El BOE publica 700 plazas de jueces y fiscales: ¿cuántas corresponden a Galicia y qué impacto tendrán?

El BOE ha publicado esta mañana la convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales, la mayor oferta pública de la última década. Pero la noticia, que en Madrid se celebra como un alivio para la justicia, en Galicia se recibe con un punto de retranca. Aquí el atasco judicial es crónico y las plazas anunciadas saben a poco.

Una oferta histórica, pero insuficiente

El Ministerio de Justicia ha lanzado 500 plazas para la carrera judicial y 200 para la Fiscalía, con el objetivo de reducir las tasas de litigiosidad que asfixian los juzgados. Lo cierto es que la medida llega tras meses de protestas de los sindicatos, que denunciaban una plantilla envejecida y una sobrecarga insostenible. De hecho, España tiene una media de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, que ronda los 18. Ahora bien, el reparto territorial de estas 700 plazas no se ha detallado aún, y ahí está la clave para Galicia.

“Galicia necesita al menos un 15% de esas plazas para empezar a normalizar su servicio de justicia. Llevamos años con una ratio de jueces por habitante que nos sitúa a la cola de las comunidades autónomas”, explica un portavoz del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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La justicia gallega, al límite

En la terra gallega los juzgados arrastran retrasos de meses, especialmente en las ciudades medias como Ourense, Lugo o Pontevedra. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denunció el pasado año que un 40% de las plazas de jueces sustitutos estaban vacantes, lo que obligaba a acumular asuntos en los titulares. La situación es especialmente grave en lo penal y en lo contencioso-administrativo. La falta de fiscales, por su parte, provoca que muchos casos se archiven por prescripción antes de llegar a juicio. En la provincia de A Coruña, por ejemplo, cada fiscal asume más de 2.500 asuntos al año, tres veces más que la media recomendada.

De las 700 plazas ofertadas, se estima que a Galicia podrían corresponderle entre 50 y 60, según cálculos de las asociaciones judiciales. Una cifra que, a juicio de los expertos, apenas serviría para cubrir las jubilaciones previstas en los próximos dos años. “No es una solución, es un parche”, resumen desde la Asociación Judicial Francisco de Vigo. La morriña de ver cómo otras comunidades avanzan mientras aquí se enquistan los nombramientos genera un malestar creciente entre los operadores jurídicos.

¿Qué impacto real tendrá?

La convocatoria del BOE incluye un incremento de plazas en la fase de oposición, pero el proceso selectivo dura entre 18 y 24 meses. Eso significa que los nuevos jueces y fiscales no pisarán los juzgados gallegos hasta 2026, como muy pronto. Además, la mayor parte de las plazas se destinarán a sedes judiciales con alta litigiosidad, como Madrid, Barcelona o Valencia. Galicia, pese a sus carencias, no está en el primer nivel de prioridad del Ministerio.

Ahora bien, el Gobierno gallego ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio para reclamar un cupo específico que atienda las singularidades del país: dispersión geográfica, envejecimiento de la población y una elevada tasa de judicialización en materia civil. De conseguirse, las 700 plazas podrían suponer un respiro. Si no, la justicia gallega seguirá cojeando, con jueces que hacen funciones de tres y expedientes que acumulan polvo en los armarios. Lo que está claro es que el BOE ha dado un paso, pero en Galicia esperaban una zancada.