible que casi ochocientas fincas cambien de manos en un solo paquete.
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Conoce más →La cifra no es baladí, pero hay que ponerla en perspectiva. La propia ley aspiraba a movilizar un total de aproximadamente 320.000 fincas en Galicia. Que ahora el saldo sea de 797 refleja tanto las dificultades prácticas del registro y la identificación de propietarios como la lenta incorporación de instrumentos públicos para recuperar y defender el uso agrario del suelo.
Ilustra el fenómeno el caso de municipios del interior, como Cartelle (Ourense), donde las concentraciones parcelarias tradicionales dejaron un paisaje de pequeñas parcelas desperdigadas que, con el tiempo, han ido cayendo en la desidia al no existir continuidad en las explotaciones ni heredero que las gestione. La medida de Agader intenta precisamente evitar que esos pedazos de tierra terminen en matojos o integrados en procesos especulativos de difícil control local.
Antecedentes y limitaciones de la ley
La Lei de Recuperación de Terra Agraria nació con la ambición de corregir problemas endémicos de Galicia: la fragmentación de la propiedad, el envejecimiento del mundo rural y la pérdida de suelo útil para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, no es la primera vez que se topa con obstáculos administrativos y sociales. Los registros catastrales y la documentación hereditaria incompleta son viejos conocidos. A menudo, los propietarios aparecen solo años después de que el terreno haya sido alquilado o puesto a disposición de la administración.
Además, la ley tiene un componente técnico: la identificación y el saneamiento jurídico de las fincas requieren peritaciones, certificaciones y largos trámites en los ayuntamientos y registros de la propiedad. El resultado es que, aunque la intención política sea amplia, la movilidad efectiva del suelo se produce a cuentagotas. Los 797 solares ahora en manos de Agader suponen un avance tangible, pero representan apenas una pequeñísima fracción del objetivo inicial, lo que invita a replantear plazos y recursos dedicados a la implementación.
Hay quien en el sector agrario critica la burocracia y pide mayor agilidad para poner las parcelas a disposición de explotaciones profesionales, especialmente de jóvenes agricultores. Otros advierten del riesgo de actuaciones precipitas que, sin la debida transparencia, pueden generar conflictos con vecindarios afectados por reclamaciones tardías de herederos o por la pérdida de uso tradicional de ciertos caminos y pastos.
Repercusiones locales y próximos pasos
Para los concellos donde se ubican esas fincas, la cesión al banco de tierras abre una posibilidad práctica: incorporar parcelas al circuito de alquileres para proyectos agrarios, iniciativas de recuperación de pastos o programas de reforestación controlada. El banco de tierras funciona como intermediario: adquiere la titularidad administrativa y puede ofrecer contratos temporales a quien demuestre capacidad técnica y un proyecto viable. Esa es la vía más directa para que el suelo deje de estar inactivo y vuelva a producir renta o bienes ambientales.
La gestión, eso sí, exigirá dotación presupuestaria y criterios claros. La experiencia previa muestra que poner en marcha explotaciones, facilitar el acceso de jóvenes agricultores y garantizar la conservación ambiental requiere coordinación entre la Xunta, las diputaciones y los ayuntamientos rurales. En algunas comarcas, las entidades locales han pedido modelos de gobernanza compartida que permitan decidir usos —agrícolas, ganaderos o forestales— adaptados a las necesidades y al paisaje propio.
A falta de confirmación oficial sobre el detalle de cada parcela, fuentes municipales señalan que el siguiente paso será un inventario público que relacione las fincas, su localización y las condiciones en que se cede su uso. La transparencia será clave para evitar conflictos y para que pequeñas explotaciones familiares o colectivos agrarios puedan presentar proyectos. La movilización de estas fincas también podría servir para impulsar programas formativos y de asesoramiento técnico, algo que muchas comarcas reclaman desde hace años.
Más allá de las cifras, lo que está en juego es la medida en que la política pública logra reconectar suelo y actividad. La transferencia de 797 fincas no resolverá el problema estructural de la Galicia rural, pero sí supone un paso práctico: recuperar patrimonio agrario que, de otra forma, habría permanecido inerte. En un territorio en el que la memoria del trabajo en el campo sigue presente en aldeas y mercados, esa tierra recuperada puede ser la base para pequeñas historias de retorno y creación de empleo si se acompaña de políticas coherentes y permanentes.
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