José Ángel Bahamonde, concejal de Urbanismo de Baiona, figura como administrador solidario de la empresa que está montando los nuevos apartamentos turísticos prefabricados que esta semana comenzaron a instalarse en una parcela de Sabarís, en la rúa Pouquena. La compañía promotora del sistema modular ha contratado a la sociedad de la que Bahamonde es socio para la erección de las unidades, que se anuncian como un producto de gama alta y responden a una tendencia creciente en la construcción. El desembarco ha reavivado el debate sobre compatibilidades entre cargos públicos y actividad privada en el municipio.

Obras en Sabarís: el proyecto y su ejecución

Los módulos prefabricados han empezado a ensamblarse en la parcela citada, un solar cercano a la costa que en los últimos años ha visto multiplicarse las iniciativas vinculadas al turismo vacacional. La empresa constructora que fabrica los apartamentos opera desde una nave situada en Gondomar y se presenta como pionera en el Val Miñor en este tipo de vivienda industrializada. El encargo procede de otra sociedad –registrada como Servicios Turísticos Val Miñor S.L.– que figura como promotora de los apartamentos, y ha subcontratado la obra a la firma con sede en Gondomar.

Fuentes consultadas en el entorno del proyecto explican que el sistema modular permite un montaje más rápido y menor coste en mano de obra, algo que encaja con las dificultades del sector: escasez de operarios y el encarecimiento de materiales. Los responsables subrayan además la precisión técnica y el control de calidad que ofrece la construcción en fábrica, argumentando que se trata de una oportunidad para modernizar la oferta turística sin alargar los plazos tradicionales de obra.

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El propio concejal, arquitecto de profesión, reconoce su vínculo con la empresa constructora, aunque insiste en que su sociedad no es propietaria de las viviendas que se colocan ni ha solicitado licencia al Concello. «Somos socio de una empresa constructora de viviendas modulares», ha declarado, y añade que la promotora es una sociedad independiente que les encargó el trabajo. Según expone, mientras la compañía no solicite permisos al Ayuntamiento él se considera en disposición de compatibilizar ambas actividades, en línea con la normativa vigente.

Aunque en la práctica la actividad de la nave y el montaje se realiza lejos del despacho municipal —la base operativa de la sociedad está en la Avenida de Portugal y su domicilio social en la céntrica calle Elduayen de Gondomar— la cercanía administrativa y política ha generado inquietud entre vecinos y opositores locales.

Trayectoria y vínculos: política, arquitectura y empresa

El perfil de quien dirige Urbanismo del Ayuntamiento es conocido en Baiona: José Ángel Bahamonde compagina su formación de arquitecto con una carrera política que suma dos etapas en el área de Urbanismo. Su primer mandato como concejal se extendió entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Ángel Rodal, y desde la vuelta del Partido Popular al Consistorio en 2023 ocupa de nuevo el cargo con dedicación exclusiva, como número tres del equipo municipal presidido por Jesús Vázquez Almuiña.

La sociedad que fabrica los módulos fue fundada junto a él por otra persona con experiencia municipal: Daniel García Acuña, que hasta hace poco fue concejal de Vías y Obras. Esa conexión entre responsabilidades públicas previas y una iniciativa privada que aterriza ahora en Baiona alimenta la percepción de proximidad entre los actores y el objeto de la inversión. Para algunos, la combinación de conocimiento técnico y experiencia política puede ser una ventaja a la hora de ejecutar proyectos complejos; para otros, genera dudas legítimas sobre posibles conflictos de interés.

Legalmente, la cuestión se centra en los trámites administrativos. Bahamonde sostiene que en caso de que la empresa para la que trabaja solicitase una licencia al Concello procedería a abstenerse, un mecanismo previsto por la normativa para evitar decisiones en las que exista interés directo. No obstante, la mera existencia de la obra en Sabarís ha activado la circulación de críticas en redes sociales y la aparición de carteles que califican la actuación de «especulación».

Reacciones, tensión pública y pasos por delante

La reacción social no se ha hecho esperar. Vecinos y colectivos digitales han utilizado las fotografías del montaje para replantear el debate sobre la protección del paisaje costero, la saturación turística y la transparencia administrativa. En un municipio golpeado por campañas electorales y con la agenda urbana constantemente en disputa, la instalación de un producto nuevo como los apartamentos modulares es un asunto que puede escalar rápido en la opinión pública.

«Entiendo que las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay que hacer ruido», ha afirmado el concejal, y ha añadido: «Estoy muy tranquilo y muy seguro de lo que estoy haciendo».

Queda por ver si la polémica se queda en la esfera de la percepción o si derivará en actuaciones concretas. Algunas voces reclaman mayor claridad: acceso público a contratos, la verificación de la cadena de encargos entre las sociedades implicadas y, en su caso, la intervención de los órganos de control. Otros apelan a la normativa municipal sobre compatibilidades y a los registros de intereses para exigir una doble comprobación administrativa.

En el plano técnico, la empresa asegura tener ya varios encargos en cartera para instalar módulos en otros puntos del Val Miñor; se trata de una demanda que, dicen, responde a nuevas necesidades del mercado. Pero los proyectos de turismo residencial y vacacional siempre han tensionado el urbanismo del litoral gallego. Baiona, que en la historia reciente ha visto episodios de fuerte debate urbanístico, afronta un debate conocido: cómo conjugar iniciativa privada, protección del paisaje y reglas claras de convivencia entre lo público y lo privado.

El próximo paso pasa por la fiscalización local: el Concello puede exigir documentación adicional, y los grupos municipales de la oposición ya han dejado entrever que vigilarán de cerca cualquier trámite administrativo relacionado con el proyecto. La pregunta que queda en el aire es si la convivencia entre la actividad empresarial de un cargo público y sus responsabilidades municipales podrá resolverse únicamente con las abstenciones puntuales o exigirá medidas más drásticas de transparencia que calmen los recelos de una parte de la ciudadanía.

Mientras tanto, en la rúa Pouquena los módulos continúan su montaje bajo la atenta mirada de vecinos y curiosos. En un municipio donde la memoria urbanística pesa tanto como la brisa del Atlántico, este episodio vuelve a recordar que las decisiones sobre el territorio no son sólo técnicas: son también políticas y sociales, y la confianza en las instituciones será determinante para que proyectos como éste no se conviertan en otro motivo de fractura local.