El juicio por la muerte de un operario en los astilleros Cardama, ocurrida en noviembre de 2022, arrancó este martes en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo con varios directivos sentados en el banquillo, acusados de delitos contra la seguridad y la salud laboral. La víctima, Iván C.C., perdió la vida cuando una pieza de gran tonelaje se precipitó sobre él durante una maniobra de descarga; la fiscalía pide penas de tres años de prisión para responsables de la empresa por presuntas negligencias. El proceso, que ya acumula varias suspensiones, acelera ahora la instrucción con la declaración de testigos y responsables técnicos.

En la primera sesión declaró un compañero de trabajo de la víctima, que relató cómo, mientras aguardaban para continuar con otra tarea, se ordenó cortar el tráfico para permitir la entrada de un camión que transportaba la carga. El testigo describió que el tráiler experimentó movimientos inusuales al franquear la entrada del astillero y que fue en ese momento cuando detectó un cable de acero tendido que terminó por interferir con la maniobra. La narración del trabajador contrasta con la versión de la defensa, que ha intentado situar el accidente como una concatenación de hechos fortuitos.

El conductor del camión atribuyó la sujeción de la pieza a la propia empresa y aseguró que nadie comprobó la seguridad de la carga antes de acceder al recinto, según quedó registrado en su declaración. Relató que actuó con cautela en una zona estrecha y que él mismo colocó una cinta para asegurar la pieza, pero que no recibió instrucciones ni advertencias sobre posibles obstáculos. Explicó asimismo que percibió balanceos mientras avanzaba y que la inestabilidad culminó en el siniestro.

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En su turno ante el juez, el director general de la mercantil, Mario Cardama, defendió la permanencia en las instalaciones de un cable identificado como «de varada», y señaló que, a su juicio, llevaba en el astillero desde 1986 sin que nadie hubiera formulado observaciones sobre su situación. El responsable reconoció que la infraestructura se retiró tras el accidente, pero intentó contextualizar la presencia del cable como un elemento antiguo del muelle que no había sido señalado previamente como peligro. También aludió a la responsabilidad que, según su versión, compete a los mandos intermedios para advertir de actividades de riesgo.

La acusación, sin embargo, sostiene que la empresa como cargador y destinatario de la pieza debía garantizar la seguridad de la operación y supervisar la estiba y su traslado. Un técnico en prevención de riesgos laborales declaró en la vista que la coordinación y la comprobación de la carga correspondían a Cardama, por lo que la supervisión de las maniobras iba incluida en sus obligaciones. Ese testimonio se erige como eje de la tesis acusatoria, que vincula omisiones en protocolos de seguridad con la desgracia laboral.

Además de los responsables del departamento de seguridad y salud y del área de I+D, se sientan en el banquillo el jefe de equipo y el jefe de buque, entre otros cargos para los que la fiscalía reclama penas de prisión y la imposición de responsabilidades civiles. La apertura del juicio ha reunido en la sala a representantes de la empresa, a familiares de la víctima y a trabajadores que presenciaron los hechos, que describen un clima de tensión y duelo por lo ocurrido. Las partes han anunciado que aportarán peritajes y documentación técnica para dirimir las causas y responsabilidades.

El accidente en Cardama reabre el debate sobre la seguridad en los astilleros gallegos, un sector con actividad intensa y operaciones de alto riesgo que exige protocolos rigurosos de estiba y transporte. Sindicatos y expertos en prevención han venido reclamando controles más estrictos y mayor formación para la coordinación en maniobras con piezas de gran tonelaje, una demanda que en este caso se ha visibilizado en sede judicial. La administración laboral y los investigadores deberán ahora comprobar si se incumplieron normas reglamentarias que pudieran vincularse directamente con la muerte del operario.

El juicio proseguirá con nuevas declaraciones y la presentación de pruebas periciales que apuntan a esclarecer si hubo negligencia empresarial o si, por el contrario, el siniestro obedeció a circunstancias imprevisibles. La familia de la víctima sigue pendiente del resultado del proceso, que además de dilucidar posibles penas de cárcel busca establecer responsabilidades civiles y medidas de reparación. Mientras tanto, la eliminación del cable y los cambios organizativos anunciados por la empresa forman parte de las primeras reacciones tras la tragedia.