La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial puso este jueves sobre la mesa un informe de su secretario general que reconoce fallos en la implantación de los tribunales de instancia, pero concluye que no se han producido suspensiones ni demoras generalizadas más allá de casos concretos. El documento, fechado en la primera quincena de marzo de 2026, recoge las opiniones de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia y detecta problemas localizados en varias comunidades, entre ellas Cataluña y Galicia. La preocupación principal que traslada el informe es el riesgo de nuevas paralizaciones una vez finalice la denominada “agenda puente” prevista para la puesta en marcha de este nuevo modelo, cuyo periodo transitorio concluye a finales de mes. En paralelo, el órgano de gobierno de los jueces ha decidido elevar estos diagnósticos al Ministerio de Justicia para buscar soluciones coordinadas.

El informe admite que la entrada en vigor, el pasado mes de enero, de los tribunales de instancia —que sustituyen al modelo anterior de juzgado con un juez titular y su equipo— ha generado incidencias operativas. La reforma organiza provincias y partidos judiciales mediante tribunales que agrupan a varios magistrados y comparten servicios comunes, un cambio profundo en la manera de distribuir personal y recursos. Según los tribunales superiores, la novedad ha afectado a la instrucción de asuntos, a las guardias y al seguimiento de procedimientos, especialmente donde la implantación ha sido más abrupta o desigual entre sedes. No obstante, el análisis del Consejo mantiene que la mayoría de los territorios no ha sufrido paralizaciones estructurales.

Entre los problemas concretos que recoge el informe destaca el aviso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que advierte del riesgo de suspensiones cuando concluya la fase transitoria de la agenda puente. Fuentes del órgano madrileño han señalado que la convivencia temporal de equipos y calendarios puede desembocar en cuellos de botella administrativos si no se refuerzan los recursos humanos y materiales. En algunas sedes, la transición a servicios comunes ha dejado tareas sin responsable claro o con turnos de funcionarios “flotantes” que dificultan la continuidad procesal, según el texto. El Consejo considera que esas tensiones son corregibles con medidas organizativas y refuerzos puntuales.

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El informe refleja, sin embargo, situaciones más graves en ciertos lugares que requieren atención inmediata. Cataluña ha comunicado al órgano de gobierno un caso estructural de retrasos en Reus, atribuido a la falta de personal funcionario suficiente para atender la nueva estructura. En Galicia, los tribunales superiores han reportado ralentizaciones y suspensiones vinculadas a la pérdida de control sobre algunos procedimientos, incluso en causas secretas o en investigaciones complejas y en procesos que afectan a víctimas especialmente vulnerables. Estas incidencias motivan al Consejo a pedir al Ministerio de Justicia un seguimiento pormenorizado y medidas compensatorias donde haga falta.

Los problemas que señalan los distintos tribunales van más allá de la escasez de plantilla: la dispersión de sedes y la existencia de “equipos flotantes” dificultan la prestación efectiva de los servicios comunes, y las incidencias informáticas han añadido otra capa de dificultad en el día a día. El informe recoge que cuando los funcionarios no están asignados de forma estable a una oficina, se resiente la instrucción de las causas y la gestión de las guardias, lo que a su vez puede derivar en aplazamientos. Respecto a la tecnología, se apuntan fallos en herramientas que deben facilitar la coordinación entre magistrados y servicios, y que hoy no funcionan con la fluidez esperada.

La elaboración del documento responde, según fuentes del Consejo, a la obligación de trasladar al Ministerio de Justicia las disfunciones detectadas para que el Gobierno pueda actuar desde la perspectiva normativa y presupuestaria. El órgano de gobierno de los jueces pretende con ese intercambio ajustar la implantación práctica del nuevo modelo a la realidad de cada territorio y evitar que el proceso derive en desigualdades territoriales en la atención judicial. La Comisión Permanente subraya la necesidad de una hoja de ruta que incluya inspecciones, refuerzos selectivos de personal y soluciones tecnológicas.

En el mismo Pleno, el Consejo aprobó una valoración favorable del Real Decreto de convocatoria de las 500 plazas de juez impulsado por el ministro Félix Bolaños, si bien matizó que serán necesarios algunos ajustes. El órgano se propone consensuar con el Ministerio esas modificaciones a partir de los datos que arrojen las inspecciones territoriales, con el objetivo de adecuar la oferta a las necesidades reales de los juzgados tras la reordenación. Fuentes del Consejo indicaron que la medida es importante para dotar de plantilla a los tribunales de instancia, pero que la distribución de las plazas debe responder a criterios objetivos de cargas de trabajo.

El proceso de transición hacia los tribunales de instancia representa, en la lectura del informe del Consejo, una reforma de gran calado con efectos heterogéneos: mientras en algunos partidos judiciales la nueva organización parece haber funcionado con más normalidad, en otros los problemas logísticos y de personal han desencadenado demoras puntuales. El órgano de gobierno de los jueces considera que muchas de las incidencias son subsanables con ajustes organizativos y refuerzos, pero mantiene abierta la alerta sobre territorios que requieren intervención más inmediata. A corto plazo, la coordinación con el Ministerio y la atención a las recomendaciones de inspección se presentan como los pasos clave para blindar la prestación de la justicia durante la transición.