El Gobierno eleva la presión sobre la Junta de Andalucía para que convoque una junta general extraordinaria de la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja en Sevilla después de la imputación del gerente por contratos vinculados a la Federación Española de Fútbol. La petición se produce en los días posteriores a la difusión del auto judicial y del informe de la UCO que señalan irregularidades en los procesos de contratación durante la etapa previa a la Eurocopa, y responde a la creciente preocupación por la gestión del recinto. La iniciativa parte de la Diputación de Sevilla y se suma ahora Patrimonio del Estado, mientras el Ejecutivo central traslada el caso a la presidencia de la sociedad para que adopte decisiones.

La Diputación de Sevilla, accionista con un 15,2% del capital, ya ha solicitado formalmente la convocatoria y fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que Patrimonio del Estado, que posee otro 30%, también se adherirá a la petición. El objetivo es que el consejo de administración analice las conclusiones del informe policial y el auto de la jueza instructora que aprecian irregularidades en expedientes y contratos. Entre las anomalías señaladas se indica que se iniciaron obras antes de tramitar los procesos de licitación y antes de que Sevilla fuera designada sede de la Eurocopa prevista para 2020 y celebrada finalmente en 2021.

En el centro de la investigación figura el gerente imputado, Daniel Oviedo, por su papel en los acuerdos con la Federación Española de Fútbol durante el periodo en el que la asociación estuvo encabezada por Luis Rubiales. La imputación se enmarca en la investigación abierta sobre varios contratos y decisiones administrativas que ahora están siendo escrutadas por la UCO y la magistrada instructora. La petición de una junta extraordinaria pretende arrojar luz sobre responsabilidades y decisiones adoptadas por la sociedad gestora del estadio en aquellos años.

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No obstante, ni la Diputación ni Patrimonio pueden forzar por sí solos la convocatoria del consejo. Según los estatutos de la sociedad, la facultad de llamar a la reunión corresponde a la presidencia, cargo que ostenta la Junta de Andalucía como accionista mayoritario con el 35% del capital y que, en la práctica, marca el calendario de los órganos de gobierno. Los estatutos recogen que el consejo se reunirá cuando lo exija el interés social y, como mínimo, una vez por trimestre, pero la iniciativa de la convocatoria depende formalmente del presidente o, en su defecto, de los mecanismos fijados para la sustitución.

La respuesta inicial de la Junta de Andalucía ha sido de cautela. La administración autonómica ha subrayado que la gerencia del Estadio de la Cartuja no es un cargo dependiente de la Junta sino una figura nombrada por el consejo de administración de la sociedad gestora, en la que están representadas varias instituciones. En su primer pronunciamiento tras conocerse el auto y el informe, la consejera portavoz Carolina España explicó que todavía se están valorando los documentos y los hechos antes de adoptar cualquier decisión al respecto.

Fuentes consultadas por este diario añaden que, pese a la presión política y mediática, la Junta prefiere analizar con detenimiento el alcance del auto judicial y las pruebas aportadas por la UCO para evitar decisiones precipitadas que pudieran vulnerar el procedimiento judicial o las competencias de otros accionistas. Sin embargo, la insistencia de la Diputación y la implicación de Patrimonio del Estado aumentan la presión pública para que se convoque cuanto antes la junta extraordinaria y se depuren responsabilidades.

El Estadio de la Cartuja, escenario de la final de la Copa del Rey y de varios grandes eventos deportivos y culturales, es una pieza central en la gestión de infraestructuras deportivas en Andalucía, y cualquier cambio en su dirección podría afectar a la programación de eventos. Los accionistas reclaman claridad sobre los contratos cuestionados y sobre las decisiones que llevaron a la apertura de expedientes sin la tramitación previa exigida por la ley. La convocatoria de un consejo extraordinario se plantea como el foro para pedir explicaciones y, en su caso, adoptar medidas orgánicas o de control.

La investigación sobre los contratos entre la sociedad gestora del estadio y la Federación forma parte de una causa más amplia que indaga en la gestión de acuerdos suscritos durante la presidencia de la RFEF y que ha provocado ya otras actuaciones judiciales y administrativas. A la espera de que la Junta decida si ejerce su prerrogativa de convocar la junta general, el caso avanza con la combinación de presiones institucionales, el seguimiento de la UCO y la atención de la opinión pública sobre la transparencia en la gestión de un recinto emblemático para Sevilla.