Pedro Sánchez y su gabinete aprobaron este viernes un paquete de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, con desembolsos y rebajas fiscales que el Ejecutivo cifra en torno a 5.000 millones. El plan, dividido en dos reales decretos‑ley, combina actuaciones temporales —como la reducción del IVA y otros impuestos sobre combustibles, luz y gas— con reformas estructurales pensadas para acelerar la electrificación y la dependencia de renovables.

Qué incluye el paquete: rebajas fiscales y medidas de choque

Entre las medidas inmediatas destaca la rebaja del IVA del 21% al 10% para carburantes (gasolina y gasóleo), electricidad, gas natural y combustibles domésticos como pellets o leña. El Ejecutivo también aplicará la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial sobre hidrocarburos para gasolina y diésel y suspenderá temporalmente el impuesto del 7% a la producción eléctrica. El impuesto especial sobre la electricidad pasa del 5,11% al 0,5%, y el Gobierno congela el precio máximo de la bombona de butano y propano.

Las rebajas fiscales, según el texto aprobado, estarán vigentes, en principio, hasta el 30 de junio, aunque el Ejecutivo se reserva la posibilidad de anticipar su retirada si la evolución de los precios se modera antes. No obstante, el paquete incorpora medidas selectivas: el descuento general de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis energética anterior no se recupera de forma universal, sino que se dirige a profesionales de sectores especialmente afectados. El transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca recibirán un descuento de 20 céntimos por litro, y habrá ayudas equivalentes para la adquisición de fertilizantes.

El Gobierno incluye también refuerzos sobre el llamado escudo social. El bono social eléctrico verá aumentos en sus porcentajes de descuento hasta final de año —del 35% al 42,5% para consumidores vulnerables y del 50% al 57,5% para vulnerables severos— y el bono social térmico incrementa la ayuda mínima hasta 50 euros por hogar. Asimismo, se prohíben los cortes de suministros básicos (energía y agua) a consumidores en situación de vulnerabilidad.

Control de márgenes y obligaciones a las empresas beneficiarias

La reacción del Ejecutivo ante el temor a desbordes en los beneficios empresariales es clara: se refuerza la capacidad de supervisión de la CNMC para vigilar y sancionar a «las empresas que aprovechen esta crisis y las ayudas que reciban para enriquecerse».

“Se reforzará la vigilancia sobre la evolución de los márgenes singularmente de las energéticas”, dijo el presidente en rueda de prensa tras el Consejo.

Ese mayor control se concentra en las compañías del sector carburantes y eléctricas, cuyo comportamiento en momentos de tensión es objeto de escrutinio público. A la vez, el paquete impone condiciones a las empresas que reciban ayuda: no podrán acometer despidos objetivos vinculados a esos auxilios. También se adelanta la obligación de disponer de un plan de movilidad sostenible al trabajo: para empresas con más de 200 empleados (o 100 por turno) la norma entra en vigor antes de finales de año, y se extiende a compañías privadas que se beneficien de las ayudas.

En el plano fiscal y de incentivos a la descarbonización, el Gobierno prevé deducciones en el IRPF para hogares que instalen placas solares, puntos de recarga o bombas de calor, y para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. En el Impuesto sobre Sociedades queda recogida la libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos con combustibles fósiles, y se habilita a los ayuntamientos para bonificar hasta un 50% el IBI en viviendas con instalaciones renovables, con bonificaciones de hasta el 95% en las obras e instalaciones necesarias.

Contexto político y comunitario: tensiones internas y límites europeos

No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a una mezcla de medidas fiscales temporales y reformas estructurales en momentos de crisis. En la memoria colectiva reciente están las respuestas a las turbulencias energéticas de 2021‑2022. La novedad ahora es la combinación con controles de mercado más afilados y la inclusión, a última hora y tras tensiones entre los socios de Gobierno, de medidas específicas sobre vivienda que exigía Sumar.

En los pasillos del Palacio de la Moncloa se admite que la negociación fue tensa. Según fuentes cercanas a la coalición, el socio minoritario presionó para que el segundo real decreto incorporase medidas sobre alquileres y vivienda, y para reforzar el escudo social frente a un posible repunte de la pobreza energética. La incorporación de obligaciones medioambientales a las empresas beneficiarias responde, además, a una voluntad de Sumar de ligar ayudas a criterios de transición ecológica.

A nivel europeo, las posibilidades de actuación están condicionadas por las reglas comunitarias: la reducción de impuestos indirectos debe respetar los mínimos y procedimientos de la UE, y los controles sobre beneficios empresariales se mueven en un terreno complejo desde el punto de vista jurídico y operativo.

Repercusiones territoriales y próximos pasos

En Galicia, el paquete tiene un calado inmediato en sectores muy sensibles. La flota pesquera de Vigo y A Coruña, junto con el transporte de mercancías que atraviesa el puerto olívico, recibirán medidas directas con descuentos en carburante y ayudas a la movilidad. El mundo rural, donde el uso de leña y pellets para calefacción es mayoritario en muchas comarcas, verá aliviada una parte de la factura durante el periodo de vigencia. Ganaderos de Lugo y agricultores de la provincia se beneficiarán además de las ayudas a fertilizantes anunciadas por el Ejecutivo.

El Gobierno ha previsto mecanismos de seguimiento y revisión. Las rebajas fiscales se revisarán antes del 30 de junio y podrían activarse o desactivarse con antelación. Además, la CNMC y otros organismos supervisores deberán presentar informes sobre la evolución de los márgenes y el impacto de las ayudas. A nivel político, la acogida en el Parlamento marcará el ritmo: la oposición ya ha anunciado que vigilará con lupa tanto el coste como la eficacia de las medidas.

En última instancia, la iniciativa busca contener el efecto inmediato de una crisis geopolítica lejana pero económicamente próxima. Queda por ver si las rebajas y controles lograran amortiguar la subida de precios sin fiscalidad compensatoria que deteriore la recaudación, y si las reformas impulsadas aceleran la senda de descarbonización que el país lleva años dibujando. Para Galicia, la pregunta práctica es si esas medidas llegarán con rapidez y suficiente intensidad a su tejido productivo y a los hogares más expuestos al riesgo energético.