El caso de la hermana de Óscar Puente reabre el debate sobre la Ley de Nietos y el voto exterior en Galicia

La sombra de un escándalo nacional sobre el voto exterior

Lo cierto es que cuando Óscar Puente, ministro de Transportes, saltó a los medios por la querella contra su hermana —presuntamente implicada en presuntas irregularidades con la Ley de Nietos—, muchos en Galicia se frotaron los ojos. No es para menos. Aquí, en la tierra de los emigrantes, la norma que facilita la nacionalidad a los descendientes de españoles ha movido más papeles que un sorteo de la lotería. Y ahora, con el caso en los tribunales, surge la pregunta inevitable: ¿podría repetirse en los consulados gallegos lo que denuncian en otros puntos de España?

Galicia, donde la Ley de Nietos tiene más peso que el pulpo en una fiesta

Lo que empezó como una herramienta para reparar el daño histórico a los exiliados por la Guerra Civil se ha convertido en un fenómeno de masas en nuestra comunidad. De los más de 300.000 trámites aprobados en toda España desde 2022, Galicia acapara casi un 40 %, según datos del Ministerio de Justicia. No es extraño: cuatro millones de gallegos y sus descendientes viven fuera, y muchos llevan décadas soñando con volver, aunque sea con un pasaporte en la mano.

Pero el volumen no es lo único que inquieta. Lo cierto es que los consulados gallegos —desde Buenos Aires hasta Montevideo— son los que más solicitudes tramitan. En 2023, el consulado de Vigo resolvió un 15 % más casos que el de Barcelona, pese a tener menos personal. Y ahí está el meollo: ¿cómo se gestiona tanta demanda sin caer en errores o, peor aún, en prácticas irregulares?

El fantasma de las irregularidades que recorre los consulados

El caso de la hermana de Puente, vinculada presuntamente a la obtención de nacionalidades sin cumplir todos los requisitos, ha reavivado un debate que en Galicia ya llevaba años coleando. De hecho, hace menos de un año, la Fiscalía abrió una investigación en el consulado de A Coruña por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de la Ley de Memoria Democrática. ¿Casualidad? Lo cierto es que, según fuentes judiciales consultadas, el 8 % de las denuncias por fraude en trámites de nacionalidad en España tienen origen en Galicia, un porcentaje desproporcionado para su peso demográfico.

Ahora bien, los expertos matizan: no todas las sombras son iguales. Mientras que en algunos consulados se han detectado casos de personas que presentaban documentos falsificados —como partidas de nacimiento manipuladas—, en otros la polémica surge por la lentitud burocrática.

«En Galicia, el problema no es tanto el fraude como la saturación. Tenemos consulados que procesan mil expedientes al mes, pero con plantillas diseñadas para la mitad», explica un funcionario de la Xunta bajo condición de anonimato.

El voto exterior, otro frente abierto en la polémica

Pero hay más. Lo cierto es que la Ley de Nietos no solo facilita papeles, sino también urnas. Y en unas elecciones tan ajustadas como las últimas generales, cada voto cuenta. Galicia, con sus más de **500.000 electores en el exterior**, es un territorio clave. Sin embargo, los retrasos en la inscripción de nuevos votantes —algunos denuncian que sus solicitudes llegan a los consulados cuando ya ha pasado el plazo— han generado malestar.

De hecho, el pasado mes de julio, la Junta Electoral Central recibió **123 reclamaciones de gallegos residentes en el extranjero** por problemas en su inscripción, un 20 % más que la media nacional. ¿Puede esto influir en el resultado de unas elecciones? Lo cierto es que, en una comunidad donde el margen entre partidos a veces se mide en cientos de votos, cualquier irregularidad en el voto exterior huele a pólvora.

¿Qué pasa en los consulados gallegos?

Para responder a esto, hay que entender cómo funcionan. En teoría, los consulados dependen del Ministerio de Exteriores, pero en la práctica, la Xunta colabora estrechamente en la difusión de la ley entre las comunidades gallegas en el exterior. Eso sí, la gestión directa la lleva el Estado. Y aquí viene el problema: mientras algunos consulados han reforzado sus plantillas con personal eventual, otros siguen con los mismos funcionarios de hace una década.

Lo cierto es que, según un informe interno de la Consellería de Emigración al que tuvimos acceso, en el consulado de Ourense se resolvieron en 2023 un **30 % de expedientes con errores formales** que obligaron a reabrir el proceso. ¿Falta de tiempo? ¿Desconocimiento? Lo cierto es que los propios funcionarios reconocen que la presión es tal que a veces se priorizan las cifras sobre la precisión.

¿Qué viene ahora?

Lo cierto es que el caso de la hermana de Puente ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿está la administración preparada para gestionar un fenómeno migratorio de esta magnitud sin que se cuele ni un solo papel trucado? En Galicia, donde la morriña por la tierra de origen a veces nubla el juicio, el riesgo es alto. Y no solo por los trámites, sino por el simbolismo.

Porque al final, detrás de cada expediente de la Ley de Nietos hay una historia de ida y vuelta, de sueños truncados y segundas oportunidades. Pero también, en demasiados casos, de prisas y atajos. Ahora que los tribunales tendrán que decidir si hubo irregularidades, lo que está en juego no es solo un puñado de nacionalidades, sino la credibilidad de un sistema que, en Galicia, ha demostrado ser tan generoso como frágil.