El Consejo de Ministros ha aprobado este 10 de marzo de 2026 un real decreto que amplía el acceso a la sanidad pública para personas inmigrantes en situación irregular en toda España. La norma, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, elimina requisitos que hasta ahora impedían la atención a parte de este colectivo y regula un procedimiento ágil para garantizar la asistencia inmediata. El objetivo declarado es cerrar lagunas administrativas que dejaban a algunas personas sin cobertura pese a la recuperación de la universalidad sanitaria iniciada por el Gobierno anterior. La medida se presentará como una respuesta para evitar exclusiones por falta de documentación o pruebas de residencia.

La principal novedad es que el derecho a asistencia sanitaria se podrá acreditar mediante una declaración responsable del propio solicitante, en la que deberá afirmar que no tiene cobertura por otra vía, que no se le puede aplicar un derecho exportable desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su atención. Esa fórmula sustituye a exigencias más rígidas que exigían demostrar una residencia previa de tres meses, lo que en la práctica dejaba fuera a personas en situaciones de alta movilidad o sin posibilidad de acreditar empadronamiento con rapidez.

Aunque el empadronamiento seguirá siendo el documento preferente para acreditar residencia, el real decreto amplía los medios de prueba admitidos para facilitar el acceso. Entre ellos figuran certificados de escolarización en centros públicos, informes de los servicios sociales, facturas de suministros como luz o agua, recibos de telefonía o internet y documentos de inscripción consular. La intención del Ejecutivo es que la pluralidad de pruebas reduzca los obstáculos burocráticos y permita tramitar solicitudes desde distintos puntos de la Administración.

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Para evitar interrupciones en la atención, la normativa obliga a emitir en el mismo momento de la petición un documento provisional que permitirá el acceso inmediato a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos y será válido en todas las comunidades autónomas. La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente y remitir la tarjeta sanitaria definitiva; si transcurre ese plazo sin respuesta, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo. Ese mecanismo busca homogeneizar criterios entre las comunidades y dar seguridad jurídica tanto a usuarios como a profesionales sanitarios.

Una vez reconocido el derecho, el acceso a la atención no caduca mientras la persona no obtenga cobertura por otro medio, según recoge el texto. Además, la norma precisa que las administraciones competentes deben iniciar de oficio el procedimiento cuando el solicitante no pueda hacerlo en el momento de la atención, de modo que la falta de recursos o de información no sea un freno para recibir asistencia sanitaria básica.

El real decreto incorpora también medidas concretas para colectivos vulnerables, con la idea de garantizar un acceso inmediato y efectivo a la atención en situaciones de especial riesgo. El Ejecutivo subraya la necesidad de evitar discontinuidades en tratamientos crónicos, en cuidados prenatales y en la atención a menores, y plantea un marco que permita la continuidad asistencial mientras se resuelven los trámites administrativos.

En la presentación del paquete normativo, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la medida como un paso decisivo para materializar la universalidad del sistema y reducir la desigualdad en el acceso a la salud. García insistió en que la reforma no solo protege derechos individuales sino que también mejora la salud pública al facilitar la detección y el tratamiento precoz de enfermedades que pueden afectar a la población en general.

La reforma llega tras la restitución de la universalidad por parte del Gobierno en mandatos previos, una política que sustituyó las restricciones aplicadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que, según el actual gabinete, aún dejaba vacíos legales. Con este real decreto el Gobierno pretende cerrar esos huecos y ofrecer un marco uniforme en todo el territorio, aunque la aplicación práctica dependerá de la coordinación con las comunidades autónomas y de la agilización de los trámites administrativos en los centros de salud y hospitales.

Los sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de migrantes llevan años reclamando medidas de este tipo para evitar exclusiones en la atención sanitaria. Ahora queda por ver cómo se implementa la norma en la red asistencial y qué respuesta ofrecerán las autonomías, donde la prestación sanitaria es competencia transferida y donde ya existen diferencias en la gestión de la cobertura a personas en situación irregular.