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El eslabón débil de la justicia: Lugo ve fundir su turno de oficio

El eslabón débil de la justicia: Lugo ve fundir su turno de oficio

La justicia gratuita se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla del sistema judicial español. La facilidad de acceso a este servicio público, fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos más vulnerables, ha permitido que la demanda se dispare de manera exponencial. Sin embargo, este creciente volumen de trabajo está recaiendo sobre una plantilla cada vez más reducida y desmotivada. Lugo, como tantas otras demarcaciones, asiste con preocupación a cómo el tejido profesional que sostiene esta prestación se deshilacha progresivamente.

Un servicio público ahogado por la inflación

El corazón del problema reside en un profundo desajuste económico. Durante años, la abogacía ha venido denunciando que las tarifas fijadas para el turno de oficio están completamente desfasadas respecto al coste real de la vida. Esta brecha se ha visto agravada en los últimos tiempos por un contexto de alta inflación que ha encarecido de manera notoria el mantenimiento de los despachos profesionales, desde el alquiler de los locales hasta el coste de las herramientas de gestión y los suministros básicos.

Frente a esta coyuntura, los profesionales del derecho se enfrentan a una encrucijada. Asumir un asunto bajo el paraguas de la asistencia jurídica gratuita, que requiere desplazamientos, tiempo de estudio y comparecencia en tribunales, reporta hoy unos ingresos ínfimos en comparación con la clientela privada. La consecuencia es directa y demoledora: una hemorragia de talento que priva al sistema de los recursos humanos necesarios para su correcto funcionamiento.

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La abogacía lleva tiempo advirtiendo de que es inviable sostener un pilar esencial del Estado de derecho con retribuciones que no cubren los costes operativos de los despachos.

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El vértigo de las cifras autonómicas y nacionales

El goteo constante de bajas en Lugo no es un fenómeno aislado, sino el reflejo exacto de una tendencia preocupante que afecta a toda la geografía española. La defensa jurídica gratuita está perdiendo peso de manera acelerada. A nivel estatal, los datos son demoledores: la cifra global de profesionales adscritos experimentó un descenso cercano al 13 % entre 2019 y 2023, lo que supuso la salida del sistema de más de ochocientos letrados en ese periodo.

El panorama autonómico sigue la misma estela descendente. El conjunto de la comunidad gallega ha presenciado un éxodo significativo desde 2020, perdiendo más de un 14 % de sus efectivos dedicados a esta labor, lo que se traduce en una disminución superior al medio millar de abogados en activo. Paralelamente, en un comportamiento casi de espejo, las peticiones ciudadanas para acceder a este derecho no dejan de crecer, superando holgadamente el millón de expedientes anuales a nivel nacional.

Complejidad frente a falta de incentivos

Las dificultades puramente económicas se ven agravadas por otros factores de enorme peso que influyen en la decisión de los letrados de dar un paso al lado. En primer lugar, el volumen de casos que cada abogado debe gestionar resulta cada vez más asfixiante. La burocracia creciente y la saturación de los propios juzgados provocan que los expedientes se dilaten en el tiempo, multiplicando las horas de dedicación que el profesional debe invertir sin posibilidad de cobrar adicionales por ello.

Unido a esto, el avance normativo ha propiciado que la materia jurídica exija un nivel de preparación altamente técnico. La creciente especialización requerida para abordar con garantías asuntos complejos —desde delitos tecnológicos hasta regulaciones mercantiles sofisticadas— obliga a los abogados a una formación continua que resulta económicamente inviable sostener a través de las tarifas actuales del servicio gratuito. Paradójicamente, el ciudadano demanda cada vez un asesoramiento más experto, mientras el sistema castiga a quienes intentan proporcionarlo.

Una reforma urgente

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Carmen Dorado

Periodista especializada en cultura y sociedad gallega. Colaboradora habitual en medios digitales del noroeste peninsular.

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