El Tribunal Constitucional ha respaldado la decisión del Tribunal Supremo de examinar la constitucionalidad de la ley de amnistía, y la onda expansiva de ese choque institucional llega, como casi todo en la política española, también a Galicia. Lo cierto es que aquí la batalla no se libra en los tribunales, sino en los pasillos del Hórreo central de la Rúa do Villar: en el BNG, en el PPdeG y en el PSdeG, cada cual lee la sentencia desde un atril muy distinto.
Qué se ha decidido exactamente
El Supremo, que estudia varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre la ley que amnistía a los implicados en el procés, ha recibido ahora el apoyo del máximo intérprete de la Constitución para seguir adelante con su análisis. De hecho, es un movimiento poco habitual: el Constitucional declina quedarse el asunto y prefiere que el debate jurídico se zanje antes en la sala de Pablo Llarena. Ahora bien, el mensaje político es innegable: la ley de amnistía seguirá teniendo una amenaza legal encima de la mesa durante meses.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita cada voto como quien necesita el pan, no es un buen titular. Y para las federaciones territoriales del PSOE, Galicia incluida, tampoco, porque allí donde gobierna o aspira a gobernar la amnistía es un lastre que los rivales manejan con destreza.
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El BNG celebra cualquier tropiezo judicial de la ley con una retranca sajadiana que ya quisieran otros. Los nacionalistas negaron su apoyo a la investidura de Sánchez precisamente por la amnistía, y ahora remachan que les da la razón el tiempo. Su portavoz en el Parlamento gallego lo resumió así hace pocos días:
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En el PSdeG, en cambio, la disciplina de partido obliga a defender la ley como pieza esencial de la convivencia, aunque en privado más de un dirigente gallego reconoce que el tema no ayuda en las conversaciones con los alcaldes del rural. Cabe recordar que los socialistas gallegos llevan años intentando despegarse de la imagen de apéndice de la Moncloa, y cada avance judicial les reabre la herida. Gonzalo Caballero y los suyos apuestan por cambiar de página y hablar de sanidade, de vivienda y del corredor atlántico.
El PPdeG, con Alfonso Rueda en la Xunta y Miguel Tellado en la organización, tiene la tarde fácil: basta recortar titulares y distribuirlos. El partido popular fue el que impulsó la reforma del Código Penal para blindar a los jueces frente a futuras amnistías, y en Galicia usa el asunto para tapar críticas internas sobre la gestión de los incendios o la sanidade pública. De hecho, en el PP gallego confían en que el desgaste de la amnistía en el conjunto del Estado se traduzca en una caída del PSOE en las próximas citas electorales.
Un debate que en la terra suena distinto
Ahora bien, hay un matiz que se escapa fuera de Galicia: aquí el procés nunca fue un tema de calle. En los bares de Santiago o de Ourense se habla de la amnistía con una cierta lejanía, casi de oídas, y la encuestas históricas del CIS han mostrado repetidamente que el rechazo a la ley ronda en Galicia el mismo nivel que la media española, algo más del 60 %, aunque sin la carga emocional de otras comunidades. El morriña de la política catalana no arraiga en estas latitudes.
Por eso los partidos gallegos hacen equilibrios. El BNG prefiere hablar de «justicia propia» y de la vía soberanista que se marcó en su último congreso, con el objetivo de un referéndum que dejó claro que no busca replicar el procés. Los populares gallegos, que ganaron las autonómicas de 2024 con una mayoría amplia, saben que el eje Feijóo-Sánchez-amnistía funciona en tertulias de Madrid pero desluce frente a problemas cotidianos como la atención primaria en el interior.
El futuro inmediato pasa por la sala segunda del Supremo, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma en los próximos meses. Lo que decida acabará rebotando, una vez más, en la política gallega: en los apoyos externos que necesita cualquier Gobierno en Madrid, en la tensión interna del PSdeG y en la estrategia del PPdeG de presentar cada elección gallega como un plebiscito sobre el Gobierno central. Una vieja tradición de la terra que, al parecer, no tiene amnistía posible.
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