Pedro Sánchez anunció este viernes desde Moncloa un primer paquete de respuesta a la escalada de precios vinculada al conflicto en Irán que moviliza 5.000 millones de euros y consta de unas 80 medidas. El grueso de las actuaciones pasa por recortes fiscales sobre la energía —carburantes, gas y electricidad— que, según el presidente, entrarán en vigor tras su publicación en el BOE y beneficiarán a hogares y empresas en las próximas semanas.

Medidas, alcance y mecanismos para que la bajada no se quede en papel

El paquete contempla una rebaja del IVA sobre los combustibles del 21% al 10%, la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea y una ayuda directa de 20 céntimos por litro destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. El IVA del gas natural se sitúa también en el 10%, mientras que en la factura eléctrica el Ejecutivo calcula una reducción total de la presión fiscal cercana al 60%: IVA del 21% al 10%, el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) bajaría al 0,5% y se suspendería temporalmente el IVPEE.

En Moncloa defendieron que las medidas llegarán a alrededor de 20 millones de hogares y 3 millones de empresas, aunque fuentes del Ejecutivo admiten que el cálculo final dependerá de la duración del conflicto y de la evolución de los mercados. El presidente fue taxativo al hablar de una «reducción drástica de la fiscalidad energética»:

“Haremos lo que haga falta para proteger a las familias y a la actividad productiva; si hay que poner más recursos, se pondrán.”

Para evitar que las rebajas se traduzcan en mayores márgenes de beneficio para las grandes compañías eléctricas, el decreto incorpora un mecanismo de control del beneficio empresarial. Según el Gobierno, la herramienta tendrá rango legal para obligar a que la disminución fiscal repercuta en la factura del ciudadano. Además se contemplan ayudas específicas para la industria electrointensiva —reclamadas por PNV y EH Bildu— que, según el Ejecutivo, supondrán un ahorro de en torno a 200 millones gracias a la bonificación del 80% de los peajes eléctricos.

Choque en la coalición y el decreto específico sobre vivienda

La aprobación del paquete no estuvo exenta de tensión. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros comenzó con más de dos horas de retraso tras un choque interno con el socio minoritario, Sumar, cuya bancada se negó inicialmente a suscribir el plan por la ausencia de medidas concretas sobre vivienda. Los cuatro ministros del ala minoritaria, liderados por Yolanda Díaz, exigían la prohibición de los desahucios y la prórroga automática de los contratos de alquiler como condición para apoyar el decreto.

Las negociaciones in extremis, incluso dentro del propio Consejo, permitieron salvar el escollo: el Gobierno acordó tramitar por separado un decreto específico con las medidas de vivienda reclamadas por Sumar. No es la primera vez que la coalición atraviesa tensiones por el escudo social; ya en la prórroga anterior hubo discrepancias que pusieron en evidencia la fragilidad de mayorías necesarias en el Congreso. El propio presidente reconoció que no cuenta con el respaldo “de todos los grupos” para convalidar la norma.

La polémica política se mezcla además con la realidad parlamentaria: el bloque de la derecha y algunas formaciones independentistas tumbaron recientemente una moratoria antidesahucios, un recordatorio de que la convalidación del decreto puede ser incierta y que el Ejecutivo se enfrenta a una agenda parlamentaria compleja en las próximas semanas.

Impacto en Galicia y en sectores clave: de la lonja al camión

En Galicia, las medidas tienen destinatarios concretos. La rebaja del combustible y la ayuda por litro afectan a una flota pesquera que opera desde puertos como Burela y Marín, a agricultores de la Mariña lucense y a miles de transportistas cuyo coste del combustible había marcado la economía regional durante meses. La intervención en el sector electrointensivo también podría ser relevante para la industria de la comunidad: la fabricación de celulosa, el metal o plantas con alto consumo eléctrico verían alivios directos en sus peajes.

El escudo social incluye además la recuperación del bono social eléctrico con descuentos extraordinarios a lo largo de 2026, el refuerzo del bono social térmico y la prohibición de cortes de suministro, medidas que en Galicia pueden resultar determinantes para familias vulnerables en comarcas de mayor envejecimiento y menor densidad urbana. En paralelo, el decreto incluye deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética en viviendas y por la compra de vehículos eléctricos enchufables, así como agilizaciones administrativas para renovables y almacenamiento.

Queda por ver cómo se traducirán las medidas en los consumidores finales. El control del margen de las eléctricas y la supervisión de que la bajada fiscal llegue a la factura serán claves para evitar que el beneficio se concentre en los grandes grupos y no en el bolsillo de quienes pagan la luz y la gasolina.

El paquete entrará en vigor tras su publicación en el BOE este sábado, pero su impacto real dependerá de la velocidad de implementación, de la actuación de la CNMC y de la capacidad del Gobierno para negociar apoyos en un Congreso fragmentado. Si la guerra se prolonga, el Ejecutivo ya ha advertido que no descarta elevar la inversión y ampliar las medidas.

En las semanas que vienen, la política nacional y la economía real en Galicia y el resto de España medirán si el escudo anunciado consigue enfriar la inflación energética o si, por el contrario, precisa de ajustes y recursos adicionales. La foto oficial de la rueda de prensa no ocultó la tensión interna del Gobierno; los próximos pasos marcarán si se convierte en una respuesta duradera o en un parche temporal ante una crisis que viene de fuera pero que golpea con fuerza aquí dentro.